El día viernes se dieron a conocer los listados con las vacantes asignadas a los niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Las familias tuvieron que acercarse a las escuelas a corroborar los listados dado que el gobierno argumentaba “problemas técnicos” y los listados no podían visibilizarse. Estalló otra vez la página de Vacantes para todxs en las escuelas públicas que agrupa a miles de familias que no consiguen una vacante con mensajes de preocupación y angustia y preguntas acerca de cómo iniciar un reclamo.

En el día de ayer, las familias, acompañadas por el sindicato docente Ademys, movilizaron al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires para presentar notas de reclamo y visibilizar una situación que lleva años sin resolverse.

En la Ciudad de Buenos Aires más de 20 mil niños y niñas no pueden acceder a la escuela pública, quedándose sin vacante o empujados – si pueden solventarlo– a una escuela perteneciente al sector privado. Si la falta de vacante se corresponde con nivel inicial estas familias no tendrán más remedio que ingresar a sus niños y niñas a los CPIs (Centros de Primera Infancia) que representan la tercerización de la educación por parte del Estado a ONGs y fundaciones de carácter asistencialista –entre ellas, organizaciones evangélicas y la Iglesia católica, permitiendo mayor injerencia de las iglesias en la educación y golpeando el extendido reclamo de educación sexual, científica y laica.

La creación de una red de contención de la primera infancia forma parte de los planes que imponen los organismos internacionales de crédito –como el Banco Mundial- para que los gobiernos, ajuste mediante, “respondan” a las demandas cada vez más grandes de educación.

Un fallo a favor de las familias trabajadoras.

Hace poco, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la sentencia de la jueza Elena Liberatori de Primera Instancia del año 2019: el gobierno de la Ciudad deberá resolver el problema de las vacantes. El amparo había sido presentado por diputados del Frente de Izquierda junto a docentes, familias, el colectivo de Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas y el Centro de Profesionales de Derechos Humanos.

El fallo también plantea que Larreta deberá dar explicaciones al respecto de las supuestas 54 escuelas «nuevas» ya que está constado que muchas de ellas son traslados, otras son modificaciones edilicias, y solo algunas fueron construidas y generan vacantes.

Presupuesto para la educación pública: no hay

El GCABA durante sus años de gestión provocó una caída en el presupuesto en educación y nunca previó una partida especial para la construcción de escuelas. Insólitamente, y en el sentido contrario, en el mes de agosto el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta destinó un refuerzo financiero de aproximadamente $53 millones a 125 escuelas maternales y de nivel inicial privadas a través del Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia, el cual consiste justamente en sostener económicamente a la educación privada del nivel.

Las mujeres trabajadoras, las más golpeadas

Las mujeres seguimos estando a cargo del cuidado de los niños y niñas de nuestras familias y también de nuestros adultos mayores.

La falta de vacantes en los jardines públicos y escuelas infantiles golpea directamente nuestras condiciones de vida, viéndonos muchas veces impedidas de ir a trabajar por tener que cuidar a nuestros hijos e hijas que quedaron sin vacantes, u obligadas a pagar con nuestros salarios las abultadas cuotas de jardines privados o aquellos con subvención en manos de la Iglesia católica.

Nacionalización del sistema educativo y plan integral de construcción de escuelas y jardines

Desde Tribuna Docente-Partido Obrero entendemos que hay que recuperar la especificidad el nivel inicial, sus contenidos y orientación pedagógica, y del conjunto del sistema educativo. La pérdida de la misma va ligada a la descentralización de la educación que comenzó a fines de la década del 50 y se profundizó durante la dictadura y los años ’90, transfiriendo la responsabilidad de escuelas y centros educativos a municipios quebrados; ni la Ley de Educación Nacional (2006), ni la Ley de Financiamiento del año (2005) dictadas durante los gobiernos de los Kirchner, modificaron esta política de Estado. A ella le oponemos nuestro planteo de nacionalización del sistema educativo.

En el marco de esta orientación defendemos, frente a la crisis de vacantes, un plan integral de construcción de escuelas bajo control de las comunidades educativas. Llamamos a las familias, a los estudiantes y docentes a poner en pie un plan de lucha por este objetivo.