El portazo de la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, presentada como una interna “ideológica” con el ministro Nicolás Trotta, expone públicamente el choque que anida en el gobierno nacional (albertistas-kirchneristas), que se agigantará en la medida que la crisis económico-social que deben enfrentar los Fernández crece día a día.

El alejamiento de Puiggrós es un golpe al gobierno de Alberto, que pierde a una figura de renombre en el ambiente de la Educación, y que le otorgaba cierto brillo académico y progresista -del que Nicolás Trotta, un gestor de la educación privada vinculada a las editoriales, las evaluaciones y los cursos bajo plataformas digitales, carece por completo.

Los diarios ponen de manifiesto la aguda interna entre las facciones de una y otra de las cabezas que dirigían el ministerio de Educación, y centran la polémica en la supuesta postura contraria de Adriana Puiggrós a las evaluaciones estandarizadas en educación, particularmente las pruebas Pisa.

Sin embargo, las evaluaciones Pisa se desenvolvieron regularmente en Argentina desde el año 2000, y su segunda versión se realizó siendo justamente Puiggrós la titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Entonces y ahora, las pruebas Pisa representan el negocio de la estandarización de las evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde); el avance del mercado mundial sobre la educación, multimillonario, en asociación con las grandes editorialess corporativas del planeta; y un elemento de coerción contra la docencia, para imponer un curso privatista a la educación pública.

Las declaraciones de la ex viceministra, según las cuales “evaluar no es un elemento de la enseñanza, es un instrumento de control y de selección y está pensado desde una lógica empresarial”, son también un búmeran contra su propia trayectoria.

Fracaso educativo

En su comienzo, la gestión Trotta-Puiggrós se puso públicamente dos ejes centrales.

El primero, “atender las necesidades de los niños y adolescentes pobres, que representan al 50%”, lo que Trotta definió como la “función social” de la escuela pública. Según el ministro, ella “se llevaría a cabo de la mano de organizaciones barriales y municipales, cooperadoras, clubes y sindicatos”, es decir, al margen de los docentes y tercerizada.

Lejos de la atención de las necesidades, el vaciamiento de los comedores escolares y de los bolsones de comida, ha hecho imposible resolver el hambre que golpea las barriadas. A nueve meses de gobierno, la pobreza en los niñas/os y jóvenes creció al porcentaje aterrador de 70%.

El segundo eje, en palabras directas de Puiggrós, era “construir nuevas institucionalidades que se conciban desde una perspectiva regional, interministerial e intersectorial, en la que el Estado, los sindicatos, las empresas y los actores de la economía popular construyan un diálogo social, efectivo y vinculante”. Desde este ángulo, la escuela secundaria debe educar para el “mundo del trabajo” (crecientemente precarizado), concentrada en facilitar “aprendizajes relevantes” requeridos por “las empresas y los actores de la economía popular”. Una escuela ajena a la formación integral de las/los alumnos, apenas asistencialista, y generadora de mano de obra barata y precaria.

Lo cierto es que en estos meses, la devaluación de la educación, sin recursos y condiciones para desenvolverse en medio de la pandemia, ha profundizado la desigualdad educativa, especialmente en el campo de la educación secundaria. También en la formación profesional, a cuyas ramas ni siquiera les permitieron cubrir los cargos docentes necesarios. La formación para el trabajo también fue prácticamente disuelta, en el altar del ajuste en curso.

Rojo ilevantable

Ante la incapacidad y el vaciamiento de la educación pública por parte del gobierno de los Fernández, todos los problemas han quedado en manos del esfuerzo de la docencia.

Tanto Trotta cuanto Puiggrós hicieron bambolla con la restauración de la paritaria nacional docente. Mojados los fuegos de artificio, los docentes también experimentaron una aguda decepción: con la colaboración de la burocracia sindical kirchnerista de Ctera, la paritaria “restaurada” canceló la cláusula gatillo y estableció “aumento cero” hasta fin de 2020.

El balance que arrastra a Puiggrós al retiro lo plantean agudamente desde su propio riñón. La revista y agrupación social La Poderosa, que hace apenas semanas fue recibida por el mismísimo Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, fue letal en su caracterización: “una feroz y ridícula interna entre Trotta y Puiggrós, el primero y la segunda de la cartera que debiera digitar el profundo destino de nuestro país, genera que miles y miles de infancias en los barrios populares continúan a la espera de alguna respuesta certera que al menos intente titubear algún tipo de continuidad escolar, aquí donde no llega la conectividad”.

Un zorro en el gallinero

Otro de los motivos que condujeron al enfrentamiento de Puiggrós-Trotta y a su partida, fue el desenlace de la puja por el control de camarilla de un lugar clave: el Consejo de Calidad Educativa, que se ocupa de las evaluaciones educativas y de definir políticas tendientes a la calidad de la educación.

Al frente del mismo fue designado Axel Rivas, titular de la ONG Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de las organizaciones más metidas en las evaluaciones educativas en la Argentina, que recibe pingües financiamientos de organismos internacionales de educación vinculados al imperialismo, de gobiernos y de empresas. Según su propia página, en el año que pasó obtuvieron para su financiamiento 126 millones de pesos, en un 45% otorgados por grupos empresarios, 28% por la “cooperación internacional” y 18% por los gobiernos.

Axel Rivas es un alter ego de Nicolás Trotta. Justamente, el ministro nacional de Educación recibió en su despacho, a comienzos de su gestión, a la fundación Open Society fundada por George Soros, que respalda una amplia gama de proyectos en más de 120 países, proporcionando subvenciones cada año a través de una red de fundaciones y oficinas nacionales y regionales.

Esta es la orientación social del gobierno y del ministerio de Educación que la burocracia de Ctera respalda e integra, bajo el pretexto de que es defensor de la educación pública.

La defensa de la educación pública, de los derechos de las y los alumnos y de la docencia, exige de la máxima independencia política de todos los gobiernos y, en especial, también de este, amigo de Soros y firmante del pacto colonial con los bonistas y el FMI, que garantiza un mayor desfinanciamiento de la escuela pública.

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