Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación puso de manifiesto que la mitad de las provincias del país ha reducido, en casi dos décadas, la participación presupuestaria en educación en sus respectivas jurisdicciones. Un dato que expresa el ajuste en salarios de los trabajadores de la educación y la caída de la inversión y obra pública.

Estos resultados se desprenden del informe “Financiamiento educativo provincial”, donde se da cuenta de una involución presupuestaria para Educación en el curso de 17 años (2004 a 2021), en 12 de las 24 provincias del país. El hecho importa debido a que las provincias aportan el 75% del financiamiento educativo del país.

Entre las jurisdicciones que expresan una caída presupuestaria se encuentran CABA (-8,8 puntos porcentuales), Mendoza (-7,3 pp), Santiago del Estero (-6,9 pp), San Juan (-6,4 pp), Chaco (-5,43 pp), Córdoba (-3,74 pp), Santa Fe (-3 pp), Corrientes (-2,1 pp), Jujuy (-2 pp), Catamarca (-1,74 pp), Buenos Aires (-1 pp) y La Rioja (-1 pp).

Esta disminución de las erogaciones en Educación va en sintonía con las medidas de ajuste impulsadas por los sucesivos gobiernos, sean kirchneristas, macristas y/o albertistas. Otro dato que esclarece respecto a la ausencia de toda grieta entre los políticos capitalistas es que las dos jurisdicciones que menos presupuesto asignaron a Educación son CABA (16,7% del total) y Santa Cruz (17,6%), bastiones de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, respectivamente.

El informe también pone de relieve que en promedio el 78,5% de los gastos educativos provinciales se emplea en salarios, lo que no implica un elevado poder adquisitivo de los mismos si no una creciente necesidad de profesionales y trabajadores de la educación para cubrir una mayor demanda. Algo que, ajuste por medio, se expresa en la falta de cobertura y titularización de cargos y tareas en las escuelas.

La caída proporcional de los presupuestos provinciales impacta de lleno en los recortes salariales que son ajustados por vía de la inflación y por medio de diversas maniobras de los Ejecutivos provinciales. Al tiempo que el gobierno nacional disminuye los fondos a las provincias en línea a garantizar los pagos al FMI y los acreedores privados; algo que los gobernadores ajustadores replican en sus provincias.

Lo “llamativo” es que la segunda prioridad, por detrás de los salarios, son las transferencias al sector privado de la educación (12,5%), en calidad de subsidios y otras erogaciones y en detrimento de los recursos destinados a infraestructura, inversión y obras públicas en las escuelas, que solo ascienden a 3,3%.

Los datos no hacen más que confirmar lo que estudiantes, trabajadores y familias vivencian todos los días: el derrumbe edilicio de las escuelas y la falta de condiciones para cursar. Lo que quedó palmariamente de manifiesto con el crimen de Sandra y Rubén en Moreno, en agosto de 2018, y que se expresa cotidianamente en miles de establecimientos educativos.

Quienes ahora se candidatean nuevamente para gobernar el país son los responsables de hundir a la educación. Algo que también se refleja en las carencias del sistema sanitario, la ausencia de obras públicas, la falta de viviendas, etc.

Mientras que los liberales que se presentan como la alternativa “anticasta” pretenden solucionar esta crisis profundizando la privatización del sistema educativo y excluyendo a millones de estudiantes y trabajadores del sistema, para que solo reciban educación quienes puedan pagársela. Este es el resultante de la aplicación de las leyes menemista, como la Ley Federal de Educación, que tanto reivindica Milei, de la continuidad garantizada por la Ley Nacional de Educación del kirchnerismo.

Hay que recuperar y expandir el presupuesto educativo para hacer frente a las necesidades salariales, profesionales y de inversión planteadas, lo que implica romper con los políticos capitalistas y con el ajuste del FMI para utilizar los recursos nacionales en función de los intereses sociales colectivos y en defensa de la educación pública. Un programa que levantan y defienden los docentes en lucha en diversas provincias del país, con paros y acciones recientes en  CABA, Buenos Aires, Santa Cruz, Salta, entre otros. Y que defiende políticamente el Frente de Izquierda Unidad.

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