Que a esta altura el diario gorila por excelencia se jacte de defensor de derechos, podría ser tomado como burla. Aunque si para eso, cita las políticas educativas que el kirchnerismo y sus variantes peronistas han tomado como bandera, la discusión se pone mas interesante.

En su artículo, el diario coloca la denuncia acerca de la expulsión de 7 niñxs con discapacidades de una escuela privada de Pilar, la “Magno College”. Tal decisión fue tomada por el dueño de la institución, Boix Mansilla, quién apuntó contra lxs estudiantes aduciendo que “bajan la vara del curso y el nivel de la clase y lo que busca el colegio es elevar los estándares académicos”. Una de las familias fue entonces quien salió a denunciar judicialmente, ante el Ministerio de Educación y en los medios, semejante discriminación.

A lo largo del artículo, quién escribe en nombre de “Fundación La Nación”, cabecilla en una campaña por “La inclusión empieza en el aula”, suscribe a los tratados internacionales y leyes educativas que proclaman la “Inclusión Educativa” afirmando como toda respuesta al dueño de la Magno College y a la docencia de todo el país, en particular, que sería el sistema escolar el que “no comprende que el problema no es del alumno si no de la institución educativa” y reivindica entonces a ultranza, la política educativa de la provincia de La Pampa: “la primera provincia del país en incluir alumnos con discapacidad en colegios comunes”, afirman.

Aunque no pueden pasar por alto ni siquiera en la nota, que el niño expulsado del Magno College, y víctima de esta situación, contaba con recursos de “acompañante terapéutico y maestra de integración”, el Diario La Nación proclama con esta comparación un pasaje inmediato de lxs estudiantes de educación especial a las escuelas de los niveles sin ningún tipo de presupuesto para llevar adelante los acompañamientos y sostener las trayectorias educativas. La receta de los Mitre, en cambio sería, reforzar el ajuste educativo hasta el fin con la desaparición de escuelas, de cargos y de los precarios puentes que hoy existen entre salud y educación, ya que ese es el camino que sigue, a contramano de los reclamos docentes, la provincia peronista de La Pampa.

Aunque allí, afirman, habrían ampliado los cargos de docentes de educación especial en las escuelas de los niveles para llevar adelante la inclusión, las cuentas no dan para cubrir ni la mitad de las trayectorias. No primó la reducción de la cantidad de alumnos en las escuelas ni la creación de nuevas escuelas ni cargos para equipos técnicos y mucho menos el pase a planta permanente de los acompañantes que, precarizados a través de obras sociales, realizan el seguimiento de quienes gozan el beneficio del acceso a tratamientos, cada vez más reducido.

El derecho a la educación de las personas con discapacidades u otras condiciones, de ninguna manera es un mandato surgido de la Unesco, el Banco Mundial, Fundación La Nación ni el peronismo. Por el contrario, es un reclamo más que sentido entre las mismas personas con discapacidades, sus familias y sus docentes y equipos terapéuticos a lo largo y ancho del mundo desde hace muchísimos años. Y han sido y son, estas comunidades, las que cargan sus espaldas históricamente el trabajo cotidiano de defender y exigir los recursos necesarios para que lxs estudiantes transiten la escolaridad con una implicación afectiva y singular que les permita expresar sus modos de ser y estar en el mundo, sin la carga de una educación qué desde los estratos de poder, es pensada y diagramada al servicio de los intereses patronales, es decir, para el trabajo, por lo demás inexistente o precario, si de discapacidades, particularmente, estamos hablando.

Es exactamente lo que se vio hace dos meses, cuando durante casi tres semanas, prestadores de discapacidad junto a familias y personas del colectivo tuvieron que movilizarse en todo el país para conseguir lo más elemental: el salario, en el momento en que Massa se disponía a aplicara un ajuste en la cartera de salud, entro otras.

Por este mismo motivo, quienes se embanderan en esta inclusión plena de ajuste, no desenvuelven esfuerzos por colocar el reclamo que desde ya hace más de un año, docentes y familias venimos levantando en CABA contra la expulsión de jóvenes a partir de los 22 años, de las escuelas de formación integral. Son les pibes que han sido “egresados” a la fuerza, sin ninguna opción educativa a la altura de sus necesidades por parte de Larreta Acuña. Es qué, a las vistas de esta Inclusión Plena, cierra por todos lados la propuesta de escuela de oficios o primaria para adultos que cuentan con cero recursos para atender a las discapacidades o las diversas condiciones de desarrollo.

Sin embargo, en la docencia y entre las familias cobra cada vez más impulso la necesidad de hacer crecer los reclamos. No dejarse abatir por tanto ataque es el primer paso para luego, continuar dando los debates que hagan falta en el camino de la lucha por terminar con el ajuste educativo y la exclusión.

Para garantizar el acceso a la educación de todas, todos y todes, la docencia tiene un programa de salida. Creación de escuelas de todos los niveles y especiales. Creación de cargo de maestra de apoyo a la inclusión. Pase a planta permanente de lxs acompañantes no docentes. Creación de equipos técnicos en las escuelas de los niveles. Ampliación de los cargos de asistentes celadores en las escuelas que lo requieran. Capacitación docente en servicio con temáticas propuestas por la docencia.