Alex Nicolaev conocido como “Elgio” en el ambiente del rap recibió a fines de febrero la notificación por parte de la Audiencia Nacional de España de una condena a seis meses de prisión junto al resto de los integrantes del colectivo de rap “La Insurgencia”. Al igual que a Pablo Hasél se lo acusa de “enaltecimiento al terrorismo” por el contenido de algunas de sus canciones.

En la resolución, la Audiencia Nacional acuerda suspender la entrada efectiva en prisión del rapero al no tener antecedentes y tener una pena menor a los dos años de prisión. Sin embargo, esto está supeditado a la condición de que durante los próximos años no cometa ningún tipo de “delito”. Esta sentencia a Elgio deja en evidencia que la persecución a los artistas continúa bajo el gobierno de PSOE-Podemos. Son decenas y decenas los que han sido condenados por delitos de opinión en los últimos años.

El colectivo La Insurgencia, al que pertenece Elgio, aborda en sus letras cuestiones como los desalojos y la violencia policial. La justicia los acusa de defender en ellas a la organización Grapo, que es considerada terrorista por el Estado español. Frente a la persecución judicial, Elgio respondió con una canción (“Riesgo abstracto”) en la que asegura: “¿Violento yo? No, violencia fue Afganistán, violencia es Siria, violencia es Gaza, violencia es que mis impuestos esa mierda financian. Y encima no podemos ni contarlo porque ya vienen jueces a amordazarnos”.

La notificación de la sentencia a Elgio llegó luego de una semana consecutiva de protestas en España por el encarcelamiento de Pablo Hasél, quien comenzó a cumplir los nueve meses de prisión por “enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona”. Estas protestas han sido reprimidas desde el gobierno catalán y los Mossos d’Esquadra (policía catalana) e incluso el Consejero de Interior Miquel Samper del partido “Junts”  catalogó las protestas como “puro vandalismo”.

Sin embargo, la movilización en las calles no solo tienen de fondo la lucha por la libertad de expresión y la derogación de engendros represivos como la “ley mordaza” (que cercena el derecho de manifestación), sino también que son el reflejo de una España con altos índices de desempleo en la juventud. Según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en España el 40,7% de los jóvenes no tiene trabajo. También según el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España uno de cada cinco jóvenes que trabajan están bajo la línea de pobreza y solo dos de cada diez menores de 30 años ha podido irse de la casa de sus padres. Sobre esto último el mismo observatorio apunta que en Cataluña los elevados precios de alquiler representan el 119,6% del promedio salarial de la juventud.

Las movilizaciones han dejado en evidencia el cansancio con el régimen político de conjunto. Abajo la represión y la persecución del Estado español.