En una de las páginas centrales  del diario Clarín de hoy se puede leer el ataque virulento que el gobierno ha desatado contra los docentes de idiomas pero que  constituye un ataque a la docencia en general y en última instancia a toda la educación pública. La nota vuelca datos del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA y responsabiliza a los docentes de seguir "ampliando brechas y reproduciendo desigualdades" haciendo hincapié en  que  "los alumnos más pobres son los que menos inglés tienen".  La nota al mismo tiempo siembra dudas sobre la calidad de las clases que reciben los alumnos en las escuelas así como sobre el  título docente que exhibimos quienes estamos frente al aula. Una verdadera provocación.  No nos sorprende, sin embargo, ya que ésta ha sido la línea del gobierno para justificar la evaluación externa y estandarizada, el ranking de escuelas y el salario por mérito.

 

Como parte de su campaña para imponer una reforma educativa – traspaso de idiomas y reforma de  educación media –  que la docencia rechaza rotundamente,  el gobierno sale a atacar a los profesores de idioma y al resto de los docentes de materias del área curricular,  de la manera más brutal. Evidentemente el movimiento y la organización de este sector de la docencia en torno al rechazo al traspaso a la Gerencia Operativa Lenguas en Educación  no pasó inadvertido  para  el gobierno que sale a la cancha con los tapones de punta.

 

En la nota a la que hacemos referencia, Diego Meiriño, subsecretario de Planeamiento Educativo,  sostiene que los alumnos trabajarán con plataformas -educación a distancia –  a partir del año que viene y que serán evaluados  con la certificación de idiomas ALTE (Association of Language Testers of  Europe). Cabe aclarar que esta asociación,  que se maneja con fondos de capitales europeos,   no tiene un examen propio sino que selecciona entidades en los países que lo implementan: Cambridge, Alliance Francaise, Universidad de Siena e Instituto Cervantes y que son quienes administran estos  exámenes. Un jugoso negocio para los que venden estos exámenes.

 

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Sin embargo,  la nota hace una salvedad con respecto  a las escuelas plurilingües del gobierno de la Ciudad en las cuales la Gerencia Operativa ya tiene una inserción a través de Coordinadores nombrados a  "dedo" – por fuera del Estatuto del docente – y también con las escuelas de Jornada Extendida, que como bien sabemos traen consigo la precarización educativa (por fuera del establecimiento educativo,  no necesariamente a cargo de docentes y sin recursos).

 

 Como ya lo veníamos advirtiendo  desde Tribuna Docente el "traspaso" de los docentes de idioma que intenta efectivizar el gobierno no sólo abre la puerta a la precarización de los docentes, la designación a dedo y la destrucción de la carrera de ascenso sino también que habilita el negociado de las plataformas educativas -con la consiguiente descalificación del proceso pedagógico-  y  los exámenes internacionales que traen aparejada la evaluación estandarizada y externa.

 

Todo el artículo es una falacia.  El mismo Estado que desfinancia la educación pública, empujando al derrumbe edilicio y  superpoblación de aulas y que paga salarios de miseria, pretende omitir su propia responsabilidad  sobre las condiciones sociales de la población que  asiste a la escuela pública y que atraviesan el proceso de enseñanza aprendizaje.  Al mismo tiempo intenta comparar los resultados de la escuela pública con los de la escuela privada o entre escuelas públicas de diferentes sectores.  En términos resultadistas la comparación no es, por lo menos, feliz  desde el momento que no todos los niños ingresan al sistema educativo en igualdad de condiciones y oportunidades.  En este intento de  deslindar  su propia responsabilidad,  acusa a los docentes y también desliza la responsabilidad sobre los sindicatos.  

 

Para justificar su ataque, echan mano a  la Ley de Educación Nacional también.  Aquí le tenemos que dar la razón.  La jornada extendida y  la evaluación externa, aspectos absolutamente regresivos para la educación pública y mencionados en el artículo de marras,  están contempladas en la LEN. El gobierno construye sobre lo que ya esta ley habilita y  lo utiliza como una justificación para desenvolver desde allí su ataque antieducativo.

 

Desde Tribuna Docente denunciamos el carácter precarizador del traspaso que quieren imponer a los docentes de idioma y lo enmarcamos en un ataque más general a toda la educación pública. Idiomas es el primer sector sobre el que avanzan, pero continuarán por el resto de las materias del área curricular y el resto de los trabajadores de la educación.

 

Organicemos la lucha contra este gobierno que pretende destruir nuestro convenio colectivo de trabajo, intenta precarizarnos y avanzar sobre nuestras condiciones laborales al tiempo que instala los negocios en educación.

 

No al traspaso a la Gerencia Operativa. No al negocio de las plataformas y los exámenes internacionales. Abajo la evaluación externa y estandarizada. Defendamos el Estatuto del Docente.