Los docentes de Córdoba le han impuesto una derrota al gobierno y a la burocracia que conduce la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la Lista Celeste, que pretendían hacer pasar sin lucha un acuerdo salarial a la baja, que mantiene a los educadores $5.000 por debajo de la línea de pobreza.

Once departamentos que concentran la mayor cantidad de docentes (entre ellos Capital, Río Cuarto, San Martín, Colón, San Justo, Punilla) la rechazaron. En la asamblea de delegados del departamento más masivo e importante- Capital- la propuesta fue rechazada por 444 votos contra 74. La moción votada allí exigió un aumento del 35% y cláusula gatillo sin condicionamientos ni topes y propuso un paro de 48 horas y paro el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora.

Las escuelas han golpeado al gobierno de Juan Schiaretti y torcieron todas las maniobras de la Celeste, que intentó por todos los medios evitar los conflictos con el gobernador y sólo adherir al paro de Ctera del 6, 7 y 8 de marzo “en solidaridad” con el resto de las provincias. Cuando la conducción de la UEPC comprobó que el rechazo era contundente, intentó sacar la iniciativa de la base docente y en la asamblea provincial (una asamblea amañada y antidemocrática) mocionó considerar insuficiente la propuesta pero sin ningún plan de lucha, a la espera de un nuevo monto salarial y para mantener el poder en la mesa negociadora que integra, alejada de los docentes.

El gobierno, emulando el acuerdo que cerró con los empleados públicos, ha ofrecido a los docentes un 5% de incremento, más $50 en negro por hora cátedra, hasta un máximo de $1.000, no remunerativos, con una cláusula gatillo con un tope en 23% en octubre. Es decir, pequeñas cuotas mensuales para llegar al 23% anual que está establecido en el presupuesto provincial.

El planteo es inaceptable: establece un tope que coloca por debajo de la línea de pobreza al salario de la maestra que inicia; e incluso lo hunde más, considerando que está por debajo de la inflación prevista para este año. Se establece la “cláusula gatillo”, caballito de batalla de gobierno y sindicato, que es en verdad un engaño, ya que –al estar atada a la recaudación provincial-opera como una garantía para que el aumento no supere el presupuesto. Para evitar conflictos en el primer semestre y evitar que los reclamos no interfieran en su campaña electoral, el gobierno insiste en que durante esta primera mitad del año la cláusula no tendrá condicionamientos; pero nada indica que no suceda lo mismo que el año pasado, cuando en el segundo semestre el gobierno declaró que la recaudación había bajado y la cláusula gatillo dejará de tener efecto. Por ese ardid los docentes perdimos 11 puntos de nuestro salario en 2018.

De lo que se trata ahora es de imponer con lucha y movilización el programa que votó la asamblea de capital y así garantizar un salario que saque a los docentes de la pobreza, un aumento que no puede ser inferior al 35%, impulsando la participación masiva de los docentes de toda la provincia en el paro del 6 y 7 y transformar el 8 de marzo en un parazo activo junto a todo el movimiento de mujeres.