La conferencia de prensa brindada por la ministra de Cultura, Teresa Parodi, para presentar la Ley Federal de las Culturas no transcurrió en paz. “Una nutrida protesta y un duro petitorio presentaron en el Ministerio de Cultura de Nación más de 700 trabajadores (sobre un total de 1.700, según fuentes gremiales)” (Clarín 21/11). Reclaman pérdida de vacantes, designaciones a dedo, demoras en el pago de sueldos, contratos ‘basura', deterioro de los edificios, hacinamiento y maltrato a compañeros desplazados (Ídem).

Si dos meses atrás Parodi fue cuestionada por cobrar altas sumas por sus actuaciones en tiempos de Jorge Coscia, hoy lo son su secretario de Gestión Cultural, Sebastián Schonfeld (camporista), y la secretaria de Coordinación y Control de Gestión, Graciela Cazamajou. Schonfeld habría favorecido a consultoras privadas y, según señalaron fuentes a Clarín, sería socio de una de ellas.

La Ley Federal de las Culturas no es una novedad: ya fue proyectada desde el Primer Congreso de Cultura en Mar del Plata, en 2005, cuando era ministro del área José Nun. Ahora, los confusos 21 puntos presentados junto al borrador para la elaboración de la ley reiteran lo que fue y es la impronta de la política cultural K: “planificar políticas de financiamiento junto al sector privado” y “el fomento y desarrollo de las industrias culturales”. Al igual que las promesas de faraónicas obras en Cultura, esta iniciativa busca ser una pantalla en medio de la crisis.

Esta política de vaciamiento de lugares públicos para subsidiar la industria privada ha convivido con una inmensa caja manejada por funcionarios de La Cámpora para el desarrollo de grandes contrataciones y festivales, cuya función es la cooptación de artistas y propaganda del gobierno.

Es de destacar la presencia y el apoyo recibido por la ministra no sólo de Carta Abierta y reconocidos artistas, sino también de representantes de los principales sindicatos de artistas: la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín; el presidente de la Sade, Alejandro Vaccaro; el director del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris; Federico Prado, del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, y la bailarina y coreógrafa Mariela Ruggeri, coordinadora del área de danza del Centro Cultural de la Cooperación.

Es lo único que el gobierno ha podido exhibir claramente: que cuenta con esta dirigencia para implementar sus planes a contramano de los reclamos por los derechos de artistas y trabajadores de la cultura que se suman al proceso iniciado por los trabajadores para echar a la burocracia de los sindicatos.