El gobierno nacional dice que el viernes 9 de abril será el “Día D” para tomar posibles medidas restrictivas frente al descontrol de la segunda ola en el país. Llegan, otra vez, más que tarde.

En la última semana, los casos saltaron a cifras del orden de los 14.000 contagios promedios y se suman los números más altos de muertos diarios. Los niveles de positividad alcanzan al 30% de los testeados, lo que proyectado al conjunto de la población, según los infectólogos, implica que estamos en realidad muy por encima de los registrados.

La duplicación o más de contagios respecto de la meseta que dominó todo el último período es explicada por los científicos por la intervención de modificaciones extraordinarias, que potencian la circulación del virus y que se desencadenan con alrededor de 25 días de anticipación. Una de esas situaciones extraordinarias fue la apertura de la presencialidad en todas las escuelas del país, a lo que hay que sumar el comienzo de los primeros fríos, la circulación de las nuevas cepas más letales y la ausencia completa de una política cierta de vacunación.

Salud y transporte, colapso y negociados capitalistas

“Hay que evitar ya que el sistema de salud se sature. El aumento de casos de Covid y la ocupación de camas se acelera día a día. Es imprescindible bajar la circulación viral mientras se vacunan los grupos de mayor riesgo”, advirtió Daniel Gollán, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Tarde.

Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud y dueño de Swiss Medical, declaró el día de los 16 mil casos -que conmovieron a la sociedad pero no al gobierno- que durante la jornada de ese martes “se alcanzó un 90% de ocupación promedio, con infinidad de ambulancias del sector privado dando vueltas para conseguir un lugar”. De acuerdo a este capitalista de la salud, existen horas del día en que hay una “ocupación plena” (Clarín, 31/03). Belocopitt declara esta realidad para dejar en claro que los capitalistas de la salud no abrirán ni una cama a pacientes ajenos al sistema del negocio de las prepagas.

Mientras, en el transporte público, de febrero a la fecha -etapa también coincidente con la apertura de la presencialidad escolar- se produjo un incremento del 35% por ciento en la circulación de personas en subtes, trenes y colectivos.

El martes 30, el de los 16 mil contagios, no fue un martes más. Ese martes, la circulación de pasajeros alcanzó un uso del 54% del sistema, con 2.232.663 personas, un salto de más de medio millón de pasajeros que, todavía, está muy lejos de la utilización del transporte público de la época de pre pandemia.

A pesar de eso, la gente viaja apiñada, porque las patronales han reducido las frecuencias y la inversión en nuevas unidades y vagones en resguardo de su rentabilidad, aunque siguen cobrando subsidios multimillonarios que guardan en sus bolsillos. Para tener una idea básica, el costo por pasajero promedio de un colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue en enero de 2021 de $97,5, de los cuales, tal como lo declaró el ministro de Transporte, el Gobierno subsidió casi un 87%.

A pesar de este negociado multimillonario, las patronales violan por completo la norma de que no pueden subirse más de 10 personas paradas por colectivo o vagón; las imágenes de los trabajadores bajando del ferrocarril Sarmiento son contundentes.

El resto de las patronales privadas tampoco cumplen con garantizar un trasporte privado a su cargo a los trabajadores que concurren a las fábricas. Ello vale también para el gobierno nacional y los gobernadores que, en el caso de la educación, tampoco quieren costear un sistema propio de transporte escolar que garantice las condiciones para la comunidad educativa y descomprima el servicio para el resto de la clase obrera.

Si el presidente Alberto Fernández, vacunado con las dos dosis completas, viajando en auto, avión o helicóptero privado y desempeñando tareas en lugares como la Quinta de Olivos, se contagió de coronavirus, está claro lo que los empresarios -que violan todos los protocolos sanitarios en sus empresas- y los gobernadores del peronismo y de la oposición de Cambiemos le deparan a los trabajadores en la segunda ola.

Las declaraciones del ministro de Trabajo Moroni de que en los trabajos y transportes no se contagia; de los ministros de Educación Nicolás Trotta, Soledad Acuña y Agustina Vila de que los maestros se contagian fuera de las escuelas (lo que, si así fuera, no evita sino que promueve que las escuelas se transformen en focos de contagio) y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para quien la falta de vacunas es responsabilidad de los laboratorios y no de su gobierno, son un insulto a la clase obrera.

En este cuadro, los contagios y las muertes docentes crecen aceleradamente en todo el país. Esto condujo al propio Kicillof a “alertar por los contagios en las escuelas” (Página 12, 5/4).

Canje de deuda por educación

No defienden la salud trabajadora, sino profundizar el ajuste histórico en educación, salud, vivienda, gasto social.
En este mes de abril se supo que “a pesar del canje acordado con los acreedores, durante 2020 en pesos y en moneda extranjera, la deuda pública nacional creció en US$ 12.517 millones. Pasó de US$ 323.065 millones registrados a fin de diciembre de 2019 a US$ 335.582 millones en diciembre 2020, según los datos de la Secretaría de Finanzas” (Clarín, 5/4). Ello significa que la deuda representa el 103,7 % del PBI, un endeudamiento colonial, sostenido y pagado por el gobierno peronista, al servicio de rescatar a la clase capitalista que se la llevó y lleva en pala de su crisis económica.

Al comienzo de una segunda ola más mortífera que la primera, el coronavirus ha sido aprovechado por las derechistas Soledad Acuña y los “progresistas” Axel Kicillof para meter un ajuste histórico en educación, con escuelas y comunidad educativa que han salido más derruidas de lo que entraron a la pandemia en el 2020. El 51% de las familias del conurbano bonaerense son pobres y 6 de cada 10 niñes y adolescentes, pobres o indigentes. La pobreza incluye a los docentes que les enseñan, no hay conectividad ni equipos para sostener una educación que en gran parte sigue siendo digital, hay miles de docentes sin cargos en todo el país, se ha precarizado por completo la labor docente y se ha habilitado al extremo la acción autónoma de los directivos e inspectores, destruyendo los estatutos docentes.

Este ataque es sostenido cotidianamente por la dirección K de Ctera, que ha dejado desguarnecida a la docencia. Sonia Alesso, Roberto Baradel, Eduardo López y compañía son agentes estratégicos de esta ofensiva antiobrera.
La segunda ola es un rebrote exponencial de la pandemia, que hace inaplicable alguno de los semáforos truchos del ministro Nicolás Trotta: la circulación del virus es insostenible en todas las regiones del país, lo que llevó a que Catamarca ya anunciara el cierre de sus escuelas. Los índices de contagio duplican o triplican ya los valores más conservadores planteados por las instituciones reconocidas sobre el tema.

Pero la segunda ola en educación es mucho más que eso, es la profundización de un ajuste histórico que llamamos a enfrentar y derrotar, en primer lugar, suspendiendo las clases presenciales mientras se desenvuelva este cuadro crítico de la pandemia.