Existe una fuerte presión del Estado y la clase capitalista –amplificado por la estridencia de la casi totalidad de los medios de comunicación- para emprender un retorno a las clases presenciales en las escuelas, aún con el actual nivel de circulación del virus Covid-19. La docencia, sin embargo, no ha sido presionada desde las familias de manera directa, sino al contrario: hasta el momento la inmensa mayoría de los estudiantes convocados al retorno a la presencialidad (alrededor de un 90%) ha decidido no asistir.

“Cuando las condiciones sanitarias lo permitan”

La mayoría de los funcionarios nacionales y de las distintas jurisdicciones repite como un mantra que las reaperturas se dan “cuando las condiciones sanitarias lo permiten”, sin precisar qué implica esto. Si la cuarentena estricta de marzo/abril se sostuvo con algunos pocos centenares de casos en todo el país, y en la actualidad los contagios diarios no bajan de 10.000 y el país se encuentra entre los peores índices del mundo, la definición ambigua de los gobiernos da cuenta de una decisión política tomada, con independencia de toda objetividad: las reaperturas no se están llevando a cabo por razones epidemiológicas, sino estrictamente por motivos económicos y políticos.

Para una reapertura segura de actividades educativas presenciales de todos los niveles, es preciso contar con una situación epidemiológica controlada, esto es, que la circulación comunitaria del virus Covid-19 sea nula, que los casos se den estrictamente por importación desde lugares con brotes o con el virus en expansión, o por contactos estrechos con éstos.

Esta situación puede ser sostenida en el tiempo siempre que haya testeos masivos, una fuerte política de prevención y corte de la cadena de contagios, junto a una fuerte inversión en salud dotando de insumos y personal a todos los centros sanitarios, y una centralización de todo el sistema sanitario que permita al Estado tener una visión panorámica y precisa del estado de la circulación del virus y de las respuestas que está dando el sistema.

La otra circunstancia posible para una reapertura segura de la escolaridad presencial es la puesta en marcha de un plan masivo de vacunación.

¿Revinculación? ¿Actividades presenciales “no escolares”?

El objetivo de una escolaridad presencial debe tener una perspectiva pedagógica, teniendo al trabajo con los contenidos escolares y el rearmado del “rol de alumno” como ejes principales, entre otros posibles.

El impacto de la suspensión de clases presenciales desde el 16 de marzo, con los problemas específicos para el sostenimiento de la escolaridad de muchos niños y jóvenes, sumado a las carencias materiales de dispositivos y conectividad, así como las posibilidades de autonomía en el trabajo de aprender a la distancia, generaron una situación de desescolarización de un porcentaje altísimo de alumnos de todos los niveles educativos.

No se trata simplemente “revinculación” o de “recuperar contenidos”, sino de retomar un camino de acceso a la cultura (de tradición y circulación escrita, en mayor medida) que, producto de la desorganización, improvisación y ajuste desarrollado desde los gobiernos nacional y jurisdiccionales, fue interrumpido, discontinuado o flexibilizado.

El énfasis puesto en la “revinculación” como un fin en sí mismo para las actuales reaperturas vacía de contenido específico a la escuela y tiende a reforzar la idea de espacio de “contención” y “permanencia” con una flexibilización de los aprendizajes y el acceso a los distintos saberes (científicos, técnicos, artísticos, literarios, filosóficos, sociales, corporales, emocionales, vinculares, etc.).

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¿Los edificios escolares que dejamos en marzo son lugares seguros?

El déficit en infraestructura escolar se extiende a lo largo y ancho del país, desde hace décadas. Edificios que requieren intensas obras de refacción y mantenimiento, dotación de los servicios básicos, baños en condiciones, climatización, accesibilidad inclusiva y segura, etc. Desde antes de la suspensión de clases presenciales la comunidad educativa y los sindicatos combativos venimos denunciando una crisis en la infraestructura escolar que en agosto de 2018 se llevó la vida de Sandra y Rubén tras una explosión en una escuela de Moreno.

De marzo a la fecha las refacciones que se han realizado tienden a cero. Además, dado que durante varios meses (seguramente todo 2021, en principio) se deberán mantener las medidas de distanciamiento en los lugares públicos, la cantidad de aulas y escuelas es insuficiente.

