La Corte Suprema de Justicia avaló la potestad de la Ciudad de Buenos Aires para mantener abiertas las escuelas con clases presenciales, en medio de un promedio de 20.000 contagios diarios de Covid-19 y cuando se cuentan más de 500 fallecimientos diarios. En la Ciudad el índice quincenal supera los 1.000 casos cada 100.000 habitantes, lo cual la coloca a la cabeza del alerta roja sanitaria.

En nombre del “federalismo”, los cortesanos dan vía libre para que se exponga a la propia comunidad educativa y a toda la población en nombre de la autonomía que constitucionalmente tienen las provincias para dirigir la educación. Para ello se hacen los desentendidos sobre la crisis epidemiológica desbocada que hoy atraviesa a la Argentina.

Los argumentos de la resolución del tribunal son vergonzosos. Como “en términos constitucionales” no existe la región considerada como Área Metropolitana, ello inviabilizaría cualquier resolución sobre la misma que afecte los ámbitos de las jurisdicciones bonaerense y porteña. Este absurdo nunca es esgrimido cuando se establecen en regiones no constitucionales “emergencias económicas” que favorecen a las patronales.

El fallo es un ataque que se extiende más allá del ámbito de la presentación de la Ciudad, algo que tampoco es práctica de los cortesanos de tribunales, ya que advierten que -como el DNU que originó la demanda ya venció- debe aplicarse este criterio para “casos futuros”, lo cual hacen extensivo a todas las provincias. Es una diferencia abismal con los fallos que establecen la inconstitucionalidad de la violación del 82% móvil de los jubilados, que valen solo para cada uno de los demandantes y nunca son extensivos para el conjunto, al igual que sucede con los dilatados juicios a Pami.

Este es un fallo de clase, que ratifica toda la orientación de las patronales por garantizar la “normalidad” de la producción y la actividad económica, obligando a la clase obrera a exponerse en transportes y lugares de trabajo sin protocolos, cuando el sistema sanitario está saturado. En medio de la disputa de las diversas camarillas capitalistas por el control de la Justicia, la Corte aplica otro golpe al gobierno del Frente de Todos.

El búmeran de Nicolás Trotta

El tribunal señala a Fernández que su decreto está flojo de papeles, y para demostrarlo se vale de las acciones de su propio ministro de Educación. Efectivamente, el fallo hace hincapié en la resolución del Consejo Federal de Educación número 387/21, de febrero, que fijó el restablecimiento de las clases presenciales a pesar de no existir condiciones sanitarias ni edilicias para un regreso seguro a las aulas sin poner en riesgo la salud de la población, ni los recursos pedagógicos complementarios –como la conectividad y las computadoras.

Es decir que la Corte aplica la política que defendió el propio gobierno nacional, especialmente a través de Nicolás Trotta y la ministra de salud Carla Vizotti. Es esta orientación de apertura para satisfacer las exigencias patronales la que determina, al mismo tiempo, lo inocuo de las medidas adoptadas por Alberto Fernández para contener la circulación del virus. Sus argumentos contra la comunidad educativa se le volvieron en contra como un búmeran.

La responsabilidad de Ctera

La junta ejecutiva de Ctera anunció el 26 de abril su preocupación por el aumento de los contagios y su apoyo al decreto presidencial. La burocracia Celeste, desaparecida desde hace ya un año y cinco meses de la situación que vive la docencia, actúa como una caja de resonancia del gobierno peronista.

Sonia Alesso de Ctera y Roberto Baradel de Suteba se ofrecen como puntales de la “presencialidad administrada”  de Trotta, que es finalmente lo que la Corte autorizó a Horacio Rodríguez Larreta. La misma junta ejecutiva se había pronunciado por “la necesidad de que el Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias elaboren una planificación ante esta situación que se va ir dando a lo largo de este año, con períodos de ‘clases presenciales’ y ‘clases virtuales’ según sea el nivel de contagio en las provincias y localidades”.

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Nada se dijo allí sobre la suspensión de la presencialidad que reclama la docencia en todo el país, mientras los índices están en rojo, ni de las necesidades resultantes del vaciamiento educativo como la falta de cargos o los salarios de pobreza. El avance cortesano contra la educación y la salud se apoya también en esta completa pasividad de Ctera.

Los sindicatos multicolores rechazan el fallo y movilizan

La oposición antiburocrática de los sindicatos docentes de todo el país ha rechazado este fallo aberrante de la Corte: Los Suteba combativos y Ademys se movilizarán este jueves 6 de mayo con una caravana, que incluirá una concentración en la puerta del laboratorio mAbxience del empresario Hugo Sigman reclamando su intervención para la incautación de las vacunas allí producidas y proveerlas al conjunto de la población.

El 12 habrá una jornada nacional de lucha de la docencia, por el rechazo a las clases presenciales en el marco de la actual crisis sanitaria que atraviesa toda la Argentina, y reclamando todos los elementos necesarios para garantir la continuidad pedagógica vía clases virtuales, la vacunación para toda la comunidad educativa y el conjunto de la población, y exigir a Ctera que rompa su subordinación al gobierno y dé inicio de un plan de lucha nacional en defensa de la educación pública y por todos los reclamos docentes.

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