Ya es común en los medios especializados, en los foros literarios, en las ferias del libro, en las redes sociales, especialmente en los grupos armados ad hoc, que se discuta sobre el futuro del libro: los latiguillos que rezan “e-book vs libro en papel” no sólo debaten sobre un soporte en la transmisión de ideas, sino -y puntualmente- sobre derechos de autor o, si se quiere, de editor.

Cualquier autor podría pensar que si su obra se difunde en más de un formato, tiene más posibilidades de ser leída, y por mayor número de gente. Pero no es éste el punto de vista que desvela a los pulpos del rubro. Según las previsiones de la consultora PriceWaterhouse Cooper’s, de la inversión total en la industria editorial en 2016, un 17,9% corresponderá a e-books. El mercado global totalizará casi 21.000 millones de dólares. De este modo, se espera que, en los Estados Unidos, el mercado de libros digitales se cuadruplique con respecto a 2011: un aumento del 400 por ciento en cinco años.

Esto explica las operaciones que los monopolios del libro realizan a nivel mundial: este año, por ejemplo, Penguin Random House, un pulpo que cuenta con editoriales de la talla de Sudamericana, Grijalbo y Plaza & Janés, adquirió nada menos que todas las editoriales de ficción y ensayo del Grupo Santillana. La aparición de los gigantes Amazon y Google las obliga a concentrarse para competir.

¿Y cuál es la situación de los escritores? Los contratos de las editoriales establecen derechos sobre la obra en cualquier soporte y formato, y por un lapso no menor a cinco años. La editorial decidirá sobre tirada, distribución, prensa y difusión. Ningún escritor posee los recursos ni los medios para controlar ninguno de esos rubros y, por eso, los deja en manos de las editoriales. ¿Cómo se sostiene la vocación del escritor en estos términos?

La Ley del Libro (25.446), sancionada en 2001, no se ocupa en absoluto de los derechos del escritor. La ley prevé multas de entre 750 y 10.000 pesos para los que fotocopien libros y, en caso de reincidencia, penas de un mes a dos años de prisión -el producido va a las editoriales. La propiedad intelectual del libro pertenece a las editoriales.

Los escritores necesitamos una ley que proteja nuestras obras de la rapiña de los pulpos editoriales y del Estado que los defiende, una ley que permita a los lectores disponer del amplísimo espectro literario que se ofrece en todos los formatos y soportes, una ley que facilite la difusión de las obras en vez de impedirla.

E.M.