Cifras de todas partes del mundo develan que las mujeres ocupan de manera minoritaria la escena de los festivales del mundo. En Argentina la cifra de participación femenina en los festivales registrados ronda el 13,2%, mientras que la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) informa que solo el 18% de los discos físicos vendidos registrados son de mujeres. La disparidad se repite en toda Latinoamérica, pero Argentina devela los porcentajes más bajos de la región.

El proyecto de cupo femenino en festivales presentado en el Senado tuvo la virtud de exponer esta situación, temática que ha tomado relieve en los medios masivos. Las declaraciones del productor del Cosquín Rock, José Palazzo, dieron cuenta de que estos índices son certeros y de que nos encontramos ante un círculo vicioso: Palazzo espera programar bandas que sean lo suficientemente masivas para poder hacer un negocio millonario y, en la medida que al parecer menos mujeres o bandas mixtas tienen esa posición en el mercado, también las tendencias musicales y el consumo masivo no hacen más que reflejar lo establecido y el interés comercial de la misma industria. En ese sentido, imponer un cupo podría ayudar a romper este esquema, garantizando un avance de la participación femenina y así la formación de nuevas escuchas.

Como Músicas Organizadas queremos hacer nuestro aporte al debate, apoyando la necesidad de establecer un cupo femenino ante la disparidad laboral pero haciendo algunas observaciones. Este proyecto de ley no pudo debatirse, ya que el texto de la ley fue escrito, firmado por senadores y luego exhibido al conjunto de las mujeres. Como organización de músicas defendemos el método asambleario de discusión: en un debate abierto al conjunto de las músicas, hubieran podido surgir las voces de denuncia ante la precarización laboral en la que trabajamos o los abusos sufridos, permitiendo una deliberación más amplia y quizá imponiendo algunos puntos más en el texto.

Por otra parte, como firmantes del proyecto aparecen senadoras enemigas de la legalización del aborto como es el caso de Inés Blas, Silvina García Larraburu, Ada Iturrez, María Belén Tapia, Inés Brizuela Doria, Cristina López Valverde, que buscan lavarse la cara con la participación femenina mientras se han pronunciado contra nuestros derechos, condenando a niñas y mujeres al aborto clandestino o a la maternidad forzada.

La modalidad para el cumplimiento del cupo sería la implementación de multas. Con ese mecanismo, las patronales podrían pagar el canon como manera de evitar el cupo, siempre que la cuenta de todas formas les rinda positivamente -como es el caso de las multas por seguridad e higiene, que muchas veces son abonadas por las patronales ya que la inversión en seguridad les sería mucho más costosa. Puede que el pago del 6% del bruto no sea un condicionamiento definitivo para las patronales y sí una medida recaudatoria. La institución encargada de la recaudación y el cumplimiento sería el Instituto Nacional de la Música (Inamu), y todas las mujeres participantes tienen que estar inscriptas en el registro nacional de músicos.

En este sentido también queremos reforzar la necesidad de que las mujeres estemos agremiadas como trabajadoras, ya que tener cupo en los festivales no garantiza nuestras condiciones de trabajo. El mismo Inamu ha profundizado desde su creación su orientación pro patronal, en su adaptación total a los capitalistas de las industrias culturales. Tal es el caso que en el circuito nacional de música en vivo coordinado por el organismo –que cuenta con promesas de beneficios económicos y de promoción para los locales de música que se inscriban- está legalizado el contrato 70/30 (70% de las entradas para la banda, 30% para el local) y son los boliches deciden la programación. Para el ciclo de música en universidades, el Inamu va incluso por más: formula que el artista no percibirá caché (solo cobraría viáticos), argumentando que como contrapartida de participar en el ciclo tendremos la posibilidad de “formar público”.

Por su parte, en los subsidios para producción el músico está obligado a retribuir con trabajo gratuito, una cláusula obligatoria que de no realizarse anula la posibilidad de presentar nuevos proyectos. Se trata de desvincular al músico de su condición de trabajador para que pasemos a ser productores privados: para el Inamu, tenemos que renunciar a cobrar por nuestro trabajo.  Advertimos que esta política solo fomenta la precarización de la actividad artística y que es una traba para que las mujeres podamos avanzar en nuestra profesión. Si no defendemos los convenios colectivos de trabajo, si no luchamos para que el Estado deje de precarizar nuestra actividad artística, no nos defendemos de manera organizada contra los abusos sexuales en los ámbitos laborales, podemos seguir siendo vulneradas en un contexto de precarización funcional al avance de los “Palazzos” en el manejo de la cultura.

La concreción del cupo femenino va a venir de la mano de una gran movilización de músicas y músiques de manera independiente del Estado y sus instituciones y tiene que ser una de las banderas de la próxima movilización del 8M junto con el aborto legal, seguro y gratuito, basta de abusos y precarización laboral en nuestros escenarios.

Mujeres músicas, ¡vamos a organizarnos!