Asistimos a una disputa entre dos gobiernos patronales -los de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta- que compiten por llevar al país a una catástrofe sanitaria y social sin precedentes, para resguardar el ajuste en curso, el acuerdo en marcha con el FMI y el subsidio a las patronales, mientras vacían la educación y la salud. Lo que ha quedado de manifiesto, contradiciendo sus propias normas, en medio del avance descontrolado de la pandemia, con camas colapsadas y una vacunación ultraminoritaria y empantanada, con  la decisión criminal de Larreta de violar el DNU de Fernández y abrir las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y la criminal resolución presidencial que habilita la apertura de las escuelas en todo el país, excepto el Amba.

“El mapa epidemiológico de la Argentina –desarrollado en base a indicadores definidos por el Ministerio de Salud- muestra que el 80 por ciento de las provincias del país está en rojo, es decir en alto riesgo” (La Nación, 15/04). La variación de casos entre las últimas dos quincenas es mayor al 20% y la tasa de contagios en dos semanas excede por lejos los 150 casos por cada 100 mil habitantes.

En estas condiciones, salvo Misiones (según indica el diario), ninguna provincia puede desenvolver actividades presenciales en las escuelas. Es decir, sin agregar las recomendaciones de todo el mundo científico, de la revista Lancet, la coincidencia generalizada de que en mayo se va a un pico de la pandemia, y que estadísticamente está probado que la restauración de la presencialidad en las escuelas fue uno de los disparadores de la actual segunda ola. La suspensión temporal de las clases presenciales es una razón de salud pública.

Esencialidad y educación

El gobierno de CABA, para profundizar los elementos de coerción que obliguen a la docencia a asistir personalmente a las escuelas sin condiciones epidemiológicas, impuso el carácter esencial de la educación, algo ilegal, vía Decreto 125/21. A la única esencialidad que responde este decreto es a la de eliminar el derecho de huelga, derecho que de todas formas las y los docentes porteños están ejerciendo para quebrar la ofensiva antisanitaria y antieducativa de Larreta, puesta en práctica a partir del 19 de abril.

Hipócritamente, en sus fundamentos, el gobierno derechista de Juntos por el Cambio dice basarse en la situación de “emergencia sanitaria que ha golpeado fuertemente a la sociedad, afectando con mayor virulencia a los sectores más vulnerables”.

Hoy,  la esencialidad prioritaria en el desarrollo de la educación es que se vuelva a su desenvolvimiento virtual, para evitar la mayor circulación del virus que promueve la masiva movilización de población vinculada con la escuela.

La segunda decisión de Larreta, que tuvo el apoyo de la Justicia de la CABA, fue desconocer la suspensión de clases presenciales. Esta campaña, junto con el apriete a los docentes, desencadenó una ofensiva de parte de las escuelas privadas de la Ciudad (pero también de muchas instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires) que abrieron sus puertas desde este lunes. Se trata del intento de imponer una esencialidad “a palos”.

Desde el gobierno pejota-kirchnerista, fuera de las palabras y del fuego de artificio con el que respondieron Alberto Fernández y Axel Kicillof, ni uno ni otro ha tomado ninguna medida efectiva para poner en caja ni al gobierno de Larreta ni a las patronales de la educación privada, cuyos intereses de lucro todos defienden.

Así,  el 14 de abril de 2021, en el Consejo Federal de Educación se ratificó el sostenimiento de la presencialidad en todas las escuelas, sostenido por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, lo que luego fue anunciado públicamente en forma conjunta con la ministra Carla Vizzotti (Salud), después de una reunión con el jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero.

La no renuncia de Trotta es justificada, por el mismo ministro, porque decidió “quedarse para pelear para que se reabran las escuelas” y porque “no le podemos ceder la educación a Larreta”  (LPO, 16/04). Las declaraciones de Alberto Fernández de regresar a la presencialidad en cuanto disminuya la saturación de camas, con independencia de la situación epidemiológica, y la decisión, junto a los gobernadores peronistas, incluido Kicillof, de mantener las escuelas abiertas en la mayoría de los distritos, ratifica, no niega, la política que se critica en la Ciudad a escala del país. En medio de la resolución de suspensión presidencial, la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires presiona para que la docencia garantice dotaciones presenciales masivas en las escuelas.

Estamos, así, en presencia de otra variante de esencialidad, también ilegal, porque el gobierno no garantiza las condiciones adecuadas para desempeñar la labor docente (derechos establecidos en la Constitución Nacional y en todos los estatutos docentes). Este atropello se desenvuelve con la colaboración de la dirección del Suteba.

Mientras, todos los días conocemos la muerte de docentes y de alumnos.

Ctera cómplice

La dirección de Ctera (docentes) y de Suteba (docentes de PBA) han aplaudido la resolución de Alberto Fernández, aunque deje a su suerte a la inmensa mayoría del país y de la propia provincia de Buenos Aires, todos en estado de alto riesgo.

La lucha por el resguardo sanitario contra la pandemia, como también en defensa de la continuidad pedagógica vía virtual, luchando por todos los elementos para la conectividad, equipos, becas para las y los alumnos, condiciones edilicias, ha quedado en mano de los sindicatos multicolores. Los paros de 48 horas masivos desenvueltos por Ademys y los Sutebas Multicolores los días 14 y 15 de abril fueron un condicionante indiscutible, que arrancó la suspensión de la presencialidad en el Amba.

Esa lucha tiene hoy el reclamo de que la suspensión temporal de la presencialidad se extienda a toda la provincia de Buenos Aires y a todo el país.

El momento tan crucial que atravesamos hoy, de la defensa de la salud de los trabajadores, ha puesto de manifiesto que sólo sindicatos independientes del gobierno y de las patronales pueden desenvolver una lucha consecuente hasta conseguirlo y que está por delante la necesidad de recuperar la Ctera y sus sindicatos de base de manos de una burocracia sindical que permite que avance en todo el país aquello que denuncia en la Ciudad de Buenos Aires.

Todo el apoyo al paro de los docentes porteños convocado por Ademys y a la lucha que en cada provincia se está desenvolviendo para extender, mientras la crisis epidemiológica lo imponga, la suspensión de la presencialidad en todo el país.

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