La crisis provocada por la pandemia agudizó los problemas que tenían los artistas callejeros y los trabajadores del arte a cargo de estudios de danza: ballet, tango, árabe y folklore, entre otros de nuestra provincia.

Antes de la pandemia, los artistas callejeros se manifestaron en muchas ocasiones, apoyados por un amplio sector de la población, contra las medidas represivas, disciplinamiento y persecución, avaladas por la ley de contravenciones de Salta. Los gobiernos respondían de esta manera a las quejas de la cámara de comercio y del turismo, que reclamaban que su actividad sea prohibida, en disputa por el control de los espacios públicos. Con la pandemia, la subsistencia de los artistas se pone en riesgo, ya que el ingreso obtenido de la colaboración de la población se encontraba en cuarentena.

A su turno, maestros y profesores que dirigen estudios de formación profesional y de recreación, dependen solo de los aportes mensuales de sus estudiantes para el pago de alquileres, la subsistencia propia y de su familia y para la capacitación constante en viajes de formación.

El aislamiento obligatorio generó el cierre de los estudios y de todas las actividades artísticas, poniendo de manifiesto la responsabilidad de estado en la vulnerabilidad económica de estos artistas. En primera instancia, se niega a reconocer a profesionales de la danza como trabajadores, al no garantizarles un salario mensual, ni pago de aportes jubilatorios, tampoco les brinda el acceso sin costo a teatros para sus presentaciones anuales. La mayoría de los maestros de danza fue arrastrada a inscribirse como monotributista, modo en que el Estado se desliga de su responsabilidad. En los últimos meses, sufrieron un golpe brutal por parte del gobierno nacional, que aumento los impuestos que debían pagar a la Afip, afectando sus únicas fuentes de ingreso.

Por el contrario, la prioridad de los gobiernos hasta la fecha fue aliarse con los grandes empresarios que lucran con el arte, para avanzar en la privatización de la cultura. De este modo consiguen ganancias extraordinarias, mientras los artistas son superexplotados por estos empresarios, al tiempo que, desmantelan el espacio cultural público. El mercado artístico le pone limite a la libertad creativa y la envasa según su necesidad para hacerla negocio. Quienes no siguen esos lineamientos son aislados de los circuitos artísticos.

El teatro provincial y la casa de la cultura se convirtieron en importantes cajas de ingreso para los empresarios que lucran con el arte, a través del uso de estos espacios para presentaciones de grupos musicales, cobrando costosas entradas, en perjuicio de los estudios de danza, a quienes les permiten el uso de los escenarios teatrales solo a través del cobro de sumas escandalosas para poder presentar allí sus producciones artísticas, restringiendo las capacidades de cientos de artistas de la provincia.

Desde el gobierno provincial no hubo ninguna política para los artistas y estudios de danza en medio de la cuarentena, al contrario lanzaron un concurso con premios , medida que fue rechazada ampliamente, porque significaba una provocación ante la grave crisis económica que golpea a los artistas, situación que no se resolvía con ganar un premio.

En Salta como en todo el país, el 29 de abril, día internacional de la danza, fue tendencia la consigna “Danza es trabajo”, en reclamo al Estado de una asistencia inmediata.

Sáenz se apresta a un rescate a través de subsidios y exenciones impositivas a empresarios del turismo que generaron grandes ganancias en la provincia utilizando a los artistas en su beneficio.

Es necesario rechazar el salvataje a los grandes empresarios. Por el contrario, los recursos del Estado deben dirigirse a garantizar, un subsidio de $30.000 para artistas callejeros, maestros y profesores de danza, mientras dure la cuarentena; además un subsidio para el pago de alquileres donde se desenvuelvan los estudios de danza y exención de impuestos.

Más de fondo, el Estado debe financiar todo tipo de actividad artística y cultural para que todas las expresiones artísticas puedan desarrollarse, sin importar su estilo, género, contenido o ideología; un salario igual a la canasta familiar, sumado a un plan de creación de centros culturales en toda las provincia, bajo control de los trabajadores del arte y la población, para que todos los niños, jóvenes y adultos, puedan acceder sin condicionamientos económicos a estos espacios.

Para llevar a cabo este plan, será necesario construir organizaciones de artistas, con independencia del estado, que tomen esta reivindicación central y desenvuelvan un programa de salida a los problemas planteados.