El gobierno de Domingo Peppo ha presentado un proyecto de reglamentación de las escuelas de gestión social. El proyecto establece la regularización de los docentes bajo un estatuto paralelo, con menores derechos, y por lo tanto un marco para una implementación efectiva de una línea de privatización educativa bajo control de organizaciones sociales amigas del gobierno.

Esto se viene ya llevando adelante en forma amplia, sin ningún tipo de reglamentación. Las escuelas de “gestión social” son tierra de nadie en materia de derechos laborales. Este escándalo de falta total de normativa es una fuente permanente de crisis y denuncias. La reglamentación busca encuadrar el sistema de gestión social con vías a expandirlo y terminar, a fin de cuentas, ganando una gran parte del lugar que hoy ocupa la escuela pública. Los cierres de cursos despoblados por la apertura de escuelas de “gestión social” han sido denunciados frecuentemente por los docentes en lucha.

A dedo

La reglamentación establece que las escuelas de gestión social serán dirigidas por un Consejo Directivo integrado mayoritariamente por miembros de la organización social que impulsa la escuela. Ese consejo designa docentes y directivos por fuera de los listados de orden de mérito, es decir, “a dedo”. La relación laboral de los docentes es con la escuela y con la organización, no con el Ministerio, una manera del Ministerio de evitar hacerse cargo de litigios que surjan. El Ministerio, sin embargo, paga los sueldos.

Nunca titulares

La titularidad no está contemplada para los docentes de escuelas de gestión social. La contratación será por dos años renovables. Sin embargo, ni siquiera estos dos años están del todo garantizados, porque se establece genéricamente la posibilidad de sanciones con motivos muy amplios, sin que esté clara la autoridad de apelación por parte de los docentes. Esto podrá dar lugar al despido de docentes, incluso por motivos ideológicos. La junta de disciplina e incluso los mecanismos administrativos de sanciones y de instrumentación del derecho de defensa que valen en las escuelas públicas son borrados del mapa.

Esto podrá dar lugar a todo tipo de arbitrariedades dejando indefensos a los docentes frente a la patronal (las organizaciones sociales).

Salarios a la baja

La redacción del proyecto es pérfida cuando toca el punto salarial, porque establece que los docentes deberán tener una retribución que “no podrá ser inferior a la que percibe el personal en la enseñanza oficial en establecimientos o servicios de la misma especialidad y categoría, conforme a la equiparación fijada que establezca la normativa vigente”. Esta redacción se presta a una rebaja salarial, porque se establece la equiparación en “especialidad y categoría” pero no en otros items como antigüedad o ruralidad, en asignaciones familiares, FONID u otros rubros. Dado que los docentes dependen del Consejo Directivo, los salarios no serán liquidados por el Ministerio, abriendo paso a arbitrariedades salariales, que por lo demás se harían administrando recursos otorgados por el Estado.

El desafío: la organización sindical

El derecho a la organización sindical, a huelga, a la elección de delegados, es permanentemente negado en las escuelas de gestión social. La facilidad actual de sacarse de encima a los docentes “díscolos” permanece en el proyecto. La falta de estabilidad laboral es un golpe a la organización sindical docente, más aún en una provincia donde el desempleo docente es moneda corriente. Las EPGS han servido los últimos años para quebrar las huelgas docentes, liquidando el derecho a huelga a la par de las privadas.

Sin conquistar esta organización, los derechos contemplados en la reglamentación corren el riesgo de ser letra muerta, porque la presión por cumplir con las reglamentaciones del Consejo Directivo para no perder las fuentes de trabajo va a anularlos. Eso va a ocurrir por ejemplo, con las licencias, que se equiparan a las de los docentes interinos. La conquista de la organización sindical es un elemento clave.

La estabilidad laboral es esencial por otro motivo: garantizar una minima libertad de cátedra contra la presión de las organizaciones, para que las EPGS dejen de ser una usina de adoctrinamiento paraestatal. Sin estabilidad ni organización, sometidos al despido o el recorte arbitrario de horas, los docentes van a ceder inevitablemente a las presiones en materia de contenidos escolares, perdiendo cualquier posibilidad de pluralidad mínima.

Por estos motivos, llamamos a rechazar el proyecto de reglamentación de las EPGS presentado por el Gobierno.