En el último tiempo, la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad se ha hecho un lugar en el escenario electoral, a raíz de las múltiples necesidades insatisfechas y derechos vulnerados que el colectivo presenta. A los fines de lograr la unidad en la lucha, la campaña ha tomado el nombre de Discapacidad en Agenda, impulsada por padres, familiares y personas con discapacidad principalmente. Uno de los ejes centrales de esta campaña es la exigencia de una ley que haga obligatoria la capacitación docente en discapacidad y neurodiversidad, debido a las fuertes exclusiones que el colectivo ha sufrido.

La ley provincial de educación 9.870 del año 2010 dispone en artículo 49 que “la escuela especial brinda atención educativa a todas aquellas personas cuyas problemáticas específicas no puedan ser abordadas por la escuela común”; seguidamente, en su artículo 50, fija que la garantía en el acceso y permanencia no es solo para personas con discapacidad sino también para “personas con necesidades especiales transitorias o permanentes”, cuestión que es referida por el colectivo en lucha, como personas neurodivergentes.

En el mismo artículo, también se establece que los docentes deben tener como base en su formación “aspectos curriculares referidos a la educación especial” y que debe contarse con personal suficiente, que trabaje de manera colectiva con los docentes en las escuelas.

Si vamos a la realidad de las escuelas, nos encontramos con que la presencia de personal especializado se ve degradada debido al recorte presupuestario en materia de educación, el cual disminuye desde hace una década, siendo el recorte en el período 2022-2023 un 8,94% menor, lo que representa un recorte de 39 mil millones de pesos en solo un año, según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES). Año a año, las escuelas se enfrentan a garantizar la educación de los estudiantes con discapacidad y neurodivergentes, sin personal especializado que oriente y acompañe, o con personal insuficiente para el tamaño de la institución, precarizado y con exceso de trabajo. Este eje precarizador se ve de manera palmaria con la eliminación del gabinete psicopedagógico, donde se usa como estrategia que no se concursen los cargos a medida que el personal se jubila y se coloca dicha tarea en manos de los coordinadores de cursos.

Tenemos en las escuelas estudiantes que no cuentan con acompañamiento si se trata de neurodivergentes que no poseen certificados de discapacidad, o estudiantes que si lo poseen, no tienen acceso a profesionales no médicos, o su acceso está limitado en tiempo y sesiones que no alcanzan a cubrir las necesidades, sin contar con la deficiente cobertura del Programa Federal Incluir Salud, o de las obras sociales, que recortan el pago a los profesionales especialistas, o tienen demoras en los mismos, volviendo insostenible el trabajo en materia de discapacidad. Recordemos que desde hace años, los prestadores vienen tomando diversas medidas de protestas debido al intento de recorte presupuestario en materia de discapacidad, la demora en los pagos por parte de las obras sociales, y los bajos precios que se pretenden imponer. En toda la provincia, nos encontramos con dificultades en la cobertura en Apross, que en el último año viene sumando prestadores que dejan de brindar sus servicios por falta de pago transitoria y permanente, o que cobran dinero extra por esta situación.

Por otro lado, en materia de infraestructura edilicia, las escuelas carecen de las condiciones necesarias para garantizar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad y neurodivergentes, toda vez que sus edificios se caen a pedazos. Sin ir más lejos, tenemos escuelas donde no se están dictando clases por el riesgo que significa para docentes y estudiantes techos que se caen, paredes electrificadas, cloacas colapsadas, entre otros problemas. En esas condiciones, los básicos edificios no albergan posibilidades mínimas de estar y permanecer, ni mucho menos aseguran espacios de contención.

Dicho esto, cuando analizamos los diseños curriculares de los distintos profesorados públicos de Inicial, Primaria, y Secundaria, vemos que la discapacidad es un tema dentro de una materia o dos, dependiendo del nivel. Queda, entonces, a criterio del docente su implementación, a la par que existen pocos profesorados o la mayoría son de gestión privada, donde se enfoca la labor docente con miras a la integración de las personas con discapacidad y neurodivergentes.

Consideramos que el eje del reclamo al Estado debe ser el aumento en los presupuestos de educación y salud, que implique más personal especializado en las escuelas, sin sobrecarga ni precarización laboral y con una recomposición salarial de los equipos existentes, así como de docentes y auxiliares. A la vez, es indispensable la cobertura de cargos o creación donde sean necesarios y la puesta en marcha de obras públicas que resuelvan los problemas de infraestructura y adapten los edificios a los estudiantes para un real acceso y permanencia en ellos. Finalmente, una capacitación permanente a docentes y auxiliares en materia de discapacidad y neurodiversidad, así como la inclusión en los diseños curriculares de materias específicas y contenidos transversales pedagógicos y didácticos.

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