Un informe titulado “Running in Circles”, publicado el primero de diciembre por el Citizen Lab, laboratorio de investigación de la Universidad de Toronto, advierte que en al menos 25 países los Estados ejecutan tareas de espionaje sobre la telefonía celular de la población. Las mismas son llevadas adelante por contratación de la empresa de vigilancia Circles, fundada en Estados Unidos, adquirida luego por el grupo de inversión Francisco Partners en 2014 y posteriormente fusionada al NSO Group, empresa israelí desarrolladora del spyware Pegasus.

Espionaje estatal, Circles y NSO Group

Vale recordar. NSO Group ha sido fuente de innumerables papers, informes, denuncias y críticas. En su página web, la empresa se postula bajo el lema “Ayudando a los gobiernos a mantener la seguridad pública”. NSO reconoce así abiertamente el desarrollo de software espía y de vigilancia para “ayudar a las agencias gubernamentales a prevenir e investigar el terrorismo y el crimen”. Claro está que, en manos de los gobiernos capitalistas que han utilizado el fantasma del ‘terrorismo’ como un ariete contra la movilización popular y la organización de las masas, el software de espionaje constituye una enorme intromisión sobre la información privada, las llamadas, los mensajes y hasta la ubicación de activistas, militantes, organizaciones sociales, sindicales y políticas. En algunos países, donde este argumento ha cobrado carácter jurídico con la aprobación de las denominadas “leyes antiterroristas” –como la que rige desde 2011 en Argentina-, la estructura del control y la vigilancia del Estado han cobrado una enorme dimensión.

Uno de estos casos es el de Chile. En 1984, la dictadura de Pinochet aprobó una ley de esta índole que reformas mediante sigue aún vigente, y que ha servido para reprimir, perseguir y judicializar desde entonces. El informe del Citizen Lab revela que Carabineros había contratado los servicios de Circle incluso antes del estallido de la rebelión chilena, entre 2017 y 2018, interceptando llamadas, chats de Whatsapp y Telegram de periodistas, haciendo lo propio también con dirigentes mapuches a fines de utilizar sus conversaciones privadas (e ilegalmente interceptadas) como pruebas en su contra que justifiquen detenciones y arrestos.

Por su parte, otro caso emblemático en América Latina es el de México, donde la cuestión del espionaje cobra una relevancia singular por ser un país con un nutrido historial al respecto. El informe se hace eco incluso de que el Estado mexicano ya había utilizado los servicios del mencionado spyware Pegasus, desarrollado por NSO, por lo cual el expresidente Peña Nieto quedó en su debido momento en el ojo de la tormenta. Se constató al respecto que desde 2011, México desembolsó al menos US$ 80 millones en el software de espionaje de la empresa israelí. Las víctimas fueron desde periodistas reconocidos tales como Carmen Aristegui, quien reveló que la lujosa mansión en la que vivía Angélica Rivera, exesposa de Peña Nieto, pertenecía a una de las principales contratistas ligadas a la obra pública en el país, los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o hasta una abogada estadounidense que representó a las mujeres violadas, torturadas y vejadas por la policía en operativos como el de Atenco en 2006. Ahora bien, López Obrador, quien sufrió espionaje en su contra en la carrera presidencial de 2018 por parte de la campaña de Peña Nieto, prometió entonces acabar con estas prácticas en el país. Sin embargo, el informe del Citizen Lab detalla que ya bajo su gestión, muchas direcciones IP involucradas en espionaje devuelven certificados compatibles con la página web de la Secretaría de Marina.

Violación de la privacidad y capitalismo

Los países involucrados en la vigilancia ilegal se esparcen, saliendo de América Latina, por todo el globo. Pero claro está que la investigación revela únicamente los casos que salpican a los gobiernos contratantes de Circles y el NSO Group. El espionaje, la vigilancia, la recopilación y utilización de datos privados de forma ilegal van mucho más allá incluso de lo que se pueda tener al momento un pleno conocimiento, dado el secretismo con el que operan las empresas y los Estados que los congenian para evitar el escarnio público. Basta con mencionar en el corto plazo el “escándalo Facebook”, que reveló en el año 2018 la comercialización secreta de informaciones privadas de millones de usuarios por parte del monopolio de homónimo nombre, el mismo que hoy ostenta también Instagram y Whatsapp, a la consultora Cambridge Analytica.

