Las asociaciones de documentalistas, los realizadores y técnicos del sector que vienen reclamando a la gestión del INCAA una serie de medidas para la defensa de la continuidad de una producción que fuera conquistada por su lucha allá por el año 2006, volverán a movilizarse a las puertas del instituto el próximo martes.

El lanzamiento de los lineamientos generales del próximo Plan de Fomento presentado por Alejandro Cacetta en septiembre pasado –que constituye una reorganización de la distribución de subsidios en beneficio del gran capital de la industria– en materia de documentales ratificó la continuidad de una vía de subsidios aunque sin aumentos, y advirtió que los comité de evaluación de sus proyectos serán designados por su “Consejo Asesor”.

El anuncio ratificó una política que declaró la guerra a las asociaciones de documentalistas que reclaman la “modificación de la Resolución 982 vigente (y sus modificatorias) o cualquier nueva resolución que rija al cine documental a futuro, para que los comités de evaluación de proyectos estén integrados a propuesta de las asociaciones nacionales de documentalistas y la Red Argentina de Documentalistas (RAD)”.

Se trata, nada más y nada menos, de quién decide quién y qué se filma con presupuesto estatal; si los realizadores designados por las asociaciones que los nuclean o un Consejo adicto a la gestión de turno.

La política de la gestión tiene, entonces, un doble propósito: implementar mecanismos de censura ideológica e introducir un ajuste por la vía de una reducción de la cantidad de proyectos aprobados. Vale destacar, que los documentalistas que se movilizarán el martes fueron quienes designaron los miembros de los comité de evaluación desde 2006 a la fecha, los que garantizaron la aprobación de proyectos que señalaron la responsabilidad del Estado en la explotación y la represión de la mayoría del pueblo trabajador así como de minorías étnicas, sexuales, etc.

 A su vez, al “ajuste por cantidad” se adiciona el ajuste por inflación sobre los montos del subsidio al documental para los cuales no se anunciaron nuevos aumentos. Frente a esta situación los documentalistas reclaman “definir la incorporación de la vía digital (de documentales) al Plan, conservando sus actuales características- tanto productivas como financieras-, atando su monto al 10% del costo medio de película nacional”. El “costo medio de película nacional” es el valor de referencia que se utiliza para calcular la asignación de las distintas vías de subsidio, éste sí recibirá un aumento actualizando así todas las vías menos la de documentales. De este modo, los documentalistas rechazan un plan que los ajusta principalmente a ellos.

Desde el Ojo Obrero llamamos a toda la comunidad cinematográfica a acompañar este reclamo. A los estudiantes de cine, a los protagonistas de nuestras películas, a los trabajadores, al público en general. Se trata de una lucha por la libre expresión de un género necesario para luchar.

 

Nota de la Redacción: el autor de la nota, Julián Morcillo, fue director de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? y ex Jurado de Comité de Evaluación de Proyectos Documentales del INCAA