Hace ya unos días que el Ministerio de Educación de la provincia está comenzando a instalar la idea, a través de los medios a los que beneficia con siderales sumas de dinero público, de la unificación de los ciclos 2020 y 2021 (Cadena3, 21/5) y de un factible pronto inicio de clases (La Voz, 31/5).

Por estos días, las escuelas recibieron la comunicación oficial que indica que el Ministerio está planificando los protocolos para volver a clases “con las medidas sanitarias, socioafectivas y pedagógicas necesarias” y se estima que el regreso parcial y paulatino podría ser después de las vacaciones de invierno, sin fecha concreta de inicio y de finalización. Cuando el pico de la enfermedad se espera para el mes de junio, se trata de un salto al vacío, justificado solamente por la importancia que reviste para los empresarios que el conjunto de la población se ponga en movimiento, lo que incluye a padres que deben cuidar a hijos en edad escolar. El debate por la apertura de las escuelas no es por el amor a los niños y niñas, sino por el lucro.

El propio gobierno reconoce que son muchos los frentes abiertos y que el retorno a clases no está en la agenda de urgencias y abre el paraguas respecto de la cantidad de chicos de sectores vulnerables que probablemente no vuelvan a las aulas este año. El aislamiento social obligatorio desnuda un sistema educativo vaciado y desigual.

Nada dice de las enormes dificultades de docentes y estudiantes respecto de la virtualización forzosa y tampoco da cuenta de la paupérrima situación edilicia de los establecimientos educativos y por consiguiente su capacidad de garantizar las medidas preventivas de higiene, distanciamiento, etc. que demanda la pandemia.

Está claro que si deben unificarse los ciclos lectivos 2020 y 2021 es porque la “escuela en casa” ha sido un fracaso. Pese a que el Ministerio intente seguir apostando sus fichas en disimularlo, la realidad es que la mayoría de las y los alumnos de la periferia de Córdoba y el Gran Córdoba carecen de conectividad, cuentan con una cantidad restringida de datos móviles o los dispositivos que poseen en sus hogares no dan abasto. Esta realidad se replica en una inmensa cantidad de docentes que se encuentran bajo la línea de pobreza.

Los factores a atender para garantizar un regreso seguro son diversos. Desde el suministro de gas natural para calefacción, la desinfección completa de los establecimientos, limpieza de los tanques de agua, garantías de que los sanitarios cuenten con lavabos, inodoros y mingitorios suficientes y estén debidamente higienizados, tengan jabón, toallas y papel higiénico, cantidad de estudiantes por aula y por docente, demarcación de lugares para garantizar el aislamiento en patios y lugares comunes, movilidad de estudiantes y docentes hacia las escuelas y un largo etc.

Pero desde que las escuelas fueron cerradas, nada se ha hecho para mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene. Lo que es peor, previo a la pandemia las escuelas en su mayoría no estaban en condiciones; un reclamo histórico de infraestructura escolar que sostenemos permanentemente. Como muestra, en marzo, estudiantes y docentes suspendieron clases por la falta de ventiladores en el famoso colegio Deán Funes.

El rol del sindicato docente (Uepc)

Con maniobras, dilaciones y una clara complicidad con el gobierno de Schiaretti, la conducción celeste de Uepc ha intentado desarticular la organización que se viene gestando desde las bases. Luego de más de 2 meses de aislamiento, reclamos y empadronamiento de 500 suplentes que no cobran, paro virtual, plenarios, etc. emiten un comunicado, el 3 de junio, donde solicitan kits de internet al Ministerio de Educación y reiteran el reclamo para designar suplentes. En el aniversario del Cordobazo, tuvieron que intervenir de apuro con una caravana fantasma para hacer mella en la acción votada por la oposición docente frente a la Caja de Jubilados de la provincia, en torno a la ley de robo a las jubilaciones.

La burocracia, siempre un paso atrás del reclamo de los trabajadores que dice representar, dos meses más tarde exige la cobertura de cargos y comienza acciones que Tribuna Docente viene desarrollando desde el principio de la cuarentena.

Por una salida de las y los trabajadores de la educación

Los docentes tenemos que decidir cuándo estamos en condiciones de volver a las aulas, porque en las actuales condiciones de salubridad estamos muy lejos de poder cumplir las mínimas condiciones recomendadas por la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación o el mismo COE.

Las condiciones de seguridad y salubridad deben estar garantizadas por el Estado provincial para comenzar las actividades sin poner en riesgo a alumnas, alumnos, ni personal docente y no docente.

Estas condiciones deben ser verificadas y constatadas por los mismos trabajadores de cada escuela, porque cada escuela tiene una realidad distinta. Les delegades y docentes tienen que poner en pie los comités de seguridad e higiene en cada establecimiento educativo, para que sean les trabajadores los que tomen la resolución de vuelta a clases en condiciones de protección sanitaria para la comunidad educativa.