100.000 docentes de escuelas públicas de todo el país han quedado sin trabajo, como consecuencia de la cuarentena y la falta de actos públicos en todos los niveles de la educación. Una situación que muestra que el autoproclamado “gobierno de los más débiles” usa la pandemia para desplegar un ajuste brutal en el sector, eliminando docentes realmente esenciales.

El Ejecutivo pretende una continuidad pedagógica virtual y el acompañamiento a millones de niños y jóvenes, cuando una gran masa de ellos no cuentan siquiera con dispositivos y/o acceso a internet en la cuarentena. En la “educación a distancia”, tanto los insumos como la conectividad y el aprendizaje de las nuevas tecnologías para la comunicación virtual son costeados por los docentes. El horario se ha extendido a las 24 horas del día, con una exigencia de sobrecarga laboral sin retribución salarial. Se encuentran “suspendidas” de facto las licencias de todo tipo, avasallando condiciones laborales y derechos conquistados -como el de días por enfermedad propia o de hijos, o para estudiar, entre otros.

La imposición de la educación a distancia (cuyo intento viene de larga data), y la reducción constante del presupuesto educativo, son parte de la agenda histórica el FMI, el Banco Mundial, las patronales, los gobiernos y la burocracia sindical -la que también lucra con los cursos virtuales con puntaje para los docentes. Esto tiene su correlato en docentes que no son alcanzados por la continuidad ni la estabilidad en el cargo, en la privatización y en el ataque a las condiciones básicas de trabajo. Imponen mayor precarización en las figuras de contrato a término, monotributo, altas y ceses arbitrarios.

Por eso, con cuarentena y todo, han avanzado en Diputados con la reforma del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, habilitando la educación a distancia en todos los niveles educativos, pero sin ninguna medida que garantice el acceso ni de docentes ni de alumnos a la misma. La votación se produjo sin que a Roberto Baradel, secretario general de Suteba, se le mueva un pelo .

La inflación galopante ha devorado el mísero aumento acordado por la burocracia sindical previo a la pandemia. La suspensión de “cláusulas gatillo” que habían sido obtenidas por la lucha docente, con el argumento que el aumento que daría el gobierno sería superior a la inflación, impone la necesidad de que se reabra la discusión salarial y haya un incremento de forma urgente.

El derecho a la movilización, en este marco, ya se ha hecho carne en miles de docentes que se organizan y movilizan en todo el país por arrancar sueldos adeudados como en Chubut, contra el pago en cuotas en Ciudad de Buenos Aires y por la implementación de los actos públicos virtuales en todo el país, apoyándose además en el proyecto de ley presentado por la diputada nacional Romina del Pla, y en los que han colocado todos los legisladores provinciales del Partido Obrero – Frente de Izquierda para que se lleven adelante tales actos en cada regional y en el país.