Lo que el “Facebook-gate” destapó fue una verdadera red de operación detrás del mundillo digital y de las redes sociales. Un informe del Channel 4 del Reino Unido iba a poner en jaque al CEO de la consultora Cambridge Analytica, Alexander Nix, quien se jactaba abiertamente ante una cámara oculta de haber trabajado en campañas políticas exitosas y ofrecer sus servicios. El método es tan simple como tenebroso: con la recopilación de información tanto pública como privada, incluida la intromisión a las conversaciones de los usuarios, Cambridge Analytica determinaba mediante un sistema automatizado un determinado perfil para cada uno de ellos. De esa manera, devolvía en forma de anuncios, e incluso de fake news, mensajes que captaran su atención, ateniéndose a sus preocupaciones, sus gustos, sus particularidades.

Pero las fechorías de consultoras como esta no se detienen ahí. Según las propias palabras de Nix, sin saber en aquel entonces que era registrado por una cámara, su carta de servicios no sólo se limita al espionaje y la manipulación masiva de informaciones, sino también la posibilidad de seguir de cerca a los rivales políticos, incluso fotografiarlos en situaciones adversas, u organizar campañas de difamación. Y sobre este punto aparece un elemento clave: empresas como esta suelen operar muchas veces detrás de los ejércitos de “trolls” o cuentas automatizadas de las redes sociales, que hostigan o reivindican a determinadas cuentas dependiendo cuál sea la camarilla política que las contrate.

Este es un hecho tan viejo como conocido. Un informe del Oxford Internet Institute publicado en 2017 titulado “Troop Trolls and Troublemakers” señala, entre otros casos, que en nuestro país ya por el año 2012 el kirchnerismo utilizaba el mecanismo de las cuentas automatizadas en Twitter para dar ‘retweets’ de forma masiva, y pone como ejemplo sobre la utilización de ‘trolls’ al posterior gobierno del expresidente Mauricio Macri. El escándalo fue más lejos que estos estudios, pues finalmente se cercioró que distintos ejecutivos de Cambridge Analytica mantuvieron reuniones con Marcos Peña en 2015, previo a las elecciones presidenciales, y en 2017, previo a las elecciones legislativas. Como si no fuese suficiente, luego se reveló a su turno que el propio Nix en persona fue padrino de la fundación PRO Alvear, al igual que el propio Macri, al igual también que Juan Pepa, amigo y exsocio de Nix entre 2007 y 2010 en la empresa Ruborosa Ltd., que se dedicaba a… las “comunicaciones estratégicas”.

Una cuestión de la que mucho se habla en los días que corren es de la alevosidad con que los usuarios de las redes sociales reciben cada vez más publicidades sobre exactamente las mismas cosas de las que conversaron en sus chats, llamadas telefónicas o que consultaron en algún motor de búsqueda, fundamentalmente Google. Todos estos hechos van desnudando una evidente vulneración de la privacidad sobre la telefonía móvil y las redes sociales, que es utilizada por los monopolios que ostentan desde los sistemas operativos que ejecutan los equipos hasta los servicios de mensajería para hacer sus propios negociados, incluso para venderle información o servicios de espionaje a sus Estados, que buscan reforzar el control y el amedrentamiento sobre las masas.

Una vez más, los maravillosos avances tecnológicos de nuestros tiempos entran en franca contradicción con el capitalismo. La tarea que nos plantea tamaña impunidad para el espionaje es superar a un régimen social edificado sobre los intereses privados de una clase social parasitaria, que se entromete libremente en las telecomunicaciones y la información privada de la población a fines de reproducir y maximizar sus ganancias, y conquistar con un gobierno de trabajadores el derecho a disfrutar y desarrollar aún más los avances de nuestra época con pleno resguardo de nuestra privacidad.