En una histórica jornada, las y los docentes municipales fuimos parte de una marea humana que se volcó a las calles en defensa de la educación pública frente al ajuste presupuestario de la Universidad Nacional de Córdoba y del resto de las universidades públicas nacionales, como expresión concreta de la motosierra de Milei. La avanzada sobre la educación pública universitaria es punta de lanza de lo que se prefigura como un ataque a la educación pública en general, mediante su desfinanciamiento presupuestario.

Al calor de esta jornada, reflexionamos sobre la situación de la educación pública municipal, que se desarrolla en dos modalidades: formal –en 38 escuelas primarias y jardines de infantes, incluyendo la educación de jóvenes y adultos- y no formal –en parques educativos y Centros de Encuentros Barriales-, donde se dictan talleres gratuitos para los y las vecinas.

La oferta educativa municipal constituye una “joya de la abuela” que los políticos de turno utilizan como credencial para acceder a otras esferas de la política. Es lo que ocurrió con Horacio Ferreyra al frente de la cartera en la gestión de Martín Llaryora, hoy cabeza del Ministerio de Educación provincial, y lo que antes ocurrió con Brenda Austin en la de Ramón Mestre. Sus dimensiones lo colocan en el lugar de laboratorio social para la innovación.

Durante la gestión del PJ se implementó el programa Piensa (Programa de Innovación en la Enseñanza y el Aprendizaje) que amplía la jornada escolar de modo obligatorio, introduciendo la enseñanza del inglés, informática y robótica. Diversificar la enseñanza y acercar recursos tecnológicos a los sectores vulnerables es un propósito inobjetable.

Sin embargo, en un contexto donde la complejidad de la vida escolar profundiza la precarización, el malestar institucional se agrava. Veamos esta afirmación, que de suyo es fuerte, con mayor detalle.

Con el programa Piensa, la jornada escolar se multiplica en extensión y también en complejidad. Asistimos a la superposición de la escuela “tradicional” con la escuela “ampliada”, donde los estudiantes están mayormente a cargo de maestros de ramos especiales en escuelas que, aulas más, aulas menos, mantienen su tamaño edilicio. El pasaje de un espacio curricular a otro descansa en el “tetris” que arman los equipos directivos con horarios balcanizados, garantizando el cuidado de los niños, la atención de la diversidad y el acompañamiento sobre la base de la sobrecarga de tareas; los profesores de ramos especiales no siempre acceden a cargos titulares a pesar de que están vacantes; y la falta de oferta –como ocurre en inglés y en edipro- lleva a que se cubran los “espacios vacíos” con docentes ad honorem de cualquier especialidad.

Así las cosas, la diversidad de problemáticas estalla en las aulas: estudiantes con retraso pedagógico, inasistencias reiteradas, problemas conductuales no abordados, afectaciones a la salud, valoraciones incompletas, falta de DAI para atender problemáticas densas. La caída libre del acceso a la salud se expresa en la escuela como primer eslabón dentro de una serie de instituciones que cada día están más desbordadas.

Con relación a los docentes, la reflexión nos lleva a considerar las condiciones para acceder a la titularidad: las suplentes –en su abrumadora mayoría mujeres- trabajan aproximadamente siete años doble turno, realizando jornadas ad honorem para cumplimentar hasta 70 acreditaciones a lo largo de cada año. Una superexplotación que significa regalarle al Estado municipal un ejército de reserva al servicio de garantizar la implementación del programa Piensa en las escuelas o los talleres educativos gratuitos en los parques. Una vez en la titularidad, el deterioro de la salud lleva a que muchas docentes necesiten carpetas prolongadas o pasividad, lo cual hace que sea un boomerang que se vuelve en contra del propio sistema, alimentando la competencia en base a la resistencia física antes que en la calidad de la formación.

Una mirada política sobre la educación pública

El ajuste del gobierno nacional ha llevado en solo cuatro meses a una inflación acumulada del 54,8%, traducida en una brutal caída de los ingresos de la población. En la provincia, el gobernador Llaryora ha ido más lejos que Milei: el recorte de los salarios de los estatales y la precarización va de la mano de los tarifazos a la luz, el transporte, el diferimiento de las jubilaciones y el incremento del saqueo aumentando las alícuotas del Apross.

El intendente Daniel Passerini continúa con la línea rectora del gobierno provincial en la municipalidad, lo que impacta tremendamente en las escuelas y jardines municipales: en las familias que asisten a las escuelas -cuyos ingresos están cada día más deteriorados- y en la docencia municipal -cada día más precarizada. Las prioridades de la gestión educativa, expresadas bajo el lema “conectar, incluir y humanizar”, se sostienen sobre la base de la precarización de cientos de trabajadores que integran este ejército de reserva educativo. En ese sentido, resulta una impostura por parte de quienes nos gobiernan realizar declaraciones en defensa de la educación pública, laica y gratuita mientras se ajusta a la docencia.

Una salida en defensa de la educación pública

Revertir el cuadro de crisis que se expresó en las calles con la multitudinaria movilización que protagonizó el pueblo de Córdoba requiere de un programa de independencia política que ponga la defensa de la educación laica, gratuita y de calidad por encima de cualquier pretensión de motosierra y licuadora nacional, provincial o municipal. En ese sentido, la tarea gremial por delante es enorme y solo puede venir de la mano de la docencia organizada en cada escuela, bajo un programa que le ponga un freno a la explotación laboral y reclame los recursos necesarios para garantizar condiciones efectivas de calidad y gratuidad: defensa del salario docente, respeto por la jornada única de trabajo, acceso a formación de calidad gratuita, pago de las jornadas trabajadas por fuera del cargo, cuidado de la salud y la integridad biopsico-social de la docencia y el estudiantado, y becas para los estudiantes.

De nada sirve ofrecer una jornada ampliada si quienes deben ofrecerla viven una alienación continua por las condiciones en las que ejercen su tarea y cuando desde el poder se avalan discursos regresivos que justifican la deserción escolar para la incorporación temprana al mercado laboral.

Es imperativo defender a los trabajadores de la educación en general y de la educación municipal en particular para garantizar una efectiva defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Nuestro próximo encuentro masivo debe ser hacer activo el paro convocado para el próximo 9 de mayo por la CGT.

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