Con el objetivo primordial de que el proyecto de presupuesto y la ley impositiva de la provincia tomen estado parlamentario, el peronismo convocó una nueva sesión de diputados el 12 de noviembre. Frente a un orden del día que carecía de temas de mayor relevancia, el oficialismo reunió el día previo y de forma conjunta las dos comisiones que aún debían tratar la Ley Audiovisual bonaerense (presupuesto y asuntos constitucionales), para buscar su aprobación con mayoría simple.

En el tratamiento de comisiones, el bloque de Unión x la Patria defendió una aprobación sin modificaciones del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, sin tomar en cuenta ni los planteos del sector audiovisual que asistió a una reunión informativa de la comisión de cultura, ni de varios bloques opositores que presentamos despachos de minoría para aprobar la ley con modificaciones. Los diputados oficialistas y funcionarios que participaron en las comisiones se cansaron de decir que “no había posibilidad de modificar el texto”, aludiendo que antes de la presentación del texto final hubo más de 40 anteproyectos, del cual muchos sectores no fueron parte de su discusión. 

Finalmente, a minutos del comienzo de la sesión, el oficialismo pactó modificaciones con uno de los bloques radicales, cambiando cuestiones de fondo del proyecto. Con el voto favorable del oficialismo (37 diputados) y del bloque “Acuerdo cívico – UCR+GEN” (7 diputados), el proyecto recibió media sanción.

Cambios de último momento a un proyecto que ya era limitado

El proyecto, que el gobernador había presentado en junio de 2023, ya tenía límites muy claros. Para comenzar, crea un fondo de fomento para la producción audiovisual de tan solo 675 millones de pesos. Distintos representantes del sector calificaron este monto como insuficiente, señalando que por los costos de producción la totalidad del fondo podría ser tan solo una película.

También crea un Consejo Provincial de la producción audiovisual. Muchos medios, en general ligados al oficialismo, lo quisieron presentar como “el INCAA bonaerense”, pero de verdad no tiene nada que ver. La autoridad de aplicación de la Ley es el Instituto Cultural, hoy en manos de Saintout, quien se reserva el derecho de aplicar el fomento e incluso de elegir por concurso a los miembros del Consejo Provincial, que tiene un carácter meramente asesor. Los integrantes del Consejo serían representantes de distintos sectores de la producción, pero en todos los casos tendrán un trabajo adhonorem, en un intento por evitar la crítica libertaria de que “se agranda el Estado con nuevos cargos”. ¿Qué trabajo real para fomentar la cultura podrá hacer un consejo asesor con miembros que no perciban ningún ingreso para hacer su trabajo? ¿Pueden representantes de las productoras independientes dedicar tiempo a ese trabajo sin salario, o quedarán reservados esos lugares para representantes de las grandes productoras que sí puedan bancarlo y de esa forma pujar para su propio beneficio?

El proyecto también crea un registro único de la actividad audiovisual, establece la obligación a personas físicas y jurídicas de figurar allí para acceder a los beneficios del proyecto, y crea un Archivo Audiovisual para investigación, conservación, digitalización, protección y difusión de las producciones realizadas en la provincia. También enuncia una supuesta contribución a la difusión y promoción de las producciones que impulsa la ley, aunque no se establece cuáles serían las políticas concretas para lograrlo, como podría ser el establecimiento de una cuota de pantalla en los cines bonaerenses.

En el texto final, los puntos mencionados se mantuvieron pero con agregados que modifican cuestiones de fondo al proyecto, abriendo la puerta a que las grandes productoras nacionales y extranjeras se apropien de los pocos recursos que se establecen con esta ley, cuestión que no estaba contemplada de esa forma en el limitado proyecto original. Estas modificaciones, expresadas especialmente en los artículos 3°, 6° y 16°, promueven “estímulos a inversiones del resto del país y a la inversión extranjera”, contemplando esquemas de reintegro de hasta 40% de las inversiones y esquemas de exenciones impositivas.

En torno al fondo de fomento, que se sostuvo en 675 millones de pesos, no se establecen porcentajes para su reparto a los distintos sectores, quedando a discreción de la autoridad de aplicación. En ese sentido, si el instituto cultural quisiera, el 100% del monto podría estar dirigido a financiar los estímulos a las inversiones extranjeras de las multinacionales como Netflix, dejando a las productoras independientes sin ninguna línea de financiamiento. Finalmente, como reconocieran algunos funcionarios oficialistas, estamos frente a una suerte de Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) destinado al sector audiovisual, aunque, digamos todo, con un presupuesto mísero. Este camino de exenciones a las grandes productoras extranjeras lo inició el gobierno de Alberto Fernández con el Plan de Contenidos Argentinos, que pavimentó el vaciamiento del Incaa que hoy ejecuta Milei

Las propuestas del Frente de Izquierda

La bancada del Frente de Izquierda, con Guillermo Kane del Partido Obrero como integrante de la Comisión de Cultura, fue parte del debate del proyecto. Dicha comisión recibió a representantes del sector, muchos de los cuales fueron muy críticos del proyecto oficial y plantearon modificaciones. El Foro Audiovisual Bonaerense, por ejemplo, planteó lo limitado del monto, la cuestión de que el consejo era solamente asesor, entre otros puntos de reclamo que no fueron atendidos en el texto final que recibió media sanción.

Luego del debate en la comisión, nuestra bancada presentó un despacho de minoría atendiendo buena parte de los reclamos del sector e integrando otros puntos, que no fueron tenidos en cuenta en el texto final pactado por el peronismo y el radicalismo. Entre ellos se establecía que el fondo de fomento fuera equivalente al 30% del presupuesto de los fondos de fomento del INCAA, teniendo en cuenta que la provincia representa el 30% del PBI nacional y alberga a más del 38% de la población. También se establecía un Comité de Aplicación de la Ley Audiovisual, resolutivo en todo lo que hace a la normativa de la ley, incluyendo la asignación de los fondos de fomento. Este comité, en nuestra propuesta, contaría con mayoría de representantes del sector, electos por el padrón que naturalmente genera el Registro Audiovisual Bonaerense que el mismo proyecto establece.

En la propuesta del PO-FITU, el Comité de Aplicación debe constituir los comités de evaluación para seleccionar los proyectos beneficiarios del fomento, al tiempo que establecería una división de la provincia en regiones culturales para asegurar una igualdad de condiciones para los aspirantes y una mejor distribución de los fondos. También incluimos un artículo estableciendo plenos derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras que participen de los proyectos impulsados por el plan de fomento, un artículo estableciendo cuota de pantalla y otros mecanismos de difusión, y un artículo que establece una inversión anual de entre un 5 y un 15% del fondo destinado a la compra de equipamientos y materiales necesarios para las producciones, con el fin de abaratar los costos de las producciones y que pueda ampliarse año a año el plan de fomento por esa vía.

Algunas conclusiones finales

Como señaló el diputado Guillermo Kane, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda arribó a la sesión “con expectativas de apoyar un proyecto que diera un paso adelante para el fomento a la cultura”, incluso cuando ese proyecto tuviera los límites que le señalamos al texto original del Ejecutivo. Sin embargo, los cambios realizados a último momento corrieron el eje del proyecto, transformándolo en un esquema de beneficios para la gran industria audiovisual nacional y extranjera, dejando virtualmente afuera a las productoras independientes y a los trabajadores del sector.

Como bien lo expresamos en el debate en la comisión, nuestro planteo es el de establecer un impuesto progresivo al gran capital del sector para financiar un fondo de fomento que sea un factor para el desarrollo artístico, la producción, la difusión y el acceso a la cultura en general, y al audiovisual en este caso particular. Las modificaciones introducidas en el acuerdo entre el peronismo y el radicalismo van en el sentido completamente opuesto, y buscan garantizar ganancias cada vez más grandes a las empresas como Netflix, Disney, Amazon, etc. Es, en definitiva, el mismo camino que sigue la transformación del INCAA bajo la tutela del gobierno nacional de Milei, donde el fondo de fomento es cada vez más destinado a las grandes corporaciones.

En el cambio sustancial del proyecto es que se fundamenta la abstención de nuestra bancada en la votación. Al mismo tiempo, señalamos que lo sucedido en la Ley Audiovisual va en la misma línea que lo que pretende el gobernador con el presupuesto y la ley impositiva. Esta última ratifica grandes beneficios tributarios para las grandes empresas, mientras el pueblo bonaerense paga el ajuste con rebajas salariales y una estructura impositiva regresiva. Para garantizar las necesidades populares, como el fomento y el acceso a la cultura, tenemos que ir por las grandes riquezas de la provincia, lo que implica una transformación social que reclama la movilización y la lucha de los trabajadores.

Tras la condena a Cristina, Solano declaró que “la persecución no niega la corrupción, ni la corrupción niega la persecución”

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