Paradójicamente, son las cámaras patronales de la educación privada las más preocupadas por esto. Rodolfo De Vicenzi, vicepresidente de la Confederación Argentina de Enseñanza Privada, expresó la preocupación en declaraciones radiales: “la única manera que los chicos estén en las aulas es retornar a la normalidad educativa sin burbujas”. Esto porque mantener en 2021 grupos de no más de 10 estudiantes supone multiplicar por 3 o por 4 la cantidad de aulas y de docentes. La brutalidad de la confesión sirve para graficar las operaciones de encubrimiento por parte del Estado y los “formadores de opinión”: las flexibilizaciones de los ya de por sí flexibles protocolos son el resultado del lobby empresarial, no de las condiciones sanitarias objetivas.

Corresponde reclamar la inmediata construcción de establecimientos educativos de todos los niveles, especialmente Inicial, Primario y Secundario en todo el país, a través de una inversión pública extraordinaria desde el Estado nacional y de las 24 jurisdicciones. Junto con esto, debe declararse de interés público sujeto a expropiación a todos los edificios y predios privados en desuso de las distintas jurisdicciones, así como la prohibición de venta de edificios y predios que sean propiedad del Estado.

Asimismo, deben revisarse la totalidad de los subsidios a las escuelas privadas, la apertura de los libros de las empresas/escuelas y centralizar el sistema educativo desde el Estado para utilizar todos los recursos con una perspectiva de bien público, tendiendo a eliminar el lucro capitalista sobre la educación, estatizando toda institución educativa privada que despida docentes, expulse alumnos, ponga en riesgo sanitario a su comunidad, baje salarios o cierre.

La cantidad de alumnos por grado/curso/sección en ningún caso puede exceder los 12 estudiantes, en los niveles Primario, Secundario y Sala de 5 años del nivel Inicial, siempre que las aulas permitan con esta cantidad mantener un distanciamiento de al menos 2 metros por persona. Para las restantes salas de nivel Inicial la cantidad máxima debe ser: Sala Lactarios hasta 5 niños, Sala Deambuladores hasta 7 niños, Sala de 2 años hasta 8 niños, Sala de 3 y 4 años hasta 10 niños. En todos los casos cada sala debe estar integrada por al menos una maestra de sección y una auxiliar permanente.

Todos los insumos necesarios de limpieza, desinfección y prevención sanitaria deben ser condiciones necesarias para que puedan sostenerse actividades presenciales, junto con la entrega de kits de higiene personal a todos los estudiantes y trabajadores de las instituciones educativas. La dotación de personal auxiliar de limpieza debe aumentarse para bajar al mínimo posible la cantidad de aulas y otros espacios de uso común que debe limpiar cada trabajador.

En cada turno de todos los establecimientos educativos de todos los niveles deben conformarse comisiones de higiene y bioseguridad formada por directivos, docentes y familias (y por estudiantes, en el caso del nivel Secundario) con potestad de supervisar la dotación de insumos, personal suficiente y condiciones de bioseguridad, elevar informes a las instancias superiores del sistema educativo y los respectivos organismos de gobierno, así como de suspender todas las actividades presenciales si las condiciones no son óptimas.

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Cierre del ciclo lectivo 2020 y trayecto del 2021… ¿con qué recursos?

Aún en las versiones más extremas de reaperturas generalizadas, existe el punto de congruencia en que el ciclo lectivo 2020 cerrará durante los primeros meses de año próximo, y que el ciclo lectivo 2021 no será “normal”. Es decir que habrá instancias de presencialidad parcial combinadas con la virtualidad.

De lo que no hablan los funcionarios de los distintos gobiernos es con qué docentes se sostendrá este sistema educativo “bimodal” (presencial y virtual). Si, aun con grupos reducidos, cada docente debe sostener los encuentros presenciales diariamente distribuyendo la matrícula en los distintos días de la semana, ¿en qué momento puede dedicarse a sostener encuentros o actividades virtuales?

Mucho se ha hablado también del impacto en la subjetividad de las infancias, niñeces y adolescencias de los meses de aislamiento: de la suspensión de clases presenciales, de las múltiples situaciones de vida familiar producto de la cuarentena, la crisis, la desocupación, la pérdida de ingresos, las posibles complicaciones en la salud propia o de otros miembros del grupo familiar, posibles situaciones de violencias o abusos, etc.

