Luego de que los docentes de una escuela de la localidad bonaerense de Hurlingham fueran informados, este viernes 3, de su cesantía por cierre del curso, se generó una inmediata respuesta por parte de la docencia, llevando una campaña de difusión y denuncia del cierre.

En pocas horas se juntaron cientos de firmas online, reclamando contra el mismo y defendiendo los puestos de trabajo de estos docentes del 1º C de la secundaria N° 7 del distrito.

En la nota elaborada por la docencia, se explicaba claramente que no es la primera vez que se ven amenazados por cierre. Se trata de una institución con una comunidad muy vulnerable; frente a lo cual este curso, y sus docentes en particular, han tenido que responder con una valiosa tarea de reescolarizar a estudiantes fuera del sistema, yendo a buscar junto con el Equipo de Orientación Escolar a aquellos que habían descontinuado su trayectoria escolar.

Como es evidente, esta tarea en las actuales circunstancias se vuelve compleja. La retención de alumnos en medio de la cuarentena es conocidamente difícil y cambiante. Y los docentes se desvelan para ver cómo hacer las actividades, cuando ni ellos ni los estudiantes poseen la conectividad ni los instrumentos necesarios -ya que el Estado no los ha garantizado.

Un cierre ilegítimo e ilegal

El cierre de curso deja a docentes sin trabajo, cuando no hay actos públicos de nombramiento. Produce por un lado un efecto cascada, ya que los titulares en disponibilidad pueden desplazar provisionales, a la vez que destruye de un plumazo la organización escolar y la vida de docentes de esa escuela y de las demás afectadas por desplazamientos. Queda claro, entonces, que una medida así en medio de la pandemia es un ataque a la educación y a la docencia.

No solo ello, sino que viola disposiciones tanto nacionales como bonaerenses , como se denunció en la nota firmada por cientos de docentes de distrito, enviada a la jefatura distrital y puesta en circulación en los grupos de Whatsapp: el DNU 329/2020 de prohibición de despidos (que una vez más se revela como letra muerta), y la Resolución Provincial 174/2020, que establece sanciones y apela a la preservación de los puestos de trabajo en la contingencia de la crisis sanitaria.

Todos estos ataques a la docencia y al derecho de los estudiantes no son medidas aisladas. Los “relevamientos” en curso, acerca de cuántos estudiantes realizan, entregan o se vinculan de alguna forma con la actividades planteadas por el docente, que fueran presentados como una vía para mejorar y mantener el vínculo, han terminado siendo -como sospechábamos- un mecanismo para el cierre de cursos. Sea por resoluciones arbitrarias como la de la Secundaria 7, o  a través de la revisión de la Planta Orgánica Funcional (POF y POFA) que se está realizando en todas las escuelas. Esto está vinculado con la reforma de Artículo 109 de la Ley de Educación Nacional aprobada en el Congreso, que habilita la enseñanza a distancia en todos los niveles obligatorios, avanzando en establecer la ‘virtualidad’ como enseñanza y no como una forma de afrontar la ‘contingencia escolar’. Es un proceso de degradación de la educación que acentúa la desigualdad entre los estudiantes que no pueden acceder a los dispositivos tecnológicos y los que no poseen cierto nivel de acompañamiento en sus hogares, al tiempo que establece una enorme superexplotación de los docentes.

Todo ello explica la negativa gubernamental, desde el inicio de la cuarentena, de efectuar los actos públicos pendientes -lo que, como denunciaron en su nota los docentes hurlinguenses, imposibilita la toma de nuevos cargos. Durante estos meses se han ahorrado los sueldos de miles de docentes no nombrados (unos 25.000), incluyendo los de los planes Fines (de terminalidad).

Ataques y endeudamiento

El gobierno bonaerense ya lleva una tercera oferta “mejorada” en materia de deuda, con sus correspondientes rechazos por los usureros internacionales, y se encuentra empecinado en mostrar ‘cuentas ordenadas’ para lograr un acuerdo. Es lo que ha llevado a una ofensiva general de la que forman parte los ajustes mencionados, pero también el pago en cuotas del aguinaldo, las amenazas de una “armonización” ajustadora de la obra social bonaerense (IOMA) y su vaciamiento, así como del Instituto de Previsión Social de la provincia para financiar clínicas privadas y escuelas confesionales.

En materia educativa, la ausencia de actos públicos y la no resolución de una modalidad virtual para cubrir las vacantes se combina con un plan auxiliar (Piedas) que no garantiza la continuidad pedagógica y que mantiene la precariedad laboral. Se busca aprovechar la pandemia para “abaratar” el sector.

Por todo ello, es de destacar la iniciativa de lucha por parte de la docencia de Hurlingham, superando a una conducción gremial que avala el accionar de las autoridades y  suscribe a la idea de que estamos ante un “gobierno amigo de los docentes”. Desde Tribuna Docente saludamos e impulsamos estas acciones en defensa de la educación y exigimos que no se cierre ningún  curso, que cesen los aprietes de inmediato y que se hagan ya los actos públicos virtuales de nombramientos, bajo control de los docentes y de las organizaciones gremiales.

El 15 de julio, el paro y apagón virtual convocado por la combativa Lista Multicolor, opositora a la dirección kirchnerista de la gremial Suteba, levantará estos reclamos, que fueron planteados por docentes de Hurlingham tanto en el plenario del 2 de julio como en el masivo festival en defensa de la escuela pública del 5.