Congelamiento salarial, virtualización forzosa, ajuste en la entrega de alimentos, sobrecarga de tareas pedagógicas y administrativas, trabas en las licencias médicas, y lo “nuevo”: actos públicos virtuales que están diseñados para centralizar desde el Estado el proceso de asignación de cargos, sin control por parte de la docencia, eliminando aún más la transparencia en el orden de mérito.

Luego de declarada la suspensión de clases el 16 de marzo, miles de docentes en CABA –y varias decenas de miles a nivel nacional- se quedaron sin la posibilidad de tomar nuevos cargos, incluso aquellos docentes que por haber cesado en sus cargos suplentes o interinos se encuentran en una situación acuciante: sin cargo, sin sueldo, sin cobertura de obra social y sin ningún tipo de asistencia por parte del gobierno porteño o nacional.

Es por esto que desde la banca del Frente de Izquierda se presentó un proyecto de ley en el Congreso para dar una salida de emergencia ante esta situación: la puesta en marcha de manera excepcional de un sistema de asignación de cargos a través de actos públicos virtuales que funcione durante el período que dure la suspensión de clases y el otorgamiento de un salario mínimo universal a toda la docencia sin cargo de $30.000, extendido a aquellos docentes que tuvieran algún cargo un horas con un salario inferior a este monto.

Este planteo canalizaba el reclamo de alrededor de 100.000 docentes afectados por la suspensión de nombramientos para cobertura de cargos vacantes en todo el país. Sucede que, ante la cuarentena, se suspendieron los actos públicos presenciales, ámbito en el que normalmente los docentes toman los cargos en base a un orden de mérito público que surge de sus títulos, antigüedad y distintos antecedentes pedagógicos que están pautados de antemano en los Estatutos Docentes de cada jurisdicción. De esta manera, tanto el gobierno nacional como cada uno de los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires están subejecutando el presupuesto educativo destinado al pago de las suplencias que se fueran generando durante el año; presionan en los hechos para que los docentes con cargos no tramiten ni soliciten licencias médicas; y descargan el trabajo del acompañamiento pedagógico de cursos y grados que estén sin docente sobre las espaldas de sus propios compañeros o, peor: directamente se desentienden en la práctica de la pretendida “continuidad pedagógica”.

Ademys en la Ciudad de Buenos Aires hizo un planteo ante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación, Soledad Acuña, para atender a esta situación sobre la base del mismo criterio: actos públicos virtuales, vigencia plena de las licencias estatutarias, otorgamiento de una cobertura salarial de emergencia para que ningún docente quede por debajo de lo que es la garantía mínima salarial de una maestra de grado de jornada simple ($32.800) y la entrega de bolsones de alimentos a las familias docentes que lo requirieran, atendiendo a la particular situación de crisis, así como la extensión de la cobertura de la obra social de la ciudad (ObSBA).

Como parte de esta campaña, se llevó a cabo un relevamiento en la docencia porteña en la que en pocos días se inscribieron centenares de docentes afectados, y una olla popular para sacar el reclamo a la calle apelando a la movilización bajo el planteo de que la cuarentena no puede ser con hambre y sin salario.

Actos públicos virtuales: una respuesta tardía y deformada

Acusando recibo de la presión política tras la evidencia de que existe una situación preocupante de desocupación o subocupación en la docencia y que no es protegida por ningún tipo de subsidio, el gobierno de la ciudad anuncia la realización de actos públicos virtuales, a más de dos meses y medio del último acto público presencial (en el caso de Media, casi tres meses).

Pero en manos del gobierno, se intenta imponer una arbitrariedad absoluta en el manejo de la asignación de cargos, sin control por parte de la docencia, violando así el derecho a actos públicos transparentes que garanticen el acceso a los cargos en base al estricto orden de mérito, con listados confeccionados de la manera idónea. A imagen y semejanza de la plataforma de ingreso al sistema educativo porteño (cuenta @bue) se establecerá un sistema de promoción y selección en base al orden de mérito y puntaje  que es definido por la propia plataforma. El derecho a reclamo y control por parte del docente es nulo.

Por otra parte, la implementación de estos actos públicos no resuelve la situación hacia atrás y abre un incierto compás de espera que busca desactivar el reclamo y la organización. Esto porque la implementación de los actos públicos virtuales, tal como la entiende el gobierno, sería gradual. Por lo tanto, para que los docentes sin cargo puedan acceder a los mismos, efectivizar la toma de posesión y comenzar a percibir el primer sueldo, pueden pasar hasta tres meses. Si a esto le sumamos el hecho de que se están trabando los pedidos de licencias, la cantidad real de cargos que irían a actos públicos serían muy pocos. Esto no solucionaría la situación de desocupación o subocupación docente en la ciudad.