De lo que tampoco habla el arco político gobernante es con qué profesionales se abordarán esas problemáticas (psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc.).

Es necesaria la inmediata ampliación de las plantas docentes de todas las escuelas y niveles. En primer lugar, reincorporando a los miles de docentes desempleados que fueron cesados durante la suspensión de clases presenciales, y luego abriendo actos públicos para tomar docentes que puedan sostener el trabajo en parejas pedagógicas para reforzar el seguimiento de las trayectorias escolares de cada grupo y cada estudiante.

Se hace preciso, asimismo, la urgente ampliación de la planta de profesionales de los equipos de orientación y apoyo a las escuelas (psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc.) para que sea posible cubrir con un equipo para cada turno escolar de cada escuela.

Lo propio ocurre con el cuerpo docente de la Educación Especial, tanto de las escuelas de esta área o modalidad, como del personal docente que acompaña a alumnos que cursan en escuelas comunes (maestras especiales, de apoyo, profesionales fonoaudiólogos, intérpretes de lengua de señas, etc.).

En aquellas jurisdicciones en las que existen, los programas socioeducativos deben ser ampliados en su cantidad de personal docente (e ingresados a los Estatutos Docentes, en los casos en que persistan situaciones de precarización laboral), para reforzar el seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes.

Desde el gobierno nacional y de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, se viene sosteniendo la “promoción acompañada”, los “reagrupamientos flexibles” de grupos de estudiantes, el seguimiento de cada trayectoria escolar en relación a las posibilidades que tuvo durante el presente año para sostener la escolarización, etc. Esto no puede recaer en una sobrecarga laboral sobre la misma planta docente de cada institución. Eso llevaría a una situación extrema de flexibilización laboral, pero además redundaría en un posible próximo fracaso escolar de muchos estudiantes.

Existe una mirada perversa por parte del Estado (y de algunos de los intelectuales de la educación integrados al mismo) de descargar la responsabilidad por la crisis educativa al quehacer docente, absolviendo al Estado y a los gobiernos en esta responsabilidad. No se trata solamente de elaborar orientaciones didácticas, sino además de exigir condiciones laborales y recursos para que sean posibles de llevar a la práctica y sostenerse.

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Seguimos reclamando dispositivos y conectividad

Finalmente, a pocas semanas del cierre del ciclo lectivo 2020, no ha habido entregas masivas de dispositivos ni se avanzó en garantizar la gratuidad de la conexión a internet para estudiantes, familias y docentes. Los anuncios rimbombantes del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, terminaron siendo un bluff, una fanfarronada.

Es preciso la reinstalación inmediata de entregas masivas de dispositivos, ampliando y superando los límites que tuvo el Plan Conectar Igualdad de 2011-2015, y todos los programas jurisdiccionales como el Plan Sarmiento en CABA, que garanticen el acceso a los dispositivos e internet de manera universal (sin requisitos de cobro de la AUH o similares filtros).

También deben entregarse en cantidades suficientes cuadernillos, libros, manuales y kits escolares a los estudiantes, en articulación con las supervisiones escolares y las solicitudes elevadas por cada establecimiento escolar, en base a las necesidades de su comunidad educativa y los proyectos educativos desarrollados.

Debatir un planteo de emergencia en cada escuela, asamblea, plenario y sindicato

Todo este planteo debe ser apenas una base para debatir públicamente las posibilidades de un retorno seguro a la escolaridad presencial. Quedan afuera los reclamos específicamente docentes como el salario, las jubilaciones, el ingreso de emergencia para los docentes sin cargo, la defensa o restitución de los estatutos docentes, la transparencia en el acceso a los cargos contra toda forma de arbitrariedad del poder político en la asignación de los mismos, etc.

Se trata más bien, de un planteo de salida ante la emergencia de la crisis nacional que se abre a partir del levantamiento casi total de toda medida de prevención y mitigación de contagios del virus Covid-19 por parte del gobierno de Alberto Fernández y todos los gobernadores.

Por un plan de lucha de toda la docencia, en defensa de la salud y la vida de las comunidades educativas, y en defensa de la educación pública y las condiciones laborales y salariales de la docencia.

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