Dentro del Proyecto de Presupuesto 2019 para la Provincia de Buenos Aires el gobierno de María Eugenia Vidal establece finalmente -y como tantas veces denunciamos- la utilización de los resultados de las pruebas Aprender en función de un ranking que repercutirá en la distribución presupuestaria.

En el artículo 39 del proyecto oficial se introduce una modificación en la forma de reparto del Fondo Educativo, el cual en adelante “se distribuirá en forma automática entre los municipios de acuerdo al coeficiente que fije la Dirección General de Cultura y Educación, conformado por variables educativas relacionadas con matrículas, establecimientos, vulnerabilidad y resultados de las pruebas Aprender de los establecimientos de gestión pública provincial y municipal”.

Es un avance claro en la dirección que la OCDE (a la cual el gobierno de Macri pretende integrar a Argentina) establece como objetivo de estas pruebas estandarizadas: la confección de un ranking de escuelas en base a un “rendimiento” arbitrario, con abstracción del contexto social en que los establecimientos y quienes asisten se encuentren inmersos.

Esta orientación apunta a ampliar la brecha entre las escuelas según la situación socio-económica que la rodea, cuando por sentido común debería ser a la inversa.

Por otro lado, abre la puerta a que se consideren de la misma forma estos resultados del Operativo Aprender en otros aspectos, por ejemplo introduciendo el salario por mérito entre la docencia, barriendo así con el Estatuto del Docente. No sería de extrañar, más aún en medio del cierre de carreras y cursos en los profesorados de la provincia.

Descentralización

La modificación, a su vez, forma parte del plan en marcha para profundizar la descentralización que comenzara el gobierno de Menem y que luego fue sostenido por las leyes K. Esto porque luego de iniciar un proceso de municipalización de los comedores escolares -donde se alimentan tres cuartas partes de los alumnos de establecimientos públicos-, ahora Vidal se ha fijado la meta de cargar a los municipios la responsabilidad por la infraestructura escolar.

Como ya denunciamos en artículos anteriores, el gobierno provincial se desentiende de las condiciones edilicias (en medio de un derrumbe general cuya más trágica expresión fue la masacre de Moreno) para absolverse tanto de la carga presupuestaria como de las responsabilidades políticas. En esa sintonía el titular de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, lanzó un acuerdo que debe ser suscripto por los municipios donde se hacen cargo del mantenimiento edilicio. Como debe tener aceptación de cada Concejo Deliberante, el Presupuesto incorpora también un mecanismo para extorsionarlos modificando la forma en que se gira el Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, pudiendo ahora asignarse en forma directa a los intendentes y no necesariamente al Consejo Escolar.

Esta política seguirá agravando la crisis en que se encuentra la educación pública en la provincia, ya que va de la mano de la caída de la proporción de la partida educativa del 26% del Presupuesto total en 2018 al 23,9% en 2019. Dentro de este recorte, solo queda un 0,7% de esa partida para gastos no corrientes como es el mantenimiento y la infraestructura. Es evidente que en estas condiciones y con este ajuste presupuestario, la introducción de un coeficiente con resultados de pruebas estandarizadas para el reparto de fondos solo puede funcionar como un ataque mayor a la educación a la que acceden las capas más empobrecidas de las familias trabajadoras bonaerenses. El crecimiento de la educación privada, de un lado, y la descalificación de la formación que reciben los jóvenes que luego se incorporan al mercado de trabajo, por el otro, son los dos resultados directos de esta política.

Esta ofensiva, de la mano de todo un Presupuesto que implica una declaración de guerra contra los trabajadores de la provincia, amerita una reacción de conjunto y a la altura del ataque en marcha. La parálisis de una burocracia gremial “que hace como que”, movilizando en forma aislada y evitando discutir en asambleas un plan de lucha continuado, no hace más que responder a la estrategia que siguen delineando cada vez que toman la palabra: la unidad electoral del peronismo que se alista para acudir el lunes 3 a la Legislatura para dar sus votos al proyecto de Vidal y convertir este ajuste en ley. La lucha a fondo en defensa de la educación pública requiere actuar desde un campo de independencia política de los trabajadores.