A su vez, en la reunión que mantuvo con los sindicatos docentes de la ciudad el gobierno informó que a  medida que se concreten los actos públicos virtuales de cada área cesarán los docentes alcanzados por la resolución que les daba continuidad. De esta manera el gobierno avanza con un ajuse que dejará desocupados a estos docentes. Pero además los problemas que hubo en la confección de listados a dejado excluidos a muchos docentes o les ha asignado incumbencias que no tienen. La crisis económica se agrava y frente a este escenario el Gobierno de la Ciudad no tienen mejor idea que dejar sin trabajo a cientos de docentes.

Por esto, ratificamos la necesidad de la continuidad de los suplentes y de implementar el salario universal de emergencia de $32.800 para todos.

Una reforma laboral en medio de la pandemia

Si bien el gobierno está dando respuesta a un reclamo de la docencia, y no tenía en los planes hacerlo, aprovecha esta situación para ir a fondo con la centralización en la asignación de los cargos docentes eliminando la transparencia y el control en el respeto al orden de mérito y la confección de los listados, lo que constituye una reforma laboral aplicada al gremio docente.

Decimos esto porque uno de los elementos centrales del Estatuto Docente es evitar que el poder político de turno seleccione a dedo al personal docente como si fuera una escuela privada o una empresa y, en cambio, se imponga un criterio objetivo, público y transparente desde la inscripción hasta la toma de posesión de cada cargo u hora, así como el ascenso y todo el régimen de disciplina. La forma institucional que encontró la docencia, en un proceso de lucha histórico, fueron las Juntas de Clasificación y Disciplina, organismos colegiados con mayoría docente electa y minoría de representantes del Ministerio. Hasta 2011, año en que la Legislatura porteña aprobó la ley Abrevaya que modificó las Juntas de Clasificación, estas funcionaron con seis vocales electos por la docencia de cada junta y tres vocales nombrados por el Ministerio de Educación. Todo el proceso de inscripción para interinatos, suplencias, ingreso (titularización) y ascenso, la realización de los actos públicos y concursos de ingreso y ascenso, la organización de los cargos y horas vacantes, el nombramiento, etc., estaban a cargo de estas juntas que debían rendir cuentas a la docencia, y eran electos cada dos años por el voto directo de los propios docentes. Es decir que la docencia tenía sus propios representantes que velaban por la transparencia en el acceso a los cargos, en organismos colegiados con presencia de la patronal (en minoría). Es más, los docentes no solo tenían el derecho a votar a sus representantes en las Juntas de Clasificación y Disciplina: tenían el derecho de ser electos, o sea, de postularse como candidatos a ser vocales cumpliendo ciertos requisitos mínimos (tener antigüedad de diez años o más en la junta correspondiente, etc.).

Desde 2011, es el gobierno quien tiene en sus manos todas las atribuciones que llevaban a cabo las juntas, a través de la Comisión de Registro y Evaluación de los Antecedentes Profesionales (Coreap), integrada totalmente por miembros designados por el Ministerio de Educación. Las Juntas permanecen como cobijo para los sindicatos burocráticos que se reparten el botín de las prebendas del gobierno, ya que están limitadas a un ambiguo “seguimiento”; de hecho, en el Estatuto fueron eliminadas las funciones de las juntas y apenas se menciona cómo están conformadas pero no a qué se dedican.

En 2015, a través de un pacto del macrismo como toda la oposición legislativa (con sólo cuatro votos en contra, de los diputados de izquierda) se aprobó la eliminación de la elección por parte de la docencia de los “nuevos” vocales de las Juntas de Clasificación y Disciplina, que pasan a ser designados por los sindicatos, en base a la cantidad de afiliados en cada área, reconocidos por el propio gobierno. Esto forma parte de un pacto de caballeros entre el gobierno y los sindicatos burocráticos con la clara intención de evitar el mal trago de someterse a que el conjunto de la docencia exprese con su voto el nivel de representación de cada uno de los sindicatos. Debe recordarse que, en las últimas elecciones de juntas (año 2011), Ademys fue el segundo sindicato más votado por la docencia y el más votado en algunas áreas como Primaria. Esto implicaba un golpe para la burocracia sindical y para el gobierno.

La virtualización de los actos públicos puede convertirse en un nuevo capítulo que profundice una reforma reaccionaria que deje sumida a la docencia en una desprotección aún mayor. Es necesario retomar la gran lucha del gremio docente y avanzar en la restitución del Estatuto Docente histórico y que las Juntas de Clasificación y Disciplina sean organismos democráticos elegidos por el voto docente.