El gobierno nacional destinó, según anunciaron Alberto, Kicillof y el exministro Trotta en mayo, 20 mil millones de pesos a la compra de 633.000 netbooks en el marco del plan Juana Manso, continuidad del viejo “Conectar Igualdad”. Tras el revés electoral que padeció en las primarias, el oficialismo anunció en varios actos públicos la entrega de computadoras para distintos estudiantes. Pero del total de aquella cantidad, efectivamente se otorgaron un… 7%.

El dato fue publicado en un artículo de Clarín del 8/12. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) había solicitado un acceso a la información pública (Ley 27.275), por lo que se obtuvieron datos anteriores correspondientes hasta el 15 de noviembre. El Ministerio de Educación se quiso “atajar” responsabilizando a las empresas con quienes se firmaron las licitaciones, las cuales argumentan que se produce la demora por “el atraso de los barcos” o la “falta de materias primas”.

De esta manera, el gobierno pretende absolverse por sus responsabilidades en el fracaso de la virtualidad educativa, cuando según el propio Nicolás Trotta fueron al menos 1,1 millones los alumnos que abandonaron sus estudios en 2020 y las estimaciones no oficiales lo ascienden a 1,5 o incluso 2 millones. Al día de la fecha, las propias cifras oficiales demuestran que al menos 600.000 chicos no volvieron a las escuelas tras el fracaso de la virtualidad, aunque ni siquiera se tiene registros claros de quiénes son y mucho menos hay un plan para reinsertarlos en el sistema educativo.

Se confirma que la educación virtual instaurada en 2020 a raíz de la pandemia no contó en este tiempo con una inversión presupuestaria real, sino más bien con subejecuciones, porque en la agenda oficial lo importante es cumplir con el FMI en achicar el déficit fiscal para firmar un nuevo acuerdo. En segundo lugar, de ser como afirman desde el Ministerio, se evidencia que la provisión de dispositivos para poder cursar estuvo supeditada a los negociados de los capitalistas con quienes el gobierno firma licitaciones a empresas privadas, sin tener que afrontar consecuencia alguna por la entrega a cuentagotas de las computadoras.

Es la misma perorata oficialista que acompañó el decreto que declara a internet como “servicio público”, cuando las privatizadas de las telecomunicaciones mantienen tarifas impagables para una enorme cantidad de familias obreras del país y ni de cerca se garantizó el acceso universal a la conectividad para la comunidad educativa. Al momento, tras el pedido de acceso a la información pública de Acij, se reveló incluso que la mitad de las escuelas del país todavía no tienen acceso a internet. Pero eso sí: prometen que en 2022 se viene un “plan masivo” de entrega de computadoras.

Al ajuste del gobierno nacional sobre el presupuesto educativo, que recorta directamente sobre universidades para el próximo año, se le añade el ajuste en las provincias que ataca directamente al sistema escolar. Estamos ante una ofensiva de todo el régimen político para adecuarse a los dictados del FMI y el capital financiero. Acaba de abandonar su cargo la ministra de Kicillof tras un rotundo fracaso en Educación bonaerense, mientras Larreta anuncia “prácticas laborales obligatorias” (mano de obra barata) como parte de una reforma privatista y mercantilizadora.

Los estudiantes, los docentes, los no docentes y el conjunto de la comunidad educativa debemos comprender esta perspectiva y movilizar masivamente este sábado 11 contra el arribo de los voceros del FMI a la Argentina. La defensa de la educación pública es inseparable del rechazo del pago de la deuda externa, así como de la necesidad de hacer públicos los contratos con grupos capitalistas como BGH, Banghó, Exo y la supervisión de la entrega de las computadoras por parte de la comunidad educativa, y que se garantice conectividad gratuita.