El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha colocado los Centros de Formación Laboral al servicio de las grandes corporaciones.

Según la ley de Educación Técnico-Profesional N° 26.058 sancionada el 7 de setiembre de 2005, que hemos criticado y reclamamos su derogación por su perfil mercantilista y privatista, el objetivo de “la formación profesional tiene como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requeridos por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio”.

Ese “campo ocupacional amplio”, sin embargo, ha sido reducido a la unilateralidad de la formación para empresas específicas, en este caso la automotriz Toyota. Efectivamente, el Centro de Formación Laboral 402 de Escobar tiene una subsede directamente en la planta de Toyota. Allí, recientemente, el gobierno bonaerense y la empresa entregaron certificados de finalización de estudios como operarios y operarias industriales a 334 egresados que se formaron en sus instalaciones.

Se trata de un proyecto que la provincia y la empresa llevan adelante desde hace varios años, en conjunto con las escuelas secundarias técnicas, en su mayoría de Zárate, con los alumnos del último año de ese nivel de estudios. Ese convenio se firmó mediante una carta de intención entre el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet), y Toyota Argentina, el 12 de julio de 2018.

¿Quiénes dirigían la educación por entonces? En la cartera educativa nacional Alejandro Finocchiaro, y en la Dirección General de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny.

Sánchez Zinny fue el artífice del estudio “Demanda de Capacidades 2020” del INET que, según su mentor, se realizó “en base a un relevamiento a empresas de los diferentes sectores productivos” para identificar “los perfiles más demandados y se establezca las tendencias de conocimientos y habilidades técnicas en pos de mejorar el diseño e implementación de políticas públicas en educación técnica en Argentina” (Inet, 2016).

El sentido de acuerdos de esta naturaleza, en pleno macrismo, era garantizar a cargo y costo del Estado “la disponibilidad de oferta de mano de obra calificada esencial para la competitividad y el desarrollo económico de la Argentina en el próximo quinquenio” (Inet, ídem). Efectivamente, garantizar la formación de abundante y barata de mano de obra específica sin que ello sea vinculante para que la empresa en cuestión estuviera obligada a emplear a toda esa mano de obra.

Así lo confirmó en su discurso el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo bonaerense, Damián Ledesma, en ocasión de la entrega de las certificaciones a los alumnos: “Toyota tiene a disposición más de 1.000 currículums de personas que se han formado en instituciones de formación profesional orientadas a la industria, en condiciones de ingresar rápidamente si la empresa los necesitase” (Infogremiales, 2/10).

Desde el ministro kirchnerista de educación Daniel Filmus en adelante han defendido una línea de acción común al servicio del capital, que Kicillof y su ministra de Educación mantienen a rajatablas.

Este sentido social de la educación, que es un patrimonio también del kirchnerismo, es el telón de fondo de la devaluación de las condiciones laborales de las y los docentes. La orientación general que el gobierno de Kicillof le imprime a la educación pública está al servicio de esta formación sesgada, descartable, que requiere no de educadores sino de simples tutores/entrenadores. Es la “escuela que queremos” que defiende también la burocracia sindical de Roberto Baradel desde el Sutecba, y que ha sido parte de una discusión en un congreso nacional educativo de Ctera, que las seccionales multicolores han salido a denunciar y a enfrentar.

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