El Ministerio de Educación de la provincia habilitó los exámenes de julio para los institutos superiores de formación docente (ISFD) y los de formación técnica (ISFT), mediante el formato virtual, dejando fuera a todo estudiante que no cuente con los instrumentos tecnológicos y de conectividad para abordar el proceso. Asimismo, pone de relieve una vez más que los docentes tendrán sobre sus espaldas los costos para sostener la virtualidad, en este caso de las mesas, dado que tampoco establece, en ningún punto de los lineamientos, que el Estado garantizará las herramientas para la parte examinadora.

Como si fuera poco, el ministerio resolvió que solo tendrán acceso a rendir aquellos estudiantes que estén en condición regular, dejando arbitrariamente fuera a todos los que quieran rendir como libre. Del mismo modo, empuja a rendir como regular a quienes cursaron virtualmente los espacios curriculares en el primer cuatrimestre y están como “condicionales” en las correlativas del segundo cuatrimestre, dado que está vedado el derecho a promoción.

Cabe mencionar que los exámenes se dan en medio de la cursada virtual de la segunda parte del año, sin contemplar un período de receso para que los estudiantes se preparen. Siendo que ese margen, en condiciones normales, se encuentra establecido en el calendario y, en la cuarentena, se rellenó mediante el desenvolvimiento de los contenidos áulicos determinados para esta etapa.

Del mismo modo operaron a la hora de habilitar los exámenes especiales correspondientes a mayo, que se dieron en junio: excluyendo a una parte de los perfiles que están contemplados para esas mesas dentro del Régimen Académico Madre (RAM), los estudiantes cuyo plan de estudios caduca. Así, solo permitieron rendir a quienes adeudaban hasta tres materias para recibirse. Y se limitaron a extender un año más la prescripción, como si el tiempo no corriera a la hora de insertarse en el mundo laboral.

Lejos de “disminuir los obstáculos y barreras que condicionan de múltiples formas las trayectorias de nuestros estudiantes”, la política educativa del gobierno de Juan Schiaretti, aprovechándose de la pandemia, avanza pisoteando los derechos para el acceso a la educación pública superior. Y desconoce las necesidades materiales concretas tanto para cursar como para rendir de manera virtual, así como la de los docentes cuyos salarios de pobreza deben sostener la virtualidad. Es decir, resuelve en función de expulsar a una parte de la población que no reúne las condiciones que el mismo Estado le recorta.

Más que nunca, necesitamos organizarnos mediante asambleas y reuniones, en cada espacio de estudio, como ya lo venimos impulsando, para establecer un plan en defensa de nuestra educación superior, mediante la unidad de acción entre estudiantes y docentes, frente a esta avanzada expulsiva.

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