Un informe reciente del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba (OTES), titulado "La educación en perspectiva económica. Presupuesto, salarios y condiciones estructurales del trabajo en la Provincia de Córdoba (2013-2020)", revela cifras y resultados alarmantes, que clarifican la dimensión del ajuste que se viene llevando adelante contra la educación. En un presupuesto que viene en caída desde 2017, la participación del rubro de Educación y Cultura bajó de un 36% en 2013 a un 31,4% en 2020, y la proporción de la partida del Ministerio de Educación mermó de 30,2% a 25,4% en el mismo período.

En el marco de este recorte presupuestario, se evidencia una caída rotunda del salario de los trabajadores de la educación. Según el informe, el salario bruto real de una maestra con 10 años de antigüedad ha caído un 25,7% entre el primer trimestre de 2016 y el último de 2019, lo que equivale a haber perdido $119.230 o casi tres sueldos brutos. En el caso del cargo de profesor de escuela media con 15 horas cátedra y 10 años de antigüedad, la pérdida real fue de 24,7% o, en términos monetarios, de $76.056, lo que equivale a dos sueldos y medio.

Como consecuencia de esta caída, continúa el informe, muchos de estos salarios se encuentran por debajo del nivel de pobreza, en particular desde septiembre de 2019. En ese momento, el gobierno provincial de Juan Schiaretti suspendió el pago de la cláusula gatillo acordada en la paritaria docente y la reemplazó por una suma fija y aumentos porcentuales muy por detrás de la inflación, imponiendo al salario docente a una pérdida de grandes dimensiones. La Defensoría del Pueblo de Córdoba mide la Canasta Básica Total en $36.481, mientras que el salario inicial apenas llega a los 30.000 y la propuesta actual del gobierno plantea llevarlo a 35.000 recién en agosto. Es por eso que la docencia la rechazó, a pesar de lo cual la conducción sindical se encamina a firmarlo.

El informe considera también las condiciones estructurales del trabajo docente y expone datos que ilustran la creciente precarización y sobrecarga laboral de los educadores. Con más estudiantes en los establecimientos (de 864.000 a 903.000) se registra que existen cada vez menos cargos (1.389 menos desde 2013), lo que genera una mayor cantidad de horas frente al aula (de 701.000 a 739.000), a las que se debe sumar las horas de trabajo fuera de la escuela. Si a esto se le añade que cerca del 74% de la planta docente son mujeres, que realizan gran cantidad de tareas no remuneradas en el hogar, se tiene un panorama de la precarización de las condiciones de trabajo y de vida de la docencia.

En relación con las partidas específicas del presupuesto de la provincia destinadas a diversos programas relativos a educación, el informe del OTES muestra la nulidad del gasto en infraestructura, que desde 2014 cae en términos nominales hasta desaparecer completamente desde 2018. Lo destinado por el Ministerio de Educación a este ítem es ínfimo (2,46%), lo que explica la calamitosa condición de las escuelas en la provincia, que pone en peligro constante la salud de estudiantes y docentes.

En cuanto a lo que el presupuesto provincial dedica al PAICor (Programa Alimentario Integral de Córdoba), la caída en 2020 respecto a 2013 ha sido del 20%. La provincia destina hoy un total de $87 por día lectivo para la alimentación de los estudiantes, cuando según el INDEC la canasta que establece la línea de indigencia es de $181 diarios. Esta política condena al hambre a los estudiantes y a la precariedad laboral de las y los trabajadores del programa, que además denuncian suspensiones y despidos. Por otra parte, la canasta escolar total que se necesita para mandar a los niños a la escuela ha subido en los últimos años un 26,6% más que los salarios, empujando a las familias a la pobreza y promoviendo la deserción.

Todos estos datos reflejan una situación marcadamente crítica de la educación. Para imponer esta orientación, el gobierno ha tenido como cómplice necesario a la conducción del sindicato docente UEPC, que colaboró con las reformas educativas precarizadoras y la entrega del salario. Ahora mismo, esta conducción se apresta a aceptar aumentos del básico en cuotas de 2%.

En la crisis actual, en lugar de volcar mayores recursos para afrontar la emergencia sanitaria, el gobierno aplica fuertes descuentos salariales a los docentes y dejó planteada la posibilidad de recortar los sueldos en abril, a la par que suspendió la atención del PAICor en las escuelas.

La lucha por la defensa de la educación requiere la organización independiente de este gobierno ajustador. En las escuelas se ha planteado un programa que establece la necesidad de un aumento salarial que saque a la docencia de la pobreza, de la jubilación del 82% móvil y el incremento significativo del presupuesto educativo para atender a todas las demandas urgentes. Sólo la intervención de los trabajadores y la comunidad educativa puede levantar ese programa y defender de forma consecuente a la educación y los educadores.