El año para los docentes comenzó con un achique en sus salarios. Recordemos que las clases comenzaron respetando el calendario nacional en virtud de la conciliación obligatoria impuesta por el gobierno (que permaneció durante casi todo el año), lo que significó la pérdida de los montos por la clausula gatillo (reajuste por inflación).

A mediados de abril, tanto la administración de los Fernández como la de Jalil, con el advenimiento de la pandemia, comenzaron con el ensayo de la educación virtual. Esto significó una reforma de facto en el Estatuto del docente, pues los trabajadores se vieron afectados con una disposición horaria prácticamente full time, y cargaron sobre sus bolsillos la necesidad de adquirir teléfonos, computadoras y contratar servicios de internet para poder cumplir con la exigencias del Ministerio, mientras el gobierno miraba para otro lado, poniendo como excusa el Covid-19.

El 1º de mayo, al abrir la sesión ordinaria del cuerpo legislador provincial, el gobernar Jalil lanzó el anuncio de ir a fondo con el ajuste contra los empleados públicos y los docentes en particular. Sobre estos últimos pretendía que trabajaran en una sola escuela, lo que significa un ataque liso y llano a los docentes, pues con sueldos de hambre, maestros y profesores necesitan trabajar en más de una escuela para poder cubrir sus necesidades mínimas y la de su familia. Esta posición política del gobierno generó un repudio de la base docente, que empujó a la burocracia a salir a las calles, y posteriormente Jalil comenzó con idas y venidas y metió dicha reforma en el frizzer.

El gobierno también anunció el desguace del Ministerio de Educación que quedaría repartido en tres. El Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de parte de los IES; el Ministerio de Planeamiento, donde pasó todo el sector de recursos humanos; y el propio Ministerio de Educación que se quedó con educación inicial, primaria, secundaria y parte de los IES. Este vaciamiento del Ministerio y sobre todo el traspaso de los IES, generó el movimiento de autoconvocatoria de docentes y estudiantes que se extendió por todo la provincia y obligó al recule del gobierno, que cedió en parte a sus aspiraciones con el auxilio de los senadores y la oposición.

Los sindicatos

En el medio de los reclamos en las calles por el cambio de Ministerio de la Educación Superior, el gobierno decretó un aumento salarial del 21% en dos cuotas (la última se cobra en enero 2021) para todos los empleados públicos incluidos los docentes ante el silencio impávido de todo el arco sindical.

Desde luego que el gobierno contó con vía libre para llevar adelante los atropellos en contra de los docentes, pues la burocracia sindical, imitando al tero, salía no para llevar a la victoria la lucha que movilizaban las bases, sino para encorsetarla. Así pues se mantuvieron en silencio frente al 21% de “aumento” impuesto por Jalil, lo que a la luz de la inflación y al atraso histórico que tienen los sueldos mantiene a la mayoría de los docentes con sueldos de pobreza.

Frente al ajuste en educación superior, la presencia del arco sindical sólo fue testimonial, sin poner el cuerpo en la lucha de docentes y estudiantes. La clásica loza al para impedir que el movimiento de base ponga en riesgo la dirigencia enquistada en los gremios.

El ajuste que viene

El ajuste en educación en el presupuesto 2021 aprobado por unanimidad por los diputados provinciales, plasma sin discusión el achique que sufrirán los trabajadores en general y los docentes en particular. Comparando el presupuesto 2019 con el que tiene media sanción en diputados, se nota un achique concreto en la disponibilidad de horas cátedras para personal permanente de 9.665 menos, mientras que para docentes no permanentes (suplentes e interinos) el achique representa 3.720 menos.

Esto advierte que la política desplegada por la administración Jalil durante este año se intensificará en el próximo. Durante los últimos días del ciclo lectivo, los equipos de conducciones de las escuelas, vía memorándum, fueron obligados a informar la cantidad de estudiantes activos por aulas con la idea de unificar cursos o directamente hacer desaparecer las escuelas anexos, lo que significa sin dudas despido encubierto de gran cantidad de docentes.

Conclusión

Un año signado por ajustes, usando como pretexto la pandemia para disfrazar la crisis de la cual no escapa la provincia en el contexto nacional, y donde la salida de los gobiernos es descargarla contra los trabajadores, se logró frenar aunque sea parcialmente la avanzada del gobierno de Jalil producto de la lucha en las calles, superando la inercia de los sindicatos.

El desafío es organizar tempranamente a la docencia, poniendo sobre la mesa cual es la política del gobierno en educación. Frente al achique presupuestario, planteamos su triplicación; frente a sueldo de hambre, planteamos salario igual a la canasta; defendemos el Estatuto del docente, para que se respeten nuestra horas de trabajo y nuestra funciones por cargo; para que se llamen a asambleas de opción de cargos y cumplir suplencias y por la titularización de compañeros que están en condiciones de hacerlos. Por el no paso de los IES al ministerio de ciencias e innovación tecnológica. Por el 82% móvil para nuestro jubilados. Por el acondicionamiento edilicio y equipamiento tecnológico de las escuelas. Pago inmediato de las deudas salariales.

En definitiva, por la defensa de la educación pública, que es vapuleada por todos los gobiernos en beneficio del negocio de la educación privada, soportada casi en un 90% por el bolsillo de todos los trabajadores.