Hace exactamente cinco años, un 2 de agosto de 2018, la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez llegaron muy temprano por la mañana a la Escuela N°49, ubicada en el partido de Moreno, con el objetivo de preparar el desayuno de los alumnos, pero una violenta explosión ocasionada por una fuga de gas terminó con la vida de ambos. El hecho conmocionó a la comunidad educativa, y se transformó en indignación cuando se supo que había al menos seis denuncias previas por pérdida de gas en el establecimiento que no habían sido escuchadas por las autoridades.

El crimen de Sandra y Rubén desató grandes movilizaciones de la docencia y puso en el centro de la escena el estado ruinoso de la infraestructura escolar. En 2021, otra explosión, esta vez en una escuela neuquina, dejó tres muertos. Los sucesivos gobiernos, que aplican las recetas de ajuste del FMI, son los responsables del deterioro educativo y los bajos salarios de los trabajadores del sector. En el caso de Moreno, se combinó la desidia de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal (PRO) y de la municipal, en manos en ese momento de Walter Festa (PJ).

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El próximo 28 de agosto comenzará en los tribunales de Mercedes el juicio por la muerte de Sandra y Rubén, en que están acusados dos miembros del Consejo Escolar (que en ese momento se encontraba intervenido) y Christian Ricobene, un gasista que el día previo a la explosión había estado haciendo trabajos en el establecimiento, convocado por la propia vicedirectora, debido a un problema con una estufa y a un olor a gas. Pero los responsables políticos se encuentran al margen del proceso.

Cinco años después, decimos: justicia para Sandra y Rubén.

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