La Ministra de Educación, Daniela Torrente, ha dado a conocer las localidades y los ámbitos en los que volverían las clases presenciales. Son localidades que tuvieron pocos o ningún caso de Covid-19 y sus respectivas escuelas rurales. Esta primera fase incluye a alumnos que cierran o comienzan períodos educativos. En la segunda fase, se comenzará con las escuelas del ámbito urbano.

La vuelta a clases responde a la necesidad de escolarizar a una parte de la enorme masa de alumnos que quedaron fuera de la escuela, por no poseer las condiciones materiales de conectividad necesarias para la realización de la educación virtual. La ministra miente al decir que solo un 20% de los alumnos tuvo bajo o nulo contacto educativo; esa cifra proviene de encuestas tramposas realizadas a docentes y directivos que elevan forzosamente la cifra de escolarización. En realidad, esas mismas encuestas sin amaño revelarían un 70 u 80% de alumnos desescolarizados.

El momento que elige el gobierno para volver a clases es pésimo: la provincia tiene más de 300 muertos por Covid-19 y los casos siguen aumentando, poniendo en riesgo a los docentes que deben trasladarse desde ciudades con alto riesgo de contagio hacia zonas de escaso riesgo, transformándolos en posibles vectores del virus y arriesgando sus vidas y las de sus alumnos.

A todo esto, el gobierno cerró la paritaria luego de ofrecer un mísero 7,8% y sin cumplir la cláusula gatillo. Con esta decisión, el gobierno de Jorge Capitanich y Torrente imponen una vuelta a clases sin posibilidad de negociar las condiciones de regreso y la situación salarial docente. Un regreso a la presencialidad ordenado debe partir de una convocatoria al diálogo con los docentes de base, no solo con los sindicatos, y con la reapertura obligatoria de las paritarias.