El estallido de la pandemia ha dejado al descubierto la crisis sanitaria y educacional de una manera aguda. Esto lo expresa también la lucha de las trabajadoras de jardines maternales privados de San Lorenzo, que vienen realizando un reclamo por la situación delicada que atraviesan esas instituciones. Toda la comunidad educativa de los jardines maternales (docentes, auxiliares, personal administrativo y las familias) se enfrentan a una rebaja o pérdida salarial  y al peligro de cierre.

La proliferación de jardines maternales privados en la ciudad en los últimos años se debe a la falta de creación de jardines maternales municipales o provinciales. La ciudad cuenta tan solo con 6 jardines municipales y 4 jardines provinciales con aulas anexadas a escuelas públicas. Todos los años al inicio del ciclo escolar  las familias trabajadoras buscan incansablemente dónde poder inscribir a les niñes, quedando un porcentaje alto de éstos sin acceso a la educación pública, por lo que sus padres los anotan en los jardines privados, pagando cuotas muy elevadas y quedando un sector -por falta de recursos- directamente sin acceso a los jardines de infantes.

La falta de construcción de jardines en la provincia y municipio no solamente afecta a las familias que no pueden pagarlo, sino que empuja a que los docentes deban trabajar en jardines o guarderías con sueldos más bajos y encuadrados en convenios que no son propios de la docencia, como por ejemplo el convenio de comercio.

Esto se deriva de la reglamentación provincial y local de la Ley 621, que data del año 2002 y fue impulsada por Daniel Filmus, que avala el funcionamiento de las instituciones no incorporadas a la enseñanza oficial para les niñes de 45 días a 4 años, abandonando cualquier tipo de derecho laboral, con salarios por debajo de la canasta familiar, sumas en negro, por fuera del estatuto docente.

Todos estos años la provincia de Santa Fe con sus distintos gobiernos ha implementado esta ley de contenido asistencial que considera este nivel como un “depósito” de niñes (guardería) y no como lo que realmente debe ser: una instancia educativa crucial en los primeros años de vida, que requiere para ello una adecuada formación y remuneración acorde a una labor profesional.

Por la pandemia las docentes vieron agravada esta situación de precariedad laboral bajo la amenaza de quedar desempleadas si estas instituciones cierran sus puertas.

Privatización, precarización y despidos

El Estado ha vulnerado durante años  los derechos de la primera infancia y ha atacado al nivel inicial. Los gobiernos que avalaron este proceso de privatización educativa y desatendieron su responsabilidad frente a las familias trabajadoras que no pueden con sus ingresos pagar  una cuota de jardines privados, permitiendo que se monte un negocio de tipo asistencial en base a la flexibilización de la labor docente, no podían dar respuestas tampoco al agravamiento de la situación debido a la pandemia.

Por  ello es necesario la organización de las y los trabajadores de los jardines maternales para hacerle frente a estos atropellos, en defensa de los puestos de trabajo y por un salario acorde al costo de vida.

Desde Tribuna Docente planteamos que el gobierno debe  estatizar los jardines de gestión privada y encuadrar a las docentes con los derechos laborales que rigen para el conjunto de la docencia. Construir los jardines que faltan y garantizar los derechos de la primera infancia y sus familias a tener un abordaje educativo adecuado.

Que el Estado dé respuesta urgente a los reclamos de prohibición de ceses y despidos, y un ingreso de emergencia en lo que dure el cierre de los establecimientos, otorgando un subsidio a lxs docentes desocupados de $30.000.

El Estado debe volcar los recursos que se destinan al pago de la deuda usuraria e ilegítima a mejorar el sistema educativo y sanitario, por mejoras del sistema laboral, incremento de salarios y responder a todas las demandas que durante años se viene dando en el nivel inicial.