19/06/2021

Córdoba: proyecto de ordenanza del FIT para acceder a la educación en pandemia

La iniciativa empalma con los reclamos de las familias que venían de solicitar eximiciones de la presencialidad para evitar los contagios.
Delegada escolar. Lista Fucsia

En los próximos días la concejala del Frente de Izquierda, Cintia Frencia, presentará un proyecto de ordenanza para atender la situación excepcional que la segunda ola ha impuesto en la escolaridad correspondiente al nivel inicial y primario, dos niveles en extremo sensibles a la configuración de la subjetividad infantil. Mientras la tasa de incidencia supera los 1.300 casos cada 100.000 habitantes, los casos de contagios diarios siguen muy altos, el nivel de ocupación de camas de UTI ha superado ampliamente el 87% y la mortalidad azota, lo único que ha parado es la presencialidad escolar sin que ello signifique garantizar efectivamente el derecho a la educación.

En apenas 9 artículos, Cintia condensa el planteo de una presencialidad que no exponga la salud de las familias obreras exigiendo la asistencia del Estado para los estudiantes que opten por la virtualidad. Para ello plantea que se dispongan zonas libres de wifi en los barrios para que sea viable la conectividad y la dotación de dispositivos para los estudiantes que opten por esta modalidad. El proyecto reinstala las dispensas para los agentes con comorbilidades –estén o no vacunados- o que tengan en sus familias miembros que integren grupos de riesgo, previendo el trabajo virtual con insumos y conectividad a cargo del Estado, garantizando el derecho de los estudiantes a percibir AUH o beneficios sociales ligados a la escolaridad.

El gobierno prorroga la suspensión de la presencialidad, pero no dice una palabra de cómo garantizar la virtualidad para quienes no tienen dispositivos ni datos. En ese sentido, el proyecto empalma con los reclamos de las familias, que venían de solicitar eximiciones de la presencialidad para evitar los contagios y con los reclamos de la docencia municipal y provincial que advirtió durante todo el 2020 cómo el estudiantado de menores recursos quedó a la deriva.

La presencialidad en nivel inicial y la escuela primaria

Los docentes sabemos que el aprendizaje se produce en la interacción con otros. Nada iguala la presencialidad como método para la enseñanza y el aprendizaje, más aún si tenemos en cuenta que el empobrecimiento de décadas ha concentrado en la escuela y los maestros la única oferta cultural de muchos barrios. Sin embargo, cuando la salud está en juego, las escalas se ordenan para priorizar la vida como valor supremo. Está demostrado que la circulación que dinamiza la escuela aumenta los contagios e incide directamente en el número de internaciones en niños y jóvenes y que la vacunación constituye un factor determinante para aminorar el impacto de la letalidad. Sin embargo, suspender la presencialidad sin plan “b” condena a los estudiantes de menores ingresos a peores trayectorias educativas y empuja a la deserción. Allí donde las condiciones habitacionales impiden el aislamiento, un contagio equivale al de todo el grupo familiar, lo que ha llevado a muchas familias –previo a la suspensión- a solicitar que sus hijos sean dispensados de asistir a la escuela.

La falta de “plan b” refleja que el gobierno –tanto nacional como provincial- apostó a la vacunación para evitar una segunda ola, sin poner los recursos económicos necesarios para que la provisión estuviera asegurada y para que les trabajadores tuvieran el sustento garantizado. La falta de vacunas no sólo provoca mayor mortalidad: su tardanza colabora en la mutación del virus poniendo en cuestión la propia eficacia de las vacunas. Quienes nos gobiernan han hecho de la cuestión de la circulación un problema de responsabilidad individual, depositando en los trabajadores lo que ellos debieran haber garantizado. Es lo que hacen también con la educación, encubriendo la falta de inversión para evitar la deserción. Por eso, el proyecto de Frencia plantea una respuesta a la coyuntura que requieren los estudiantes más empobrecidos de la ciudad: ofrece una herramienta para organizar en cada escuela el derecho a la educación sin poner en riesgo la salud. Y pone blanco sobre negro respecto de quién debe asegurar el acceso a la virtualidad. Una presencialidad segura que no se cobre la vida de docentes ni de estudiantes.

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