En la semana previa al receso escolar de invierno, las autoridades de educación de nivel provincial y municipal indicaron que las escuelas debían desarrollar tutorías presenciales como modo de establecer la vinculación con aquellos niños que no tuvieron acceso a la virtualidad. La medida se informó a través de las inspecciones, a pesar de que seguía vigente la alarma epidemiológica que estableció la suspensión de la presencialidad en prácticamente toda la provincia.

El dato es relevante y merece un análisis por el antecedente que genera. Lo hacemos mientras transitamos la primera semana del receso escolar, con una meseta alta en el número de contagios por Covid, el ingreso de la variante delta en la provincia y un descenso de ocupación de camas de UTI, para advertir a la docencia acerca de la ofensiva que los funcionarios han implementado con esta medida ya que puede repetirse en el futuro próximo.

Las tutorías en el ámbito municipal fueron convocadas por un comunicado de la Secretaría de Educación. “Entre los días 5 de julio y 8 de julio próximos, se continúa con la modalidad remota para aquellos estudiantes que han sostenido el vínculo pedagógico, y se habilitan tutorías presenciales de apoyo y acompañamiento para aquellos niños y niñas que presentaron dificultades”.

De este modo, la secretaría de Horacio Ferreyra habilitó la presencialidad a pesar de la vigencia del alerta epidemiológico que regía en la provincia disponiendo a todo el personal a garantizar las tutorías “con los estudiantes que así lo requieran y/o situaciones que se consideren pertinentes por los equipos directivos, procurando el sostenimiento de las trayectorias escolares”. Con esta medida, las autoridades municipales se colocaron por encima del propio COE, estableciendo la convocatoria a través de las autoridades escolares y colocando la responsabilidad de garantizar la educación en los docentes allí donde el propio estado no la garantizó con dispositivos y conectividad.

De esta manera, el “sostenimiento de las trayectorias escolares” quedó bajo la responsabilidad de los docentes y de las familias, que por no tener recursos para la virtualidad eran convocadas a exponer a sus hijos a una presencialidad en el marco de una alarma epidemiológica. Frente a la polémica medida, el equipo de supervisión reforzó la idea de que las escuelas debían ejecutar las tutorías presenciales. “La gestión informa que se habilitó esta instancia a pedido y por la preocupación relevada en las reuniones con directivos, en relación a la necesidad de habilitar opciones que garanticen contacto pedagógico presencial con los alumnos cuyo proceso de enseñanza y aprendizaje se ha visto resentido por inasistencias u otros motivos. Es decir: en aquellos casos puntuales de necesidad la escuela debe dar respuesta precisa y concreta, haciendo uso de la tutoría. Por tal motivo, cada institución deberá informar de cada grado, qué alumnos serán citados y los horarios. No necesariamente tienen que cumplir agentes y alumnos todo el horario escolar, ni todos los días habilitados. A mayor necesidad, mayor frecuencia sería la premisa. Las cuestiones organizacionales quedan a cargo de cada institución. Las mismas deberán constar en acta y ser informadas a Supervisión”.

¿Qué hay detrás de las tutorías?

La medida constituye una forma de trasladar la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación inherente al Estado sobre los docentes y las familias, violentando la restricción de la circulación recomendada en un contexto de alarma epidemiológica. Y ello además sobre la justificación de que tal decisión es una concesión al pedido de los directivos. Con esto se delimita un doble estatus de estudiantes: los que pudieron sostener el vínculo pedagógico y los que presentaron dificultades. Los primeros obtienen un premio: no son convocados presencialmente. Los segundos, y en virtud de su dificultad, pueden exponerse a la circulación.

Quienes habilitaron las tutorías sin cuestionar la medida, respondieron subjetivamente desde el lugar de empatía por los estudiantes frente a la falta de recursos del Estado. Otros justificaron la necesidad de colocar “notas” para “medir” los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y cerrar boletines sin dimensionar la exposición a la que fueron sometidos. Desde nuestra agrupación rechazamos enérgicamente esta distorsión y denunciamos que quien debiera cuidar la salud de los estudiantes y de la docencia es quien la expone, en un discurso que raya la psicopatía: “el virus no se mueve si no te movés vos” reza una publicidad gubernamental, mientras por otro lado conmina a la presencialidad.

Pongamos en pie una reacción docente que exija a las autoridades un presupuesto acorde a las necesidades de la población, que garantice la salud y la educación. Mientras la pandemia no sea superada con la vacunación de toda la población, la llegada de la tercera ola por la cepa delta es una amenaza vigente y la presencialidad escolar un dispositivo para incrementar la circulación del virus.