El proyecto de la ley nacional de la música entró finalmente en el Senado nacional, con la firma de los senadores K Calcagno, Filmus y Pichetto. Apoyado por distintas organizaciones de músicos (la UMI es la autora intelectual) y empresarios, ha provocado expectativas, pues ha sido presentado como una solución a la creciente imposibilidad de los músicos para entrar en el circuito comercial.
Esta clase de proyectos no son un invento argentino: ya se aplican y/o se han presentado actualmente en varios países. Con argumentos como “promover” la música respetando lo “autóctono o nacional” y abrir posibilidades a sectores “postergados”, finalmente actúan para beneficiar fundamentalmente a empresarios de la música, que a su vez reclaman subsidios aduciendo merma en sus ingresos por “la piratería”.

La industria de la música reclama estar a la misma altura que otras ramas productivas del capitalismo, con subsidios y exenciones impositivas, pero amparándose con el tan consabido paraguas de “bien cultural”.

Pero en Argentina, lejos de estar en quiebra, esta industria ha provocado en los últimos años un crecimiento significativo en sus ganancias.

Sin embargo, la situación de los músicos no ha hecho otra cosa que empeorar. A la falta de trabajo y cierre de lugares para tocar, se suma el negreo y precariedad laboral habitual por parte de los empresarios de la cultura.

Como todo proyecto de ley, la clave es quién lo dirige, quién determina los subsidios y cómo se financia.

La ley contempla la creación de un Instituto Nacional de la Música (Inamu), que tendrá un director general designado por el gobierno y un comité representativo integrado por funcionarios gubernamentales, más “las entidades que, con personería jurídica o gremial, representen a los sectores de la actividad musical nacional: un representante de los autores y compositores, un representante de los intérpretes, dos representantes de los productores fonográficos nacionales -de los cuales uno de ellos deberá ser productor fonográfico independiente nacional-, un representante de la enseñanza musical de carácter público, un representante de la enseñanza musical de carácter privado, dos músicos nacionales registrados independientes, un representante de los espacios donde se ejecuta música en vivo, un representante de productores de eventos musicales, y un representante de asociaciones sindicales. Una de sus principales funciones será “constituirse en comité evaluador de los proyectos que respondan a convocatorias nacionales para subsidios”.

La injerencia de los empresarios de la música es la clave del proyecto, autodeterminándose subsidios y beneficios.
¿Y los músicos? La representación está diluida en la figura de “dos músicos nacionales registrados independientes” (seguramente elegidos a dedo y afines al gobierno ¿otra vez la Parodi?) y organizaciones como AADI y Sadaic, alejados de la defensa de los derechos de los músicos.

En cuanto al Sadem y la UMI, tendrían su lugar asegurado como representante sindical y productor fonográfico independiente, respectivamente. No podemos sentirnos representados por ninguna de estas organizaciones, que defienden la política de unidad con los empresarios y gobierno -fundamentando que “si les va bien a los industriales de la música, también a los músicos, pues tendremos más trabajo”. Cualquier similitud con los planteos del gobierno y Moyano saludando la prosperidad de la riqueza empresarial no es casual.

No se trata de oponernos a subsidios que puedan llegar a manos directas de los músicos: bienvenidos sean, pero aún así estarán condicionados a la participación en un circuito comercial monopolizado por pocas empresas, dueñas de los espacios para tocar, sellos para editar y medios de difusión (¿cuánto cuesta que pasen un canción en una radio como La Mega?). La Ley Nacional de la Música está hecha a medida de los empresarios del arte y de los gobiernos -estos últimos para avanzar en la regimentación de la actividad musical y para sacar una porción aún más grande de las ganancias que genera este negocio en el país. Por eso mismo no hay mención alguna sobre las condiciones negreras, los contratos basura y la precariedad a los cuales somos sometidos.

No es casual tampoco que, entre las funciones del Inamu, el proyecto diga que debe “elaborar políticas tendientes a erradicar las reproducciones ilícitas de fonogramas y/o videogramas y las comunicaciones digitales clandestinas o no autorizadas”. Salen en defensa de los derechos de autor, que ya no son de los artistas sino propiedad privada de las compañías que los poseen -la más de las veces con contratos leoninos, que dejan migajas a los creadores de la obra o evento musical. En momentos en que la tecnología permite acceder directamente a contenidos artísticos -los cuales en el pasado eran inalcanzables-, la salida planteada va en beneficio sólo de las grandes compañías monopólicas, dueñas de la industria de la música.

Finalmente, el presupuesto de esta ley está atado al presupuesto general que tendrá la Ley de Medios (2% de su total).

La única manera de que haya un instituto que realmente nos beneficie, es que éste sea administrado por un órgano con una mayoría de representantes de músicos independientes votados democráticamente en asambleas, que decida cómo administrar y a quién hay que darle los subsidios. El camino que debemos seguir no es otro que el de la independencia de los gobiernos y de las patronales.