En los últimos días, el ministro de Salud Ginés González García se reunió con los capos de la CGT, entre otras cosas, para planear la forma de dar curso a la demanda de los dirigentes sindicales y la Superintendencia de Salud que vienen reclamando sacarse de encima las coberturas en discapacidad con el cuento de que esos gastos le corresponden a “Educación” y estarían dejando en rojo sus recursos. Al respecto de esto, las burocracias de base de la Ctera como la UTE en Capital, cacarean con algunos flyers contra la precarización de los acompañantes no docentes tercerizados, que llevan adelante las trayectorias de inclusión educativa, sin reclamar por la creación de los cargos respectivos en los estatutos docentes. Se inscriben así, igual que la CGT, en la postulación de creación de contratos aun más precarios que los existentes, dependientes del Ministerio de Educación, que además funcionarán sobre la base de la dedocracia sindical.

Este plan de ajuste en discapacidad hace eco también en la resolución 311 del CFE de 2016, que promociona el pasaje de todas las personas con discapacidad a la escuela común, reduciendo fatalmente las matrículas de la modalidad de Educación Especial, y ofrece además acompañar desde el Ministerio de Educación a quienes quieran hacer juicios a docentes o instituciones por supuesta discriminación cuando los profesionales coincidan en que para llevar adelante esas trayectorias educativas resultan imprescindibles ciertos recursos, que nadie pone.

La negativa de los gobiernos a crear los cargos imprescindibles de maestros de apoyo a la inclusión en la escuela pública que acompañen a les alumnes con discapacidad en sus trayectorias por la escuela común y la misma negativa para la creación de los cargos de equipos técnicos en las escuelas que puedan brindar también acompañamiento a docentes, familias y estudiantes, pone sobre la mesa la demagogia pérfida de los Gobiernos en torno a los debates sobre la Inclusión Educativa.

Sin embargo, lo que sí avanza es una inmensa proliferación de Centros Educativos Terapéuticos y de Inclusión Educativa privados que funcionan con regímenes de trabajo ultraprecarios, que tercerizan los acompañamientos, abordajes e intervenciones que debieran corresponder a educación y salud públicas, y que se consagran finalmente como grandes aglutinadores de dinero en connivencia con las obras sociales de los trabajadores, que por ahora deben garantizar estas coberturas. No se esfuerzan un ápice los dirigentes de las obras sociales en auditar eficazmente a estos centros que facturan millones, justificando prestaciones y servicios que no prestan, bajo extorsión a las familias de dejarlos sin vacante, con el agravante de que las escuelas especiales públicas están vaciadas y son tan escasas que no cubren ni un 10 por ciento de las demandas.

Se garantiza entonces solamente y por ahora, los recursos para las trayectorias inclusivas tan solo a las personas y familias que cuenten con una obra social, siempre y cuando consigan un certificado de discapacidad que, dicho sea también de paso, vienen cuestionando los sectores progres de las ciencias psi, afines a los gobiernos de turno, al cuestionar a familias que exigen diagnósticos que al fin de cuentas son requisito previo para obtener el certificado que autoriza las prestaciones. Abandonan por lo demás a su suerte a les pibes de las barriadas que no tienen obra social y que cada vez son más como resultado de las decenas de miles de despidos que en medio de la pandemia pasaron sin ton ni son en nuestro país, perdiendo así el derecho a las coberturas.

Mientras tanto, los acompañamientos a la inclusión dependientes de la escuela pública se realizan con cuentagotas, sacando docentes de los grupos escolares y con sobrecarga de alumnes con la consecuencia de que rara vez se llega a conocer a les pibes. Todo el discurso de la singularidad de les sujetes se va por la alcantarilla del ajuste cuando a la docencia le imponen trabajar con generalidades por falta de tiempo y recursos para vincularse con sus alumnes y sus instituciones.

Pero el Gobierno planea aún empeorar las cosas. Por eso, hay que prestar atención. Es que la enorme tarea de contención del movimiento obrero frente a la crisis y políticas de ajuste, que la CGT y las CTAs vienen sorteando, requiere para ellos de políticas que logren saciar los bolsillos de sus millonarios dirigentes. Por eso, el gobierno se dispone a escuchar.

En medio de una crisis social y económica fenomenal, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner apunta de lleno contra los más débiles de les débiles. Además del ataque a les jubilades con un método pérfido y vergonzante, la eliminación del IFE y los desalojos a los sin techo como en Guernica, ahora vienen sobre las personas con discapacidad. Es lo que delata esa reunión del ministro con la CGT y, también, el presupuesto de ajuste 2021 en salud y educación. Sin embargo, aún se jactan de ser los impulsores de una inclusión educativa que en la práctica resulta un reforzamiento de las políticas de vaciamiento educativo y abandono de las infancias y juventudes con discapacidades.

Son años de discursos y relatos románticos acerca de la diversidad reinante entre los seres humanos lo que ha ido preparando el terreno para atacar a la modalidad al compás, por supuesto, del vaciamiento de las escuelas, los institutos terciarios y la formación y capacitación docente.

Ocultando el proceso histórico de lucha sistemática que dieron las personas con discapacidades y sus familias para arrancarle al estado el acceso a la educación y por ende a las prácticas pedagógicas, hoy postulan la necesaria eliminación progresiva del espacio haciéndolo aparecer como un lugar de segregación. Semejante disparate se encuadra en una política reaccionaria que tiene como único objetivo desligarse de los gastos que la modalidad y las intervenciones específicas destinadas a disminuir las barreras al aprendizaje y el desarrollo, requieren, siendo que además las personas con discapacidad no estarían a la altura de las patronales para ser incorporados como mano de obra barata en tiempos de una desocupación que se cuenta de a millones.

Trabajadores de la educación y trabajadores tercerizadxs de las obras sociales en Educación junto a las personas con discapacidad y sus familias debemos poner en pie una fuerza de lucha que defienda lo que tenemos hoy y arranque para les pibes todos los recursos necesarios para que las barreras sociales al aprendizaje dejen de ser un obstáculo en el desarrollo y la participación social.

Pasa a las plantas docentes funcionales de tercerizados en educación.

Creación de los cargos de Maestre de apoyo a la Inclusión y de equipos técnicos.

Creación de escuelas especiales.

Triplicación del presupuesto de Educación.

Apertura de los libros contables de las obras Sociales y de los Centros Privados de Discapacidad.

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