En medio de la bronca y tristeza por dos nuevas muertes de docentes en la Ciudad de Buenos Aires -Mario Sandoval y Juan Roldán-, en estos días la docencia porteña recibe con mucha expectativa el avance de la vacunación a docentes, junto con la población con comorbilidades por franja etaria, ya que en CABA se abrió el empadronamiento para mayores de 18 años.

La propia inclusión del personal docente y no docente como sector prioritario es el resultado del reclamo sostenido de la docencia, que ha venido dando una lucha histórica en defensa de la salud y la educación, contra la política negacionista de los gobiernos. Es que seguido al planteo de suspensión de la escolaridad presencial con alto riesgo sanitario, debido a la alta circulación comunitaria del Covid-19, el reclamo de vacunación para el conjunto de la población fue sostenido de manera unánime.

Esto contrasta con la situación desesperante de miles de trabajadores de otros gremios que, pese a sostener actividades productivas y comerciales reconocidas como “esenciales”, no fueron incluidos como grupos prioritarios para la vacunación. El impacto de sostener las actividades laborales presenciales en plena pandemia sin vacunación masiva lleva a un incremento de los contagios y muertes obreras.

Entre los gremios más afectados se encuentran, según un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, trabajadores de la industria (25,2%), de comercio (26%), de la construcción (20%) y del transporte (18%), entre algunos de los más golpeados. La pandemia provocó un cambio cualitativo en las condiciones laborales para el conjunto de la clase obrera. En 2020 el 76% de las muertes laborales, según datos oficiales, fueron motivadas por el Covid-19, lo cual constituye un régimen criminal contra los trabajadores.

Sucede que los gobiernos actúan sobre la base de los intereses de las patronales preservando la circulación de las actividades económicas por sobre las condiciones sanitarias, sin respetar los protocolos; del otro lado, dejan librados a su suerte a millones de trabajadores precarizados, desempleados o cuentapropistas que no tienen ingresos para sostener restricciones sin recursos del Estado que cubran las necesidades del costo de vida.

Los efectos de un régimen político a la deriva

El ritmo de la vacunación para el conjunto de la población es tortuosamente lento. Al día de hoy, se administraron alrededor de 12,5 millones, mientras que 2,83 millones de personas se encuentran inmunizadas de forma completa, lo que representa al 6,3% de la población total. Sin restricciones y con este nivel de contagios y de inmunización completa, cada semana se cobra la vida de miles de personas: sólo en la última semana de mayo los fallecidos por Covid-19 fueron casi 3.400.

Esta política criminal de los gobiernos se acentúa con las resoluciones del Ministerio de Trabajo nacional, replicada por el gobierno porteño, de forzar a los trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo a reintegrarse a los lugares de trabajo de forma presencial con una sola dosis de la vacuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles.

La política que orienta estas decisiones tiene que ver con bajar los costos laborales para las patronales y presupuestarios para los gobiernos que supone respetar el esquema completo de vacunación y el tiempo de inmunización para convocar a la presencialidad laboral y ahorrarse así el pago de salario a otros trabajadores que cubran esos puestos vacantes.

CABA: récord de contagios, muertes y saturación del sistema de salud

El forzamiento a sostener en este marco de contagios, fallecidos y saturación del sistema de salud -particularmente en la Ciudad de Buenos Aires- la escolaridad presencial revela la orientación “bolsonarista” del gobierno de Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña. Un negacionismo sanitario, pero también pedagógico, ya que lo que no hay es un plan educativo para sostener la escolaridad y el proceso de los aprendizajes y enseñanzas, ni presencial ni virtual.

En la última semana de mayo (del lunes 24 al domingo 30) se reportaron en la Ciudad de Buenos Aires 18.286 nuevos contagios, lo que por cada 100.000 habitantes son más de 600 casos acumulados en una semana. Según el índice elaborado por los CDC de EE.UU con 100 nuevos contagios acumulados por 100.000 habitantes en una semana implica máximo riesgo de mantener las escuelas abiertas para la escolaridad presencial. Alemania ha adoptado por ley un semáforo epidemiológico que toma como indicador de cierre de escuelas 165 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes por semana. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando a la población a un “experimento a cielo abierto”, sin freno ni control alguno.

Con más de 78.000 muertes acumuladas por coronavirus y un promedio de más de 500 diarias en los últimos 14 días, la Argentina se coloca como uno de los países con mayor cantidad de fallecidos por día y por millón de habitantes. La Ciudad de Buenos Aires acumula al 31 de mayo 8.913 personas fallecidas por Covid-19, lo que arroja 2.971 muertes por millón de habitantes (base de 3 millones de población general), la jurisdicción con más fallecidos por millón de habitantes.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) ha publicado recientemente un informe muestral descriptivo a través de una encuesta nacional voluntaria de UTIs públicas y privadas, que arroja al 28 de mayo una ocupación en el Amba del 92%. Desglosando los datos por jurisdicción, CABA tiene una ocupación de camas de terapia intensiva por encima del 94%.

Con estos datos, las políticas aperturistas de forzamiento de una “normalidad” en casi todas las actividades económicas y la presencialidad escolar, constituye una irresponsabilidad política y una desprotección de la población en el peor momento de la pandemia.

Conclusiones

La salud y la educación están en manos de los trabajadores, de la docencia, las familias y los estudiantes, que luchan por la suspensión de las clases presenciales, la urgente vacunación para el conjunto de la población, la entrega de dispositivos y conectividad gratuita para sostener el vínculo pedagógico en la virtualidad, las dispensas sin afectar el salario ni el puesto de trabajo para sostener el cuidado de menores a cargo, la implementación de un salario de emergencia para trabajadores desocupados o subocupados, la ampliación de los cargos docentes, profesionales y auxiliares, urgente plan de infraestructura escolar, la entrega de libros y kits escolares, y todos los reclamos pendientes de las comunidades educativas. Por todo esto, es preciso darle continuidad al plan de lucha, fortalecer la organización por escuelas y distritos, impulsar asambleas, acciones, y participar de la próxima asamblea abierta virtual convocada por Ademys para este jueves 3.

Esta perspectiva contrasta con la parálisis de la burocracia sindical que anuncia medidas de fuerza por redes sociales, pero no aporta a la organización y deliberación de la docencia. Para sostener el plan de lucha y ampliar la base de sustentación de las medidas, es preciso superar los límites que impone la burocracia sindical integrada al Estado, y abrir un curso de acción independiente.