¿Cómo puede ser que el cura Raúl Sidders, cuya conducta discriminatoria, misógina y abusadora era conocida por la iglesia e incluso por el propio Estado, siguió teniendo a cargo a niños, niñas y adolescentes durante 20 años en el colegio San Vicente Pauls de La Plata?

En la Ley Federal de educación del menemismo (1994) y en la Ley Nacional de Educación kirchnerista(2006) se reafirma fuertemente la adhesión constitucional al culto católico, cuando se coloca directamente a la educación de gestión privada, destacando a la Iglesia Católica expresamente, como parte de la educación estatal. Lo mismo se plantea en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. El Capítulo VIII está dedicado a “La educación de gestión privada”. Allí se reglamenta sin dejar lugar a dudas que la integración de las 5493 escuelas privadas, en su mayoría confesionales, con su 1.559.274 alumnos (al año 2018), al Sistema Educativo Provincial, es a los efectos de garantizar el sostenimiento por parte del Estado de dichas instituciones desligándose de todo control y supervisión.

Esto se traduce en que por ley se les otorga claros derechos incluyendo el de dar títulos y establece escasas obligaciones, controladas por órganos que van desde la Dirección de Educación de Gestión Privada hoy a cargo de la militante kirchnerista del distrito de Ituzaingó, Marcela Cabadas, hasta un Consejo Consultivo con absoluto dominio de representantes nominados por la iglesia y el CONSUDEC (Consejo Superior de Educación Católica). En el caso del colegio San Vicente de Paul esto se materializa en que una escuela con más de 1.500 alumnos con reiteradas denuncias graves durante años, las autoridades clericales de la dirección de escuelas privadas se limitaron a funcionar como un organismo pago por el Estado que informa al Arzobispado sobre la cuestión, sin que las denuncias tuvieran otro tratamiento. El Estado sostiene toda una burocracia a los fines de garantizar la impunidad clerical y su completo dominio de contenido y forma por sobre la enseñanza a los niños.

En la ley de educación provincial entre los derechos de las escuelas confesionales se establece “Crear y solicitar su reconocimiento…nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar… otorgar certificados y títulos reconocidos y aprobar el proyecto institucional.”

El Estado delega enteramente en la propia Iglesia la potestad de establecer contenidos y de contratar y regular al personal mientras que le otorga a esta institución el conjunto de los fondos destinados al sostenimiento de sus estructuras, incluyendo un régimen especial de exención impositiva del que gozan las empresas de la Iglesia.

“La objeción de conciencia institucional” es una práctica que se lleva adelante desde hace años en el sistema educativo, que no es más que el derecho de las empresas clericales a hacer lo quieren, derecho conferido por los diferentes diputados y diputadas y funcionarios de las diferentes fracciones que gobernaron la provincia, o sea el peronismo y el macrismo.

En las “Obligaciones” que la ley establece para el sector privado, mayoritariamente confesional, dice en forma genérica “responder a los lineamientos de la política educativa provincial y….proveer toda información necesaria para EL CONTROL PEDAGÓGICO, CONTABLE Y LABORAL QUE SOLICITE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN”. (Subrayado nuestro). Para ejecutar este cumplimiento entregaron los cargos de la dirección provincial a funcionarios de la iglesia que solo comparten las denuncias y cualquier tema interno de las escuelas confesionales con el arzobispo. El gobierno de Axel Kiciloff estableció una línea de continuidad también en esta política con relación al gobierno de María Eugenia Vidal.

Ni la Dirección General de Cultura y Educación ni la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada ni la subsecretaría de educación (art 133 LPE) le han pedido a la iglesia, al Arzobispado ni a los representantes legales informe alguno sobre los contenidos y prácticas en el seno de sus instituciones.

Tampoco han pedido informes o han hecho los controles que figuran en la Ley de Educación acerca de los procederes del cura Sidders, ni aún en circunstancias en que levantaron su programa televisivo en el 2012 por denuncias puntuales en el INADI (organismo de estado), siendo simultáneamente el confesor y director espiritual del colegio o de por qué lo mandaban de Neuquén a Buenos Aires ni qué pasaba que los jóvenes decidían no confesarse como acaba de confirmarse con las denuncias que surgen a partir del testimonio de “Rocío”. La responsabilidad sobre los abusos a decenas de niñxs que hoy están saliendo a la luz fue sin de cada uno de los gobiernos que gestionaron la provincia de Buenos Aires.

Vale tener en cuenta que el San Vicente de Pauls , en la que se desempeñaba hasta este año el cura Sidders, recibe el 100% de subsidio estatal, aunque cobra cuotas de más de diez mil pesos por mes, cuyo 50% o más va directamente al Arzobispado.

Sin embargo el artículo 137 de la ley provincial dice “Para obtener dicho beneficio y mantenerlo, los establecimientos educativos de Gestión Privada deberán cumplir con las obligaciones de la presente ley…La asignación del aporte se basará en criterios objetivos de acuerdo al principio de justicia distributiva.” Nuevamente, las obligaciones son gestionadas por funcionarios que pertenecen al culto católico, a cargo de quien está la gestión de las empresas educativas.

La propia Ley de Educación Provincial (a imagen y semejanza de la Nacional) en su Capítulo VIII dedicado a LA EDUCACION DE GESTION PRIVADA integra a las escuelas de gestión privada al Sistema Educativo Provincial y permite que el manejo y control completo de las escuelas de enseñanza privada esté en manos de los dueños de las instituciones, con preeminencia de la iglesia católica con la “bendición” del gobierno a través de la Dirección General de cultura y escuelas.

¿Quién tenía la dirección de escuelas y la tarea de supervisar el funcionamiento de las instituciones privadas? El director general de escuelas era Mario Oporto.

En el 2011 cuando se comienza a emitir el programa Ave María Purísima (subsidiado por el gobernador Daniel Scioli), en donde este cura llevaba a los niños en una combi para que participaran escuchando todo tipo de expresiones, ejemplos y situaciones de degradación de la mujer, de los pueblos aborígenes y de reivindicación de la dictadura militar, la Directora General de Cultura y Educación era Silvina Gvirtz (hermana del director ultra k del programa 6,7,8) y cuando se levanta el programa por las denuncias ante el Inadi, era Nora De Lucía.

Separación de la Iglesia del Estado

El accionar de las víctimas, confluye con el reclamo pertinaz de la ola verde: separación de la Iglesia del Estado.

Basta de dejar la educación y a nuestros niñes en manos de la iglesia retrógrada, opresora, oscurantista y abusadora.

Es necesaria una educación única, estatal, científica y laica dirigida por les trabajadores para terminar con toda opresión de género y de clase. Para terminar con toda explotación del hombre por el hombre.

Que el San Vicente de Paul, el instituto Próvolo, los colegios del grupo Fasta y otros sobre los que pesan denuncias gravísimas que cursan en la justicia sean estatizados bajo el control de las organizaciones de la comunidad educativa general, como una medida de emergencia para preservar la integridad de sus actuales alumnos.

https://prensaobrera.com/sociedad/caso-provolo-las-condenas-son-una-conquista-historica-de-los-sobrevivientes/