El sábado 7 se realizó un sorteo entre alrededor de 550 aspirantes para establecer quienes de ellos se hacían con las 250 vacantes que ofrece el postítulo en Educación Sexual Integral (ESI) que ofrece el profesorado Joaquín V. González, uno de los más importantes del país.

Ante el sinfín de quejas de inscriptos que quedaron afuera, los coordinadores del postítulo señalaron que la situación era producto del ahogo presupuestario por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Marcaron, incluso, que el mismo había intentado cerrar el postítulo, y que peligraba la continuidad de esta última cohorte.

Esta medida de ajuste muestra la impostura del macrismo y los gobernadores, que discursean sobre los “déficits” de capacitación con el único objetivo de destruir nuestros salarios. En verdad, el Estado brinda una cantidad ínfima de cursos de capacitación docente, con vacantes limitadísimas y en su enorme mayoría virtuales, garantizando así el negocio de cursos pagos –que permiten a los docentes sumar puntaje, pero cuyo contenido formativo es endeble. Por el contrario los docentes, que creemos fuertemente que nuestra profesión precisa de la constante revisión de cómo se encara la tarea pedagógica, hemos señalado históricamente que la formación debe darse en el marco de nuestro horario de trabajo, remunerado.

La limitación a las vacantes muestra a su vez cómo el partido de gobierno atenta contra el derecho consagrado por ley a la educación sexual, para cuyo cumplimiento –un reclamo histórico del movimiento de mujeres- el Estado debería garantizar la formación docente en la materia.

El recorte sobre el postítulo se enmarca con todo un ajuste que vienen enfrentando los docentes y estudiantes terciarios, cifrado en el intento de cerrar los 29 profesorados de Capital Federal para suplantarlos por la denominada “Unicaba”, con el único fin de privatizar la formación docente y desvalorizar los títulos, buscando avanzar en el “salario por mérito” y la destrucción del estatuto docente.

Los docentes debemos organizarnos para arrancarle al Estado el derecho a formarnos en ESI dentro de nuestro horario laboral y a formar a nuestros estudiantes. Se trata de un reclamo elemental para la educación y la salud públicas.

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