Con la resolución 982, fechada el 5 de abril y publicada el lunes pasado, la presidenta del INCAA resolvió la disolución del Comité de Evaluación para proyectos documentales en digital conformada por representantes electos de seis asociaciones de directores, y dispone la creación de un comité digitado por la gestión. Establece un ajuste a través de cupos para la presentación de proyectos, recortando por lo tanto la cantidad de películas a realizar. Además, impone un arancel a la presentación de proyectos y crea un comité de visualización para comprobar que la obra realizada se ajuste al "guión" del proyecto presentado. Cada proyecto subsidiado contará con 18 meses para entregar la obra terminada. La resolución pretende que durante ese período el objeto del trabajo documental -la historia- permanezca inmutable. Así como la mirada que el sujeto creador pose sobre él. De no ser así, el documentalista será penado con la retención de la última cuota del subsidio hasta presentar la "corrección" que volverá a evaluar ese mismo comité. De no darse conformidad a la "corrección", el terco documentalista deberá devolver la totalidad del subsidio. ¿Stalinismo? No, señor. Esta aberración para la creación documental se ampara en sus considerandos en la aplicación de la Ley 26522, conocida popularmente como "ley de medios", la de la "democratización de la palabra".

¿Quién mató a la 632?

La resolución 632, luego 1023 o vía digital para documental dejada sin efecto con esta sanción, no fue el resultado de la aplicación de las leyes de "pluralidad de voces", sino que fue conquistada por la lucha de los documentalistas, sobre todo de los asociados en Doca en 2007. Logró quebrar las restricciones exigidas por la ley de cine, que obligaba a la presentación de antecedentes y asociación con productores privados, un lobby cerrado de parásitos del presupuesto. Abrió el acceso a la producción a cientos de realizadores independientes y sostuvo el funcionamiento del único comité de evaluación autónomo de las designaciones de la gestión. Significó la posibilidad de obtener recursos para la producción a una gran cantidad de documentales independientes, sobre los cuales no cayó durante su producción el peso de la censura.

Desde la gestión, la tentativa de liquidar esta vía no es nueva. Con una inflación galopante, mantuvo congelados los montos de los subsidios desde hace más de dos años. Sin embargo, su concurrencia no cayó nunca -prueba de las garantías que ofrece un jurado autónomo- y hasta su producción aumentó en calidad.

La resolución 982 que liquida esta conquista tiene la marca de La Cámpora. Chocó con (casi) todas las asociaciones nacionales de directores. Produjo la reacción conjunta en comunicados y la convocatoria de Doca a movilizar a la puerta del INCAA.

Luchar por su derogación

Luego de evaluar la reacción, la gestión ofreció una reunión impulsada desde la asociación más cercana a la gerencia de Acción Federal dominada por La Cámpora. Pretenden cambiar el reclamo de derogación por la "revisión" de la resolución, con la condición del ingreso de jurados "federales" reclutados por funcionarios de esa gerencia.

Desde el Ojo Obrero llamamos a todos los documentalistas independientes, de Doca y de las demás asociaciones a defender y profundizar las libertades que hemos conquistado planteando la derogación inmediata y sin condiciones de la resolución 982.