Días atrás se dieron a conocer graves denuncias en redes sociales realizadas por ex estudiantes de las escuelas de la red de colegios de la ultramontana Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), quienes sostienen haber sufrido violencia física y/o simbólica en las escuelas, y denuncian prácticas, doctrinas y mensajes de odio contra las personas LGBTI+.

Por su parte, el Inadi también presentó una denuncia por el contenido de un folleto editado en la propia editorial del grupo, el cual tiene contenidos misóginos y mensajes de odio. El grupo, por su parte, se ampara en el artículo 5º de la Ley de Educación Sexual Integral, que fuera una concesión clave del kirchnerismo a las iglesias, y permite adaptar el dictado de la misma al “ideario institucional”.

En este contexto, el diputado Gabriel Solano, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley de eliminación de los subsidios a las escuelas de esa red ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fue acompañado de un pedido de informe para que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta responda al respecto de los subsidios estatales millonarios al grupo y la exención de cargas impositivas.

El grupo Fasta está asociado con los altos jerarcas de la última dictadura militar, con sectores como los de Pando y con la cuestionada Fundación Conin de Abel Albino. A esta organización extremadamente conservadora, retrógrada y oscurantista, el Estado nacional, los provinciales y el porteño le otorgan subsidios millonarios. Informes oficiales recogidos en un artículo de Página12 del 16 de junio dan cuenta de que en 2018 estos sumaron 445 millones de pesos, de los cuales 51 millones corresponden a lo entregado por el gobierno de Larreta. Mientras en la Ciudad seguimos exigiendo la implementación de la ESI y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, el Estado subsidia grupos antiderechos y defensores declarados de la opresión de la mujer y del desprecio a lss personas lgbti+.

El proyecto presentado por Solano plantea también la confirmación de una comisión independiente de docentes, estudiantes y sindicatos docentes a fin de realizar un seguimiento de la implementación de la ESI en las escuelas confesionales. Sucede que estas representan un elevado porcentaje de las escuelas de gestión privada de la ciudad (que son más de la mitad del total de todos los colegios); pese a ello y a las subvenciones estatales, nunca se mostró un solo informe a propósito de la implementación de la ESI.

Todo el universo de denuncias y las redes relacionales que mantiene el grupo Fasta son una demostración de la imperiosa necesidad y la vigencia del reclamo de la separación de la Iglesia del Estado y de la urgente modificación del artículo 5 de la Ley de ESI.

El Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras y Tribuna Docente sostenemos un compromiso inquebrantable con esta perspectiva.