El 20 de septiembre, en el Centro Cultural Eugenio Virla de la Universidad Nacional de Tucumán, ante un auditorio de 200 personas, se hizo la presentación de la segunda edición de Palabra Viva, un libro de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA) que recopila textos de escritoras y escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado 1974/1983 y sus biografías.

Hubo un panel de seis personalidades y luego cuatro actores se encargaron de dar lecturas a una selección de textos contenidos en el libro. Si bien esta última parte fue de una alta emotividad, la parte más importante fue la intervención de los seis panelistas, cuyas posiciones polarizaron claramente dos puntos de vista antagónicos sobre la represión estatal.

Uno, sostenido por la vicerrectora de la UNT, Teresa Hernández, y por el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Alperovich, Daniel Posse, quienes reivindicaron la "política de la memoria" para que nunca más tengan lugar los horrores de la represión dictatorial, y en función de ello enumeraron los museos, parques y diversos escenarios que se han montado en la provincia y en la Universidad.

El otro fue defendido por Víctor Redondo, vicepresidente de la SEA, quien destacó que Palabra Viva no era sólo un medio para no olvidar a los escritores desaparecidos y a sus obras, sino también un medio para contribuir a la lucha para terminar con la impunidad. Puso de relieve toda la política de preservación del aparato represivo de la dictadura por parte de todos los gobiernos “democráticos”, denunció a esos aparatos como responsables de la desaparición de Julio López, y a la política del gobierno de Kirchner como encubridora de esos aparatos. Víctor Redondo hizo un crudo análisis de la política represiva del actual gobierno a las luchas populares, la militarización de Santa Cruz, planteando en tal sentido que la lucha continuaba por el juicio y castigo, por el desmantelamiento de los aparatos represivos, por la aparición con vida de Julio López.

Víctor Redondo les dio una lección a los funcionarios panelistas que forman parte de gobiernos, como el de la UNT o el de Alperovich, que tienen como base una política de reforzamiento de los aparatos represivos y de regimentación e incluso represión de toda expresión independiente de lucha de las masas.