La gestión de Luis Puenzo al mando del INCAA, que acumula casi dos años sin modificar la matriz heredada de la gestión macrista para la asignación de fondos, finalmente dio a conocer un borrador de su propuesta de Plan de Fomento. Algo así como la Ley de presupuesto del organismo.

Para la presentación del borrador, Puenzo atendió el reclamo de actualización de “costo medio para película nacional” sugerido por la asociación de directores DAC, de la que forma parte. Dicha actualización impacta sobre todo el Plan de Fomento, puesto que las distintas vías de aplicación para subsidios refieren al costo medio como referencia. Pero el reconocimiento del atraso es tal, que hace estallar el plan.

El costo medio pasa de 25 a 92 millones de pesos. Para que la cantidad de películas que se producen por año se mantenga en los niveles de 2019, los ingresos al Fondo de Fomento deberían al menos cuadruplicarse, en momentos en los que las fuentes de inyección de dinero al fondo se encuentran golpeadas por el cierre de las salas, que aportan hasta un treinta por ciento del ingreso. La fuente que sostiene actualmente la conformación del fondo proviene de los recursos que genera el canon sobre la facturación de servicios de publicidad y multas que los medios de comunicación deben depositar al Enacom.

El “borrador” carece por completo de una estimación de cuáles serán los recursos disponibles para llevar adelante el Plan de Fomento, que aún proyectando la inflación sobre lo ingresado en 2019, arrojaría la necesidad de proceder a un ajuste sin precedentes en la cantidad de películas a producir. La presentación de un plan inviable por parte de la gestión Puenzo aparece como el recurso político para introducir otro borrador de la misma asociación, el de una nueva ley audiovisual que supuestamente lo haría viable.

El “proyecto” contiene un gravamen del 10% a todas las cadenas de distribución de materiales audiovisuales, con la salvedad de que estas podrían trasladarla a los precios de sus servicios, transfiriendo así el costo a los consumidores. Puenzo pretende que todas las concesiones impositivas establecidas por el gobierno a las OTT en el Plan de Contenidos argentinos sean pagadas por el pueblo. Pero estas empresas no están dispuestas a poner un peso ni a correr el riesgo de perder suscriptores por ser forzadas a encarecer su oferta.

Si sumamos a este cuadro que sobre la actual forma de financiamiento pesa una cláusula de caducidad que se ejecutaría en 2022, el impasse sobre el destino del financiamiento público de la producción audiovisual no puede ser mayor, y, particularmente, el de la producción independiente del formateo de los tanques norteamericanos del streaming que están detrás de su copamiento.

Ante la presente crisis, la mayoría de las asociaciones que nuclean a los realizadores independientes reducen sus planteos al sostenimiento del régimen actual, a través de la eliminación de la caducidad. Pero el esquema ya estalló y el cine independiente se encuentra ante el dilema de su desaparición o la adaptación total a la lógica mercantil impuesta por el Plan de Contenidos Argentinos.

Frente a esta situación es necesaria una deliberación amplia de todos los realizadores independientes de ficción y documental para poner en pie un planteo propio basado en el incremento del fondo a partir de un impuesto a las ganancias de las OTT, no al público; el establecimiento de una proporción no menor al cincuenta por ciento del total del fomento para la producción de documental digital y ficción digital de bajo presupuesto, con salarios de convenio garantizados para el equipo técnico y comités de evaluación electos por la comunidad audiovisual independiente, que establezcan criterios de interés artísticos, sociales, culturales y políticos libres de toda censura estatal o de mercado.