El día de ayer se conoció un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que exime al Estado de la obligación de garantizar vacantes en la educación pública para todxs lxs niñxs de la ciudad.

Gabriel Solano, el legislador (MC) del PO-FIT, en  un comunicado de prensa señaló que el fallo es una aberración que viola de modo evidente y alevoso la Constitución de la Ciudad, que consagra en su artículo 24 que el Estado porteño “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”. Aunque el mandato constitucional es taxativo y categórico, el Tribunal Superior de Justicia recurre a una interpretación capciosa, concluyendo que el Estado “no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquel que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado”. De modo increíble, el fallo convierte al sistema privado en el receptor natural de los menores de 3 años, colocando al sistema público como un actor residual destinado exclusivamente a quienes puedan presentar un certificado de pobreza.

A través del fallo el Tribunal Superior busca regimentar a las instancias inferiores del sistema judicial de la Ciudad que hasta venía fallando mayormente a favor de las familias que presentaban amparos en reclamo de una vacante para sus hijos.

Solano explicó también que el Tribunal Superior de Justicia pretende extender este criterio contrario al mandato constitucional también a la educación superior de la Ciudad, estableciendo que “la asignación de vacantes debe efectuarse exclusivamente en función al mérito individual de los estudiantes”. Estamos ante un fallo aberrante que implica un retroceso histórico en el derecho al acceso universal a la educación.

Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys que asumirá como legisladora del Frente de Izquierda el año próximo, también rechazó el fallo señalando que su función es revalidar el ajuste que Larreta está aplicando actualmente en el sistema educativo. En el Presupuesto 2021 aprobado por la Legislatura unos de los rubros que más se reduce es el de infraestructura escolar, que cae en un 80% en valores constantes. Esto significa que la construcción de escuelas prometidas por el gobierno para dar satisfacción al cupo de vacantes no solo no se llevará a cabo, sino que a partir de este fallo se exceptúa al estado de esa obligación establecida claramente por la Constitución local.

Amanda Martín también señaló que es falso que el Estado asegure vacantes a los sectores más empobrecidos. Estos son enviados a los CPI (Centros de Primera Infancia) que dependen de Desarrollo Social y no del Ministerio de Educación, y que ofrecen una formación devaluada y carente de las condiciones materiales y de seguridad necesarias. Muchos de estos CPI están en manos incluso de instituciones religiosas, violando así también el principio de laicidad consagrado en la Constitución.

Gabriel Solano y Amanda Martín junto con el reclamo del juicio político a los miembros del Tribunal Superior anunciaron que realizarán reuniones con las familias afectadas para profundizar un plan de acción en defensa del acceso universal y gratuito al sistema educativo de la Ciudad en todos sus niveles.

Crece la campaña por el juicio político

Ante la constatación de que se trata de un fallo en total sintonía con la política privatizadora del gobierno de la Ciudad, que viola la Constitución de la Ciudad, la Ley de Protección Integral De Los Derechos De Niños, Niñas y Adolescentes y las leyes educativas vigentes está creciendo el reclamo por el juicio político a los jueces del TSJ, Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano.

En este sentido ya se han pronunciado Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas, La Vacante es un Derecho, Familias por la Escuela Pública, Colectiva por la Educación Pública, Red por la Educación y el legislador (MC) del PO-FIT, Gabriel Solano.

El fallo del TSJ constituye un ataque a todas las familias trabajadoras de la Ciudad a quienes se les niega el derecho a una educación pública, laica y gratuita y se las pretende llevar compulsivamente a la educación privada. Por lo que la llamamos a todas las organizaciones populares de la ciudad a solidarizarse con este reclamo.

Para adherir al pedido de juicio político:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcPMV7X1Hb-PPW85kc7LAmDXPN1DlYRlTbLo7HjxXLegCbBw/viewform