El gobierno provincial de Mariano Arcioni, de Chubut, quiere cerrar los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) como parte del ajuste general sobre la educación. Desde Prensa Obrera entrevistamos sobre esta situación a Nahuel Niseggi, profesor del CAJ 791.

-¿Qué son los CAJ y desde cuándo funcionan?

-Los CAJ son Centros de Actividades Juveniles, y funcionan en la provincia desde hace más de 12 años desarrollando talleres, mediante la educación complementaria, en espacios educativos. Es decir, fuera del horario curricular normal. Esto le permitió a muchos jóvenes desarrollar capacidades, habilidades, formarse en el ámbito artístico, formarse en el ámbito deportivo, tecnológico, ambiental. Y es un poco lo que viene a cubrir las demandas actuales de la educación, cuando nosotros sabemos que garantizar la educación no solamente es garantizar la asistencia de los chicos, sino además satisfacer esas demandas de lo que plantean los desafíos actuales de inclusión. Esto lo dice el marco fundacional del CAJ, los lineamientos generales. Es poner todos los recursos posibles del Estado para garantizar un acceso equitativo a la formación deportiva, a la formación cultural, que están garantizados también por leyes nacionales y provinciales específicas a través del Ministerio de Educación.

-¿Cuál es la situación de los CAJ en este momento? ¿A qué se debe?

-Desde el 2017 se hizo cargo de los CAJ la provincia, y ya en el 2018 pasaron a llamarse CAR (Corredores Artísticos Recreativos), limitándose solamente a la formación cultural (en los lenguajes artísticos) y deportiva.

Actualmente los CAJ están sin recibir partidas presupuestarias. Nación se había comprometido a seguir mandando partidas… yo creo que hay que ver qué ha pasado con ellas. Si las han mandado efectivamente los años anteriores (o no), o si el gobierno de Arcioni las gastó en otras cosas… Pero la realidad es que si la escuela, si la provincia estaba con el programa CAJ, lo más probable es que las partidas hayan llegado; porque eso estaba funcionando.

De repente vino la pandemia, entonces todos los recursos se pusieron al combate de la pandemia, a comprar insumos en las escuelas para poder garantizar la conectividad, para poder garantizar el acceso a la educación de los chicos en la virtualidad, y para después también garantizar los materiales de desinfección y bueno… toda la demanda que necesitaban para este año.

Entonces no se desarrollaron talleres y los coordinadores se dedicaron a hacer tareas pedagógicas necesarias, acompañamiento pedagógico, algún apoyo escolar, algunos hicieron talleres propios sólo los coordinadores, y nos enteramos ahora a fines de noviembre que nos van a bajar a todos el 18 de diciembre; simplemente por el hecho de que el programa no va a continuar.

Lamentablemente es un recorte más a la educación en un momento que es crítico, donde por ejemplo durante los primeros años de implementación se ha logrado cumplir con muchos de los objetivos que tenían los CAJ, que eran la inserción de los chicos, y la reescolarización de aquellos que habían perdido el vínculo con la escuela. Eso se fue logrando.

Luego de la pandemia se ha perdido también nuevamente el vínculo con muchos sectores de la juventud, además de que la juventud está golpeada en la construcción de la subjetividad colectiva nuevamente.

Después de haber estado un año y medio prácticamente sin escuela, justamente es necesario tener todos los recursos para poder devolverle un sentido a la escuela, para poder reescolarizar a los jóvenes que no han vuelto, sobre todo en los sectores más vulnerables.

En la escuela donde trabajo, la escuela 791, no se han reinsertado luego de la pandemia la mayoría. Hay un sector muy grande de jóvenes que provienen de los sectores más vulnerables que no han vuelto, y acá el CAJ podría ser un recurso muy útil para eso, y para volver a reconstruir la educación.

Lamentablemente, están recortando sin argumentación, sin justificación, y están vulnerándole el derecho a muchos chicos que no van a tener ahora la posibilidad de acceder a un proyecto de vida como lo han hecho generaciones anteriores, donde tenemos chicos que se han revinculado con la escuela y hoy están estudiando el profesorado de educación física, con orientación en montaña, están trabajando en clubes. Tenemos otros chicos que están trabajando desde lo cultural en estudios de grabación, o que están en grupos de danza representando a la ciudad. Bueno, eso se les corta a los sectores más vulnerables, a quienes no pueden pagar los talleres.

-¿Cómo lo vinculás a la situación más general de la provincia y el país?

-Lamentablemente estamos a fin de año, con una comunidad desmovilizada producto de muchas cosas… Estamos en un gobierno que no escucha el reclamo social, con una desmovilización generalizada y lamentablemente estamos en una situación de vulneración la propia comunidad educativa. A los docentes no les alcanza el salario, hemos perdido el 70% de capacidad. Entonces es como que la comunidad ya está golpeada, desmovilizada, y cuesta reconstruir eso.

-¿Cómo se están organizando para frenar este atropello?

-Con un grupito de coordinadores de acá estamos haciendo todas las acciones legales; porque los programas están protegidos por leyes. Los derechos no son retroactivos, no se retrocede en los derechos y no puede haber una regresión de derechos que ya estaban garantizados por el Ministerio de Educación.

Entonces vamos a presentar una denuncia en la Defensoría del Pueblo, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de las normas dentro de la esfera administrativa, y en caso de no tener respuesta concreta, vamos a ir en una acción de un amparo colectivo por la vulneración de los derechos de los jóvenes y por la vulneración de los derechos de los trabajadores que perderíamos nuestros puestos de trabajo.