Antes del “mini-Davos”, Mauricio Macri y Pablo Avelluto (titular de Cultura), junto a nueve gobernadores y veintitrés ministros de Cultura provinciales, lanzaron el proyecto de “Ley de Mecenazgo”. Entre los mandatarios provinciales presentes estuvieron el formoseño Gildo Insfrán, el salteño Juan Manuel Urtubey y el tucumano Juan Manzur, hasta hace muy poco fervientes kirchneristas y espadachines de la “batalla cultural”.

 

La propuesta tiene su antecedente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ley permite que se pueda descargar hasta el 10% de Ingresos Brutos en aportes a “proyectos culturales”, una medida saludada por los capitalistas de la cultura: “Instituciones como el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Proa, son algunos de los más reconocidos receptores de esos fondos” (El Cronista, 15/4/15).

 

La ley, acompañada por todo el arco político patronal y sobre todo por el justicialismo, incrementa los beneficios otorgados en la Ciudad y “propone a las empresas financiar proyectos culturales sin fines de lucro y, a cambio, ofrece una importante reducción en el impuesto a las ganancias sobre las utilidades en el ejercicio contable del año anterior. Ese descuento sería del 50% para proyectos a realizar en la ciudad de Buenos Aires; del 80% si son en el resto del país, y del 90% si se trata de iniciativas para zonas vulnerables o vinculadas a bienes patrimoniales…” (La Nación, 13/09).

 

El proyecto fue redactado por Juan Manuel Beati, el funcionario que llevó adelante el mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires y que actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Mecenazgo. Tiene por objetivo, según Avelluto, financiar “dos mil proyectos por un millón de pesos cada uno promedio” (ídem). Los “benefactores” podrán depositar directamente sus “aportes” en las cuentas de los emprendimientos culturales, sin control de parte de los organismos estatales. Un premio con todas las letras a los evasores.

 

Ese mismo diario señala que la ley promoverá la libre circulación de capitales en el mercado del arte. El kirchnerismo había avanzado en ese sentido por medio de su director de Artes Visuales, Andrés Duprat, puesto por el macrismo al frente del Museo Nacional de Bellas Artes. 

 

Así continúan lo comenzado durante el menemato, cuando Cristina del Campo y Ruth Benzacar, de Christie’s, desarrollaron un proyecto parecido al que ahora se presenta a debate legislativo.

 

De esta manera, el llamado “mecenazgo”, además de permitir la circulación de capitales sucios procedentes de la evasión y de diversos tráficos ilegales, hará que la producción cultural quede en manos de pulpos empresariales como los de Fortabat o Costantini, a su vez piezas menores en el ajedrez movido por Christie’s o Sotheby´s, los grandes marchantes internacionales de contrabando de obras de arte y blanqueo de dinero. 

 

He ahí la “democratización de la cultura” pregonada al asumir por el ministro Avelluto: grandes negocios y blanqueo de plata sucia. Lejos de “democratizarse”, la producción artística se verá con esto más sometida aún a la dictadura de las galerías, de los grandes comerciantes del arte y de los pulpos imperialistas.

 

Esta perspectiva privatizadora exige que se le contraponga un programa: no a la Ley de Mecenazgo; por la gestión estatal de la cultura bajo control de los trabajadores y sus beneficiarios; por un impuesto progresivo a las grandes fortunas que financie la gratuidad de las producciones artísticas y de las creaciones culturales.