Los directivos y supervisores del sistema municipal de Córdoba debaten conjuntamente el protocolo de regreso a las escuelas, ante los anuncios del ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, y la pretensión del secretario de Educación municipal, Horacio Ferreyra, de proceder en ese sentido. La iniciativa de los trabajadores constituye una posibilidad de intervención para enfrentar las presiones patronales en relación con el regreso a las aulas.

Según los anuncios realizados, se propone un aula con un cupo máximo de quince alumnos, desdoblando grupos; pero se plantea que cada docente dicte una clase presencial a un grupo y la replique de manera virtual al grupo que no pudo asistir. En el caso de las 37 escuelas municipales, el panorama resulta similar al que se plantea para las escuelas provinciales: al deterioro de algunos edificios, del mobiliario y de las instalaciones de gas y sanitarias se suman las enormes dificultades para sostener una educación virtual, como consecuencia de la falta de medios tecnológicos y de conectividad, además de las inherentes al acompañamiento familiar en las propuestas de actividades ofrecidas.

La propuesta a debatir en las escuelas municipales

Junto al marco provincial, las autoridades municipales proponen el regreso del primer y sexto grado, divididos en grupos para ser atendidos por los maestros de primer y segundo (para 1°) y quinto y sexto grado (para 6°) respectivamente; y la no convivencia simultánea de más de 90 estudiantes por turno. El esquema plantea presencialidad cuatro días de la semana, reservando el quinto para el acceso de otro grado, considerado prioritario. Por las dificultades de autonomía para su higiene y atención, no se considera la posibilidad de regreso del nivel inicial.

Los directivos advirtieron que la propuesta parte de suposiciones irreales e inviables a propósito del espacio en las aulas, el mobiliario, la conectividad y las condiciones de salubridad; y que subestima la peligrosidad de la propagación del virus en el ámbito escolar. Plantearon que, si los docentes deben regresar para impartir clases presenciales a grupos reducidos de manera subsidiaria, no habría quién atienda al resto de estudiantes de manera virtual; también el problema de docentes con hijxs a cargo (escolarizados o no), con licencia por pertenecer a grupos de riesgo o responsables de adultos mayores. Estas consideraciones muestran que solo quienes caminan las escuelas –y no quienes las piensan desde escritorios- advierten los peligros inherentes a una propuesta que entraña falta de condiciones de infraestructura,  flexibilización y sobrecarga de la tarea docente. Además, señalaron que este retorno se da en el marco de un ataque al estatuto municipal que afecta de conjunto a los trabajadores municipales, incluyendo al personal ligado a educación.

Por otra parte, destacaron las dificultades inherentes a la atención de niñes con necesidades educativas especiales, cuyos tratamientos han sido interrumpidos. El aprendizaje posible en un abordaje presencial se complejiza de manera exponencial en la virtualidad, porque las familias no cuentan con medios tecnológicos ni con conectividad que permita un contacto frecuente y asiduo con las clases virtuales ofrecidas por les docentes.

El panorama abierto por los directivos plantea la necesaria incorporación de docentes para desarrollar actividades pedagógicas virtuales y presenciales, sin vulnerar los derechos de los alumnes ni de les docentes, garantizando tecnología y conectividad necesarias a unos y otros. La propuesta de incorporar docentes es perfectamente viable pero se topa con el bloqueo sistemático a los actos públicos virtuales, reclamados desde que inició la cuarentena por todos los agentes del sistema educativo.

Les docentes estamos a favor de la presencialidad, pero no en las actuales condiciones, donde la salubridad está muy lejos de ser la recomendada por la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación o el mismo Centro de Operaciones de Emergencia (COE) provincial. Seguridad y salubridad deben estar garantizadas por el gobierno y no pueden quedar a merced de las cooperadoras escolares, para que no se ponga en riesgo a estudiantes, personal docente y no docente.

Estos requisitos deben ser verificados y constatados por les trabajadores de las escuelas, a través de comisiones de higiene, salubridad y seguridad,  teniendo en cuenta la singularidad de sus condiciones edilicias, en un debate con la comunidad educativa. La Secretaría de Educación debe garantizar la cobertura de absolutamente todos los cargos necesarios para afrontar esta situación excepcional.