En vísperas del comienzo del juicio oral y público de las causas de corrupción del Consejo Escolar, del interventor Nasiff y el gasista detrás del asesinato laboral de Sandra y Rubén en 2018, se realizó un trenazo hacia Mercedes para llevar el reclamo de una parte de las familias.

Una comisión de organizaciones sociales cooptadas por el gobierno, burocracias sindicales (ATE, Suteba, Amet, Udocba) y partidos políticos peronistas, que se reúnen todos los años para armar las marchas “recordatorias” de Sandra y Rubén, armaron un trenazo hacia los juzgados de Mercedes para solicitar la separación de la causa de Sandra y Rubén de la megacausa de corrupción del Consejo Escolar, la fecha del juicio, entre otras cosas. Pero esta misma comisión organizadora es la que intenta solapar todos los años la responsabilidad de sus gobiernos respecto al estado en el que se encuentran las escuelas. Justo el mismo día del “trenazo” hubo una fuga de gas en la Primaria n°50 de Moreno.

Primero es importante decir que en este proceso judicial no están los responsables políticos en el banquillo de los acusados: María Eugenia Vidal, Sánchez Zinny y Festa (exintendente peronista) gozan de la libertad, libres de culpa y cargo. Las movilizaciones de los 2 de agosto son para culpabilizar a Juntos por el Cambio revindicando sus gestiones peronistas. Ocultando que los 12 puntos de habitabilidad no se cumplieron bajo sus gobiernos.

Tampoco quieren hacerse cargo de que no acompañaron la presentación realizada en aquel momento por el diputado provincial del FIT-U, Guillermo Kane, para el pedido de juicio político a Vidal. Se prefirió garantizar la gobernabilidad y esperar al cambio de gobierno. De la misma manera, el Suteba intentó con el “hay 2019” cerrar la lucha abierta en el 2018. Las movilizaciones no iban al camino de la huelga general hasta que caiga Vidal, todo lo contrario.

Por eso, aunque el juzgado declare las culpabilidades, la justicia por Sandra y Rubén será parcial. Del ajuste contra la educación pública aplicado por María Eugenia Vidal no hay dudas. La intervención en el Consejo Escolar de Moreno aplicó un ajuste brutal sobre las escuelas del distrito que tuvo su expresión máxima en la explosión de la Primaria n°49 y el asesinato de Sandra y Rubén. Pero esto no opaca la corrupción de los consejeros escolares peronistas. Títulos truchos, defraudación al Estado entre otras cosas son los procesamientos hacia ellos. Algunos de ellos ya aceptaron el juicio abreviado condenándolos a menor tiempo. Otros estuvieron en funciones hasta el 2021 bajo el ala de la intendenta Mariel Fernández.

La justicia por Sandra y Rubén es también que en cada una de las escuelas tenga los 12 puntos de habitabilidad, es decir, que las escuelas tengan las condiciones necesarias para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto no sucedió durante el gobierno de Scioli, de Vidal ni tampoco de Axel Kicillof. A nivel municipal, el uso del Fondo Educativo es la caja chica de los intendentes, es decir, que Mariano West, Arregui, Festa y Mariel Fernández lo usaron discrecionalmente. Hoy en día los consejeros escolares manifestaron que en Moreno faltan 60 escuelas y 7.000 pibes no tienen vacantes, es la confesión del su fracaso. Las escuelas que Kicillof dice haber construido muchas empezaron a construirse en gestiones anteriores y otras solo fueron arregladas.

Por todo esto, desde Tribuna Docente Moreno exigimos que en cada una de las escuelas se cumplan los 12 puntos de habitabilidad, que realmente el 100% del Fondo Educativo vaya a las escuelas y reclamamos el control popular del Consejo Escolar para ir solucionando los problemas de infraestructura. Necesitamos asambleas para debatir un plan de lucha por el ajuste en la educación. El Estado y los gobiernos son responsables. Justicia por Sandra y Rubén